Publicado el domingo 21 de agosto del 2011
Alfonso Chardy
Freddy Zozaya tenía 14 años cuando llegó a Miami en un avión procedente de Venezuela. William Johnson desembarcó a los 12 con un grupo de refugiados haitianos. A los 16, Manuel Guerra cruzó la frontera desde México.
Los tres inmigrantes se encuentran ahora en proceso de deportación ante la corte de inmigración de Miami. Pero esperan evitar la expulsión debido a una decisión anunciada el jueves por el gobierno del presidente Barack Obama bajo la cual se revisarán y suspenderán las deportaciones de extranjeros sin antecedentes penales cuyos casos están pendientes en las 59 cortes migratorias del país.
Zozaya no tiene antecedentes penales. Guerra fue una vez acusado de conducir sin una licencia válida. Johnson tiene varios cargos en su historial pero según su abogado ninguno ha resultado en una condena a prisión y todos son por delitos menores. La acusación principal contra él es que se registró y votó sin ser ciudadano.
Las autoridades de inmigración notificaron a Zozaya que lo quieren deportar porque no logró obtener la residencia permanente antes de convertirse en adulto luego de que su madre lo reclamó como menor cuando se hizo residente. A Guerra lo quieren expulsar por no tener papeles luego de cruzar ilegalmente la frontera con México.
Los tres casos podrían servir como elementos de prueba para verificar si en realidad el gobierno federal tiene la intención de cancelar ciertas deportaciones de inmigrantes en proceso de expulsión. Muchos abogados de inmigración que manejan casos en las cortes migratorias expresaron entusiasmo ante el anuncio federal del jueves.
“La Asociación de Abogados de Inmigración de Estados Unidos (AILA) considera que la decisión es una cosa buena”, dijo Eleanor Pelta, su presidenta. “Pero la prueba de que es algo realmente bueno será lo que pase en el terreno”.
Los tres jóvenes tienen la esperanza ahora de que sus casos estén entre los 300,000 que serán revisados a fin de suspender las deportaciones de aquellos sin antecedentes penales. Las personas cuyas deportaciones se suspendan luego podrán solicitar permisos de trabajo pero quizá no puedan por ahora obtener residencia ni ciudadanía.
Aunque los tres casos están entre los más de 10,000 pendientes en la corte de inmigración de Miami, sólo los de Guerra y Johnson están en el calendario de audiencias próximas: el 31 de agosto para Johnson y el 1ro de septiembre para Guerra. Zozaya ya ha comparecido en varias audiencias y ahora aguarda una decisión final sobre su caso.
Los tres casos caen dentro de la categoría específicamente mencionada en el anuncio del jueves: inmigrantes que llegaron al país como menores de edad.
Se estima que hay unos 2.1 millones de jóvenes que podrían solicitar residencia si el proyecto de ley conocido como DREAM Act fuera aprobado por el Congreso, donde ha estado varado por varias años. No se sabe cuántos casos de deportación de jóvenes aspirantes al DREAM Act están pendientes en cortes de inmigración.
Guerra entró ilegalmente como millones de otros mexicanos. Pero venía para reunirse con su familia, ha crecido en Estados Unidos y espera convertirse en capellán militar.
“Tengo grandes esperanzas de que el anuncio del jueves se traduzca en algo positivo para mí”, dijo. “El día de la verdad será el 1ro. de septiembre cuando comparezca ante la corte. Espero que ese día cierren mi caso de deportación, suspendan mi deportación y que pueda permanecer en el país. Sería el comienzo de una nueva era para mí”.
Luego de caminar por cinco días tras cruzar la frontera mexicana entre Laredo, Texas, y Nuevo Laredo, Tamaulipas, Guerra se reunió con su hermana mayor que vivía en la Florida. Trabajo como lavaplatos y jardinero. En el 2006 se graduó de la escuela secundaria South Fork High School en el Condado de Stuart.
Dijo que las autoridades de inmigración lo detectaron cuando solicito permiso de trabajo y asilo. Lo pusieron en proceso de deportación en el 2006. Desde entonces su caso ha estado pendiente en la corte de inmigración de Miami.
Zozaya llegó de Caracas en el 2002 para encontrarse con su familia. En el 2008 recibió una carta de las autoridades de inmigración advirtiéndole que ya que era adulto no podía aspirar a la residencia como hijo menor de su madre. Zozaya dice que el servicio de inmigración se tardó tanto en decidir su caso que durante la espera se convirtió en adulto.
El caso de Johnson es más complicado porque tiene antecedentes por delitos menores y cargos desestimados, aunque en ningún caso fue condenado. Aun así, no fue acusado formalmente ni procesado por votar. La decisión de ponerlo en proceso de deportación fue administrativa.
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