La Guaira.– Miedo y tensa calma. Así es el ambiente que se vive en las oficinas de la Gobernación de Vargas desde ayer. El anuncio de la “revisión” de la nómina del Ejecutivo regional varguense y la orden de despido de esos empleados que se hayan unido a las protestas escenificadas desde el domingo son la causa. Hasta ayer, 47 casos habían sido notificados. Se estima que la lista alcance 300 cesantes.

“Es una completa cacería de brujas. Investigan en los perfiles de redes sociales como Twitter o Facebook. Lo peor es que utilizan a otros trabajadores para levantar este expediente de lealtad al proceso. Hoy (ayer) corrieron a una periodista que trabajaba en la Secretaría de Educación, pues en su perfil tenía colocadas fotos de un cacerolazo por donde vive. Estamos asustados y con temor a perder la poca estabilidad laboral”, explicó un empleado del Ejecutivo Regional, que se mantiene en el anonimato.

Según la fuente, otros 15 empleados que laboran en el Edificio Administrativo “Manoa” fueron sacados de sus oficinas y sus computadoras revisadas, en busca de evidencia que los relacione con la oposición. “Ahora el próximo acto es el viernes 19, para la proclamación de Maduro y quien no asista sabe que está fichado” advirtió otra empleada, cuyo estatus de contratada la tiene en vilo.

El hecho fue ventilado en reunión sostenida por el Comando Mayor del PSUV en Vargas que se celebró en Corpoelec La Guaira. De acuerdo a versiones de los asistentes, el Secretario de Gobierno, José Manuel Suárez, confirmó a sus partidarios políticos la versión publicada por El Universal el pasado miércoles y convido a otros entes públicos regionales a hacer lo propio. Sin embargo, miembros de la Directiva Regional del PSUV indicaron que tal actuación no obedece a ninguna directriz del partido.