“Cuando se empezó a criminalizar la cooperación internacional, a los defensores de los derechos humanos, no se llegó a aprobar la Ley de Cooperación Internacional pero el efecto fue el retiro o una mayor cautela de muchos donantes”, señala Bolívar, quien alerta sobre la aplicación indirecta, por la vía de los hechos, de esta ley no promulgada. “Eso sucede cuando se niega en una notaría, controlada por personas que por cierto no son venezolanas, el registro a una organización en cuyos objetivos de sus estatutos habla de democracia o de derechos humanos, y eso es ilegal”.
–En un análisis ha escrito que el estudio solicitado al Consejo de Estado sobre la desincorporación del país a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “pareciera estar más orientado a un efecto mediático que normativo”, ¿por qué?
–El Consejo de Estado es un órgano inconstitucional porque se creó vía Habilitante y el Presidente no está habilitado para legislar en esa materia, sino en aquellas relacionadas con las lluvias. Su función es brindar orientación al Ejecutivo en materias prioritarias de alto interés estratégico para la República. Digo que es más mediático que normativo porque lo que establece la ley es que el Presidente es el rector de la política exterior y el órgano encargado de ejecutar esas directrices es la Cancillería. El Consejo de Estado no tiene nada que ver con esto, a menos que consideremos que la CIDH es un área de alto interés estratégico nacional por encima de la seguridad ciudadana, la defensa, el petróleo, el comercio exterior, la salud pública. Hay una intención de hacer muy visible el tema de la agenda, que es el posible retiro del sistema interamericano, mediante una figura nueva que genera expectativas y que fue anunciada en una cadena.
Es como armar la fiesta para enterrar al muerto, pero ese muerto ya existe. Qué estudio van a realizar si ya la opinión la tienen tomada, quizá la van a barnizar con algún discurso medianamente jurídico, pero de allí no van a pasar porque varios de sus miembros desde 2008 e incluso antes han hecho pronunciamientos sobre que Venezuela debe denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos.
–¿Qué repercusión puede tener esta medida si se lleva a cabo?
–Venezuela puede denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, tratado del cual algunos países de la OEA no son parte, caso típico y deplorable: Estados Unidos, pero eso no la exonera de ninguna de las demás responsabilidades ni exonera a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de seguir velando por el cumplimiento y el respeto de los derechos humanos en el país. Por cierto, me parece lamentable que un representante del Gobierno estadounidense considere lamentable que Venezuela se retire, porque ellos no tienen ninguna autoridad moral para darnos lecciones en derechos humanos. La variedad de cosas que la comisión puede hacer es muy grande, como visitas in loco, informes temáticos periódicos, informes por país e incluso no pierde su capacidad de proteger a quienes están en riesgo inminente mediante medidas cautelares, como las aprobadas en el caso de Estados Unidos a favor de migrantes en calidad ilegal cuya vida estaría en peligro de ser deportados a su país de origen.
Sólo no puede tramitar casos individuales con arreglo a la violación de ciertos artículos de la Convención, pero puede hacer ese trámite con arreglo a la violación de artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que está en la Carta de la OEA, que es lo que está haciendo con Estados Unidos, porque son principios que están por encima de cualquier convenio. La decisión tiene un alto componente político mediático porque las consecuencias no son tan graves como se ha querido hacer creer. El que el Presidente la haya presentado de esa manera lleva a que muchos sientan que esto es el acabose, apaga la luz y vámonos porque se acabaron los derechos humanos, quedaremos en una situación de indefensión total, pero no es así. Me preocupó escuchar a un profesor supuestamente de prestigio decir que el Presidente estaba preparando el escenario preelectoral para una posible suspensión de garantías y que no tendremos adónde acudir. Eso es completamente falso porque una vez denunciado el tratado pasa un año hasta que entre en vigencia el retiro. Esto no es el fin de mundo, es un mensaje muy negativo que puede generar parálisis, desasosiego, pero no dejaremos de documentar lo que sucede, de elevar denuncias y darle a las víctimas posibilidad de respuesta.
–¿Cómo puede hacer la sociedad para movilizarse y responder a abusos del Gobierno sin hacerle el juego y permitirle que marque la agenda?
–Por eso es tan importante el trabajo de documentación.
Lamentablemente, Venezuela es una cultura ágrafa, aquí todo se basa en el “me dijeron”, “yo supe que”, “a mí me contaron”. La documentación es esencial para cualquier trámite ante un organismo nacional primero, porque es una instancia que hay que agotar para después acudir a los internacionales. El canciller Nicolás Maduro ha dicho que la mayoría de casos que están en el ámbito interamericano no habían agotado antes los recursos internos, pero es que ellos tienen la posibilidad de alegar eso en el momento de su admisibilidad. Hay gente que de manera temeraria acude a los órganos internacionales desde una perspectiva de una agenda política y a lo mejor el interés sí ha sido restregarle al Gobierno ciertos hechos en la cara sin haber tenido el cuidado de agotar las instancias internas porque no se tiene en cuenta la necesidad de la víctima, sino una intención política. Eso es verdad, pero es un hecho absolutamente minoritario.
–De acuerdo con el ex magistrado Eladio Aponte Aponte, la justicia en Venezuela es moldeable como una plastilina. ¿Cómo describiría nuestro sistema judicial?
–No voy a decir que el señor tiene razón, digo que nosotros teníamos razón porque venimos diciendo eso desde hace muchos años. La falta de independencia del Poder Judicial es de larga data, previo a la llegada del presidente Hugo Chávez al poder, simplemente que a partir de ese momento se ha agudizado, se ha generalizado y se ha perdido cualquier tipo de pudor y de forma para tratar de disimularlo.
–¿Cómo hacer para que la necesaria reconciliación del país no conduzca a la impunidad?
–La reconciliación es necesaria y posible, pero es un proceso social y político, no legal ni judicial. El proceso legal y judicial incluye el derecho a la verdad de las víctimas y la sanción de los victimarios. La reconciliación no se decreta. Los países que han logrado cerrar heridas de manera saludable han transitado por un proceso de verdad, justicia y reconciliación, en ese orden. El único ejemplo para mí exitoso en todos los ámbitos es el de Suráfrica, donde al victimario incluso se le dio la oportunidad de contar también su versión, de pedir perdón y de tratar de llegar a algún tipo de acuerdo reparatorio con la víctima que sufrió por su acción; lo contrario hubiera sido impunidad, que es lo que sucedió en Chile. En la reconciliación el Presidente tiene una labor importantísima como la tuvo Nelson Mandela, que si hubiera llegado con la espada de la venganza en la mano acaba con Suráfrica.
