Miami (23 de septiembre de 2011).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el acoso judicial y físico sufrido por periodistas en América Latina esta semana, en especial en casos que se reportaron en Venezuela, Argentina y Nicaragua, detalles sobre los cuales la organización hemisférica abordará en su próxima Asamblea General a realizarse del 14 al 18 de octubre en Lima, Perú.
El presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, observó con preocupación el acoso judicial al que son sometidos los periodistas venezolanos periódicamente. En ese sentido, dijo que la SIP se mantendrá alerta sobre la citación que el ministerio público hizo a cuatro periodistas del semanario 6to Poder, en una causa sobre “instigación al odio” contra el medio, luego de que fuera sacado de circulación en forma temporal por publicar una tapa con sarcasmo sobre funcionarias públicas de alta jerarquía.
Federico Olioso, Gerardo Laya, Jesús Linares y José Gregorio Martínez, son los periodistas citados a comparecer, en el proceso en que permanece detenido Leocenis García, director del semanario.
“La persecución judicial, infundir temor y lograr autocensura son marca registrada del gobierno venezolano – agregó Marroquín presidente del diario guatemalteco Siglo 21 – por lo que creo que estamos frente a otro caso típico de atropello a los medios”.
Argentina
Por otra parte, el copresidente de la Comisión de Libertad e Información, Claudio Paolillo, expresó la consternación y condena de la SIP a una solicitud de un juez federal de Argentina para que seis diarios de Buenos Aires le informen sobre los periodistas que escriben noticias e investigaciones sobre índices inflacionarios.
La inusual solicitud judicial involucra a los diarios La Nación, Clarín, Ámbito Financiero, El Cronista Comercial, BAE y Página 12 yestá relacionada a causas judiciales que mantiene el gobierno contra economistas independientes. El caso revela una vieja polémica en Argentina sobre la medición oficial de la inflación a través del órgano oficial INDEC, la que difiere sustancialmente de la que realizan empresas privadas y el Congreso de la Nación.
Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda, consideró que la medida judicial “es tan inusual como impropia, ya que se irrespeta la tarea periodística, el derecho a la privacidad de las fuentes, y trata de imponer al periodismo una tarea de auxiliar de la justicia que no tiene”.
Nicaragua
Marroquín y Paolillo también se manifestaron preocupados por la seguridad de la periodista nicaragüense Silvia González, corresponsal de El Nuevo Diario en la norteña ciudad de Jinotega, quien no regresó a su país, decisión que adoptó tras evaluar las amenazas de muerte que recibió en los últimos meses y que fueron prácticamente ignoradas por las autoridades.
González denunció que las amenazas están ligadas a sus denuncias periodísticas sobre corrupción y abusos de autoridad que involucran a funcionarios del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional que operan en su zona.
Marroquín y Paolillo expresaron que la SIP seguirá este caso de “exilio forzado muy de cerca” y confían que “el presidente Daniel Ortega dispondrá las medidas necesarias para que ninguno de los hijos y familiares de González, que todavía permanecen en Nicaragua , sufran represalias”.
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos. Para mayor información, por favor, visite http://www.sipiapa.org
