Familia de Queens afectada por la crisis en Venezuela
Desde Jackson Heights, hermano del empresario Jacobo Supelano denuncia su detención ilegal.
Nueva York – El drama de un preso político venezolano se extiende a Jackson Heights, Queens, donde familiares del empresario Jacobo Supelano denunciaron su inexplicable detención.
Desde el viernes 26 de abril cuando lo apresaron en la ciudad de San Cristóbal, en el estado occidental del Táchira, Supelano permanece en una de las peores cárceles del país, aún sin ser imputado de cargos formalmente.
Mientras, sus parientes en Venezuela y Nueva York viven asustados, tratando de proteger su integridad y sometidos a llamadas amenazadoras, explicó Oscar Supelano, su hermano que reside en Queens.
Al propietario de una empresa de seguridad se le responsabiliza de violar la prohibición temporal de tenencia y porte de armas durante las elecciones del pasado 14 de abril, según declaró el gobernador del Táchira, José Vielma Mora. Sus oficinas fueron allanadas y se le decomisaron armas que no se le han devuelto. También la casa de su madre fue revisada.
Oscar Supelano contó que tuvieron que sacar del país a los tres hijos del empresario, quien sin explicación es frecuentemente trasladado a diversos centros penitenciarios.
El hermano culpó a la hoy ministra de Prisiones, Iris Varela, quien ha dicho públicamente que Jacobo tiene vínculos con los paramilitares; y de Yamile Jiménez, ex esposa del comerciante, ligada al Partido Socialista Unido de Maduro, quien le ganó un caso por violencia doméstica en 2012. Pero, no fue posible contactarlas para conocer su versión.
Antes, Supelano fue condenado a tres años de prisión por el delito de rebelión civil, pero luego fue beneficiado por una amnistía otorgado por el entonces presidente Hugo Chávez.
Patricia Andrade, directora de Derechos Humanos de Venezuela Awareness Foundation, una organización que aboga por la libertad de presos políticos venezolanos con sede en Miami, destacó que hasta ahora tienen registrados unos 24 casos de detenciones políticas de oponentes del gobierno.
Pero, en los últimos nueve años, “hemos apoyado más de 500 casos”, muchos de los cuales han sido denunciados por organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
“El problema en Venezuela es el castigo a la disidencia”, asevera Andrade, cuyo grupo asiste a varias de estas familias. La situación se complica debido a que desde el 2012 el país no forma parte de Corte Interamericana de Derechos Humanos, primera instancia para apelar el caso Supelano, a menos que no recurran al Comité de Detenciones Arbitrarias de la ONU.
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