PERSECUCIÓN A LA DISIDENCIA ES AHORA POLÍTICA DEL ESTADO VENEZOLANO
Lunes, 29 de abril de 2013
La lista es larga: efectivos de la Guardia Nacional actuando con violencia y utilizando perdigones contra los manifestantes que pacíficamente pedían el conteo de los votos presidenciales; las amenazas hechas por un ministro a los empleados que supuestamente votaron por Henrique Capriles Radonski; la orden presidencial de hacer estallar cohetes cada vez que se produce un cacerolazo; las declaraciones de integrantes del Consejo Nacional Electoral en torno a los resultados de las elecciones del 14 de abril sin haber cumplido con la auditoría; el pronunciamiento de las cabezas de otros poderes públicos en pro de Nicolás Maduro y la detención de Antonio Rivero, ex director de Protección Civil. Estos hechos, según ciudadanos de diversos sectores, demuestran una clara política de Estado de persecución de la disidencia. He aquí sus expresiones.
Alejandra González: La detención de Rivero es inconstitucional e ilegal
Como una medida inconstitucional y, desde luego, ilegal, calificó Alejandra González, coordinadora regional de Voluntad Popular, la detención de Antonio Rivero, ex director de Protección Civil, practicada por el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, precisamente cuando este ciudadano se presentó ante ese organismo para dar la cara ante las acusaciones de estar involucrado en un complot de los Estados Unidos contra el Gobierno venezolano.
Nosotros exigimos la libertad de Rivero, quien a lo largo de su vida ha demostrado ser una persona apegada a las leyes y dispuesto todo el tiempo a velar por la salud e integridasd física de todos los habitantes de este país.
Durante cinco años ejerció la dirección de Protección Civil en la administración del presidente Hugo Chávez, habiendo dado pruebas claras de profesionalidad, honestidad y solidaridad.
Rivero es miembro fundador de Voluntad Popular y como tal salió a dar la cara una vez que se le hicieron graves acusaciones que no tienen sentido, ya que en el video que mostró el gobierno se ve cuando él se dirigía a jóvenes, en la plaza Altamira de Caracas, diciéndole que protestaran pacíficamente y no se salieran de los lineamientos establecidos por Henrique Capriles Radonski.
Lo que ha ocurrido es muy grave porque se demuestra el empeño de este Gobierno de criminalizar a los ciudadanos por el solo hecho de que no comparten su misma opinión.
Consideramos que esa detención es totalmente arbitraria, ya que no existen motivos para su ejecución, puesto que Rivero ha demostrado ser una persona apegada a las leyes y como tal no las ha vulnerado como ha hecho este gobierno.
Evidentemente, se trata de una represalia por estar desempeñando sus derechos como ciudadano y nosotros, conscientes de que se está cometiendo un desafuero, apelamos a la opinión pública para que se corrija esta situación
León Arismendi: Ningún funcionario ha cuestionado a Molina
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prohíbe la discriminación y, por lo tanto, cuando el ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, ha amenazado con despedir a los trabajadores que hayan votado contra el candidato del gobierno, está incurriendo en un delito condenable.
Al hacer tal consideración el doctor León Arismendi, especialista en Derecho Laboral, manifestó su preocupación porque hasta este momento ningún funcionario ha cuestionado la conducta de ese colaborador de Nicolás Maduro.
Tenían que haber actuado sin necesidad de la actuación de nadie, porque se supone que la principal función de los representantes de los poderes públicos es hacer respetar la Constitución vigente y, por supuesto, las leyes de la República.
En este sentido dijo que la primera persona que ha debido salir al paso del ministro Molina debió ser la titular del Ministerio del Trabajo y decir, por lo menos, que la Constitución impide que haya persecución contra las personas que piensan de diferente manera.
Desde luego, ha debido también intervenir la Defensoría del Pueblo y, naturalmente, el Ministerio Público. Y claro está, Maduro que se ha autocalificado como hijo de Chávez y el primer Presidente obrero de Venezuela.
Lo dicho por ese ministro es una agresión no solamente a los trabajadores de la Vivienda y Hábitat, sino a toda la ciudadanía.
Entendemos ahora que la persecución, el acoso a los trabajadores y la violencia contra los manifestantes que están reclamando el conteo de votos, es una política del Estado venezolano.
Porque en un país que se precie de democrático, ese ministro primeramente ha debido retractarse y, por honestidad, renunciar al cargo por haberse puesto de espalda a la Constitución y a la Ley del Trabajo, demostrando que ha cometido una falta muy grave contra la parte más debil, como son los trabajadores.
Pablo Castro: Estamos en presencia de un gobierno comunista
El ministro de la Vivienda y Hábitat claramente tiene una mentalidad maoísta-stalinista, caracterizada por la intolerancia y la disposición de someter a muerte a quienes no piensan como él.
Al hacer tal apreciación Pablo Castro, integrante del Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (FADESS), refirió que este fin de semana estuvo en San Cristóbal, donde la persecución que se ha desatado contra los empleados públicos es insólita.
Cómo será la intolerancia del gobernador Vielma Mora que mantiene a doce licenciadas en periodismo en situación de desesperación y al borde del colapso emocional, por cuanto a unas les ha cambiado el sitio de trabajo, a otras las ha puesto a acompañar a los funcionarios policiales en operativos en los barrios más peligrosos sin chaleco antibalas, casco y nada de protección, además de haber puesto a una periodista, madre de un niño discapacitado, a limpiar oficinas.
El amedrentamiento es insoportable y, por lo tanto, hemos exhortado a todos los empleados públicos a que formulen sus denuncias, porque estamos en presencia de un gobierno comunista que no acepta otro pensamiento que no sea el de Nicolás Maduro y su combo, lo que significa que nadie puede pensar distinto. Nosotros ya estamos alertando a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de lo que está ocurriendo en el país, puesto que esto constituye una discriminación y, por lo tanto, una medida intolerable.
Consideramos que cuando el gobierno actúa de esta forma para envilecer a los trabajadores está cometiendo un grave delito, que debe ser sancionado por los tribunales, pues, un funcionario no puede estar implantando medidas de ese tipo, como está pasando con las periodistas de la gobernación del Táchira, ya que se les está causando traumas sicológicos, además de estar atentando contra su familia. Estas son agresiones condenables y repudiables.
Nancy Rodríguez: Este es un régimen militarista y autoritario
Aun cuando al frente del Gobierno venezolano se encuentra un civil desde diciembre del año pasado, la tendencia del mismo es de corte militarista y autoritario, por la forma como se están conduciendo quienes se encuentran en las más altas responsabilidades de los diferentes organismos, dijo la doctora Nancy Rodríguez de Rodríguez, conocida abogada de la región, quien fuera directora del organismo del Tribunal Supremo de Justicia que hacía la evaluación de los jueces de la República.
El ejemplo más revelador de ello, expuso, es la actitud asumida por el ministro de Vivienda y Hábitat al amenazar públicamente con despedir a los trabajadores que no hubiesen votado por el oficialismo.
Realmente es algo inaceptable desde todo punto de vista. En primer lugar porque las autoridades electorales han asegurado y reiterado que en nuestro país está garantizado el secreto del voto y no hay forma de saber por quién votó el ciudadano. En segundo lugar porque según la Constitución y las leyes cada quien tiene derecho irrenunciable de votar por el candidato de su preferencia, sin que constituya falta laboral, ni siquiera leve, hacerlo por alguien distinto al que le guste al jefe.
Y perseguir a alguien por ese motivo es una actitud clara de las dictaduras. Lo más grave asegurado por el ministro es que a él no le importa lo que establezca la Ley del Trabajo, haciendo ver que es más importante el interés circunstancial de los pocos que detentan el poder. Si un funcionario a ese nivel y responsabilidad desprecia la ley y su cumplimiento está estimulando al colectivo para que cualquier ciudadano también la incumpla, sin que pueda la autoridad hacerla cumplir, contribuyendo al caos y la barbarie.
No cumplir la ley estimular su desacato es desconocer él mismo como funcionario, porque según la Constitución la persona que ejerce el poder público debe actuar y comportarse conforme a preceptos legales.
