miércoles 04 de abril, 2012
Este martes el expediente pasó a manos del Tribunal 17 de Juicio
Diez jueces, tres de Control y siete de Juicio, han intentado juzgar a María Lourdes Afiuni, quien lleva dos años y tres meses privada de su libertad.
La abogada Thelma Fernández hizo un recuento de lo que ha pasado con el caso desde que Afiuni Mora fue detenida el 10 de diciembre de 2009 por dictar medida de libertad al empresario Eligio Cedeño. “En una primera etapa, la causa estuvo en manos de los tribunales de Control 50 y 15 de Caracas, a cargo de Leivys Azuaje, Santos Montero y su suplente Yoku Oriushi”.
“Destaca la actuación de Azuaje, quien dio la orden de internar a Afiuni en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) y acordó el pase a juicio del caso, aún cuando la fiscal Luisa Ortega Díaz había declarado que en el desarrollo de las investigaciones no se evidenció que la doctora habría recibido dinero o promesa de ello a cambio de la libertad del ex banquero”, recordó.
En una segunda etapa entran a la palestra pública los magistrados de Juicio, “Ingrid Bohórquez (juez 24), Alí Fabricio Paredes (juez 26), magistrado que estuvo más tiempo a cargo del caso y que fue recusado en reiteradas oportunidades, entre ellos por manifestar su afiliación política con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y por violar el derecho a la salud de la jueza”.
“Paredes fue sustituido en dos oportunidades por el juez 27, Edgar Alisa y por Ángela Carrillo (12), luego restituido nuevamente y sale en diciembre de 2011 cuando se da el proceso de rotación de jueces, donde Robinson Vásquez queda a cargo del Tribunal 26”, precisó Fernández.
El viernes 30 de abril Vásquez se inhibe del caso, argumentando que la defensa lo expuso al escarnio público a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, acusándolo de violar el debido proceso y los derechos humanos de Afiuni por negarse a dejar por escrito las medidas para trasladar a la jueza a un centro hospitalario en caso de presentarse una emergencia por su deteriorado estado de salud.
El expediente pasa a manos del juez Tercero de Juicio, Cristóbal Martínez Murillo, quien también declina por los lazos de amistad que lo unen a la magistrada, lo que calificó la defensa como un acto “de dignidad y de respeto” a la autonomía que debe tener un juez en el ejercicio de sus funciones.
La tarde de este martes se realizó por segunda vez la distribución del caso, quedando a cargo la juez 17 de Juicio, Marilda Ríos Hernández.
José Amalio Graterol reiteró su llamado a todos los jueces del país a inhibirse del caso “para darle una lección al Ejecutivo y al mundo de que ningún juez puede ser sometido a un proceso penal por haber dictado una decisión ajustado a las leyes. Ya el país no puede tener miedo”.
