EN EL LIMBO / El pacto electoral fue más importante para la Asamblea
Guárico se quedó esperando
Las investigaciones de las denuncias de ajusticiamiento y violaciones a los derechos humanos en los estados Aragua y Guárico parecen haber quedado congeladas ante la prioridad electoral: nadie quería molestar a los partidos aliados.
OSCAR MEDINA
EL UNIVERSAL
María del Rosario Guerrero Galucci tiene su ejemplar autografiado del informe de la comisión parlamentaria que investigó las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en Guárico. Ella es la cabeza visible del comité de víctimas “Soldados de justicia, paz, salud y libertad” creado en esa entidad y que descarga en el gobernador Eduardo Manuitt la responsabilidad por los excesos policiales, asesinatos y otras tantas irregularidades que se concentran en 160 casos concretos.
La copia de Guerrero Galucci _a quien Manuitt llama delincuente_ tiene dedicatorias de puño y letra de los diputados Nicolás Sosa (MAS) e Iris Varela (MVR) en las que le reconocen su valor en la lucha por denunciar los desmanes de lo que Varela califica como “el azote de Guárico”.
Por otra parte, el ejemplar que recibió el presidente de la Asamblea Nacional duerme a la espera de quién sabe qué. Apenas la Comisión de Política Interior aprobó (8 de junio) el informe que determina la responsabilidad política del gobernador Manuitt por la presunta violación de derechos humanos, el propio Nicolás Maduro puso en duda la investigación realizada _contaminada, según él, por el “odio y la enemistad”_ y anunció que designaría una nueva comisión “independiente” para estudiar el documento.
Y ahí quedó todo. El informe jamás pasó a la instancia que le correspondía: a la discusión en la plenaria de la Asamblea para su aprobación definitiva (o su rechazo) que abriría las puertas para el antejuicio de mérito contra Manuitt.
“Hasta donde tenemos entendido la directiva de la Asamblea, y especialmente Nicolás Maduro, engavetó ese informe y fue imposible incluirlo en los debates de la plenaria que permitirían iniciar, posteriormente, el antejuicio de mérito a Manuitt por parte de la Fiscalía”, explicó Guerrero: “Todos estamos sumamente decepcionados de ese diputado porque él está protegiendo al gobernador Manuitt. Descalificó el informe y hasta propuso algo ilegítimo, nombrar una nueva comisión que certificara el informe”.
De acuerdo con la presidenta del comité de víctimas, “la comisión hizo su trabajo, pero eso se frenó en manos de Maduro. La coyuntura electoral hizo que prevalecieran los intereses electorales en lugar de los de la ciudadanía. Yo lamento mucho lo que le pasó a Danilo Anderson, pero me parece muy extraño que el diputado Maduro tome de bandera el caso Anderson para exigir que se haga justicia, mientras que en Guárico hay más de 167 danilos Anderson que son venezolanos también. ¿Y no va a mover un dedo por eso? ¿No hay justicia para el pueblo?”
Más de la cuenta
La cifra no es una invención de Guerrero Galucci. El 15 de septiembre pasado la directora de protección de derechos fundamentales de la Fiscalía General, Alis Boscán, dibujó la situación en Guárico: 167 casos de presuntos ajusticiamientos entre el año 2000 y 2005, de los cuales 98 se registran con participación de efectivos de la policía regional, 70 imputados entre los que se cuentan funcionarios de la Disip, la Brigada de Acción e Intervención, Poliguárico y Cicpc; y además informó que procesan entre 700 y 800 casos de otras violaciones a los derechos fundamentales.
“Después de la entrega del informe ha habido otras muertes a manos de los cuerpos policiales”, denuncia Guerrero Galucci: “¿Esos casos pasan a ser responsabilidad de Nicolás Maduro por no permitir que se discuta el informe? ¿O del fiscal Isaías Rodríguez que no se conduele de estos 167 coterráneos suyos?”.
El diputado Moisés Díaz Zamora _”autoexcluido” del MVR por no apoyar al PPT en Guárico_ también participó en la investigación: “Concluimos que el gobernador Manuitt es responsable de violaciones a los derechos humanos y estamos hablando de cerca de 200 muertos en supuestos enfrentamientos con la policía; recogimos unos 300 testimonios de atropellos, extorsión, secuestros y 40 personas asesinadas por balas de FAL. En la directiva de la Asamblea está la decisión de hacer justicia, pero eso fue manipulado por Manuitt. Se dice que supuestamente pagó 10 millardos de bolívares para que se engavetara ese informe. Esta es una burla a la justicia, a las víctimas y al parlamento”.
Pese a que en las otras instancias del Estado tampoco se ha avanzado de manera significativa, Guerrero Galucci concede que algo ha hecho el Ministerio Público: “Fueron nombrados tres fiscales con competencia nacional que son Haifa Aissami, Elsa Hernández y Danilo Jaimes, para que se encargaran de las denuncias de violaciones de derechos humanos en Guárico, pero son muchos casos y ellos tienen que atender asuntos en otras partes”.
“La situación del informe hoy es totalmente incierta”, se lamenta el diputado Nicolás Sosa, quien fuera presidente de la comisión especial que investigó las denuncias: “Las cúpulas del MVR y del PPT lo congelaron. Lo normal es que estuviera ya aprobado en plenaria, pero los intereses partidistas se pusieron por encima de los intereses de la gente”.
Con las elecciones de diputados en puertas, era poco probable que la discusión prosperara, pese al empeño que pusieron algunos parlamentarios del MVR en la investigación: “Ese trabajo, sustanciado durante 6 meses, quedó en el limbo por obra de la directiva de la Asamblea que está en funciones hasta el 5 de enero”, advierte Sosa: “Y ante esto ha habido una actitud un poco blandengue de algunos participantes en aras de cuidar su curul porque Maduro era uno de los que determinaba quién entraba en las listas para las elecciones. Sólo la diputada Iris Varela ha mantenido cierta beligerancia” (lo que le ha valido amenazas de “autoexclusión”).
El momento electoral termina hoy 4 de diciembre y lo que se anticipa es una mayor fortaleza del PPT en la Asamblea, el partido que respalda a Manuitt. ¿Se quedará el informe acumulando polvo? Al propio Manuitt le convendría ventilar el asunto para despejar de dudas su gestión. Los diputados Sosa, Díaz Zamora y algunos del MVR que prefirieron no hablar silenciados por la “unidad” aseguran que seguirán presionando hasta lograr el antejuicio de mérito. En la asociación de víctimas, por su parte, ya entendieron que la vía que les queda es la que lleva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
