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Nacional y Política
viernes 22 de marzo, 2013
Tribunal Militar cita a seis capitanes indígenas de Bolívar

MARÍA RAMÍREZ CABELLO

ESPECIAL PARA EL UNIVERSAL

CIUDAD GUAYANA.- Seis capitanes indígenas de La Paragua, en el municipio Angostura del estado Bolívar, fueron citados a una audiencia en el Tribunal Militar ubicado en la Quinta División de Infantería de Selva, el próximo 10 de abril próximo, por la detención y desarme en octubre de 2011 de 22 efectivos de la Armada y el Ejército en el Alto Paragua. 

Los indígenas de la etnia pemón citados son: Norberto Pinto, capitán de la comunidad Kurun Pupai; Joel Yépez; Julio González, capitán de Yuwaei Merú; Ramón Mujica, de Karunken; Alberto Moreno, de la comunidad indígena de Santa Teresa y Alexis Romero, ex capitán de la comunidad Musukpa.

Cuatro de estos líderes indígenas habían sido detenidos y presentados ante el Tribunal Militar Décimo Séptimo de Control de Ciudad Bolívar, a finales de enero de 2012 por su participación en la detención de efectivos en el Alto Paragua el 27 de octubre de 2011, en contra de los atropellos de los militares.

Tres de los capitanes fueron liberados días después, pero quedaron bajo régimen de presentación cada 20 días, mientras que Alexis Romero estuvo detenido cinco días en el Internado Judicial de Monagas, conocido como “La Pica”.

Romero explicó que la citación le llegó el lunes y el efectivo militar le comentó que la audiencia sería para “resolver” el caso pendiente de La Paragua.

A partir de su liberación, al dirigente pemón se le prohibió salir del estado Bolívar y emitir pronunciamientos públicos.

Rechazan la jurisdicción 

La detención por parte del Tribunal Militar fue criticada por tratarse de civiles.

Algunos capitanes indígenas de La Paragua realizaron un pronunciamiento de rechazo a la citación que fue enviado, según indicaron, al Ministerio de la Defensa y al jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEO), mayor general Wilmer Barrientos.

Los indígenas temen acciones en su contra, considerando además la retención y desarme en febrero de este año de 43 efectivos militares en la comunidad de Urimán, en el municipio Gran Sabana.

“Aún así me voy a presentar para no estar clandestino y evitar problemas”, indicó Romero, quien ha sido un defensor ambientalista y por ello crítico de la explotación minera agresiva.

Los pobladores indígenas han denunciado que los efectivos castrenses han sido cómplices de la minería ilegal, restringida en las vulnerables cuencas hidrográficas de Bolívar. Han señalado que los militares avalan la actividad a cambio de “vacunas” de oro.

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