Expediente
En el banquillo
248 personas sufren procesos judiciales en su contra por delitos de carácter político. La lista no se detendrá allí y alcanzará a unas 800 personas en los próximos meses.
FRANCISCO OLIVARES
EL UNIVERSAL
El Gobierno no baja la guardia en su propósito de reducir la disidencia política. En la actualidad cerca de 248 personas están siendo imputadas, solicitadas o investigadas por delitos de carácter político por la Fiscalía General de la Repúplica. La larga lista alcanza a militares, periodistas, banqueros, gente de la sociedad civil, sindicalistas, dirigentes políticos y miembros de organizaciones no gubernamentales.
A juicio del abogado penalista Carlos Bastidas, quien se ha destacado como defensor en muchos de estos casos, la lista de imputados alcanzará a unas 800 personas en los próximos meses. Para el penalista estos hechos no tienen precedente en los años de democracia que ha vivido el país; sostiene que si se suman todos los procesos políticos reales que se abrieron desde 1958 hasta 1999, la sumatoria de todo eso no llega ni a la mitad de las personas que están actualmente imputadas o procesadas por motivos políticos y los procesos que están por abrirse.
Sólo en el caso de los firmantes del decreto de Pedro Carmona estamos hablando de 359 personas. En el caso de la sentencia del TSJ, que revocó la decisión del 14 de agosto de 2002 sobre los sucesos del 11 de abril, que sobreseyó la causa contra 4 altos oficiales por rebelión, allí no sólo serán nuevamente imputados los cuatro altos oficiales, sino que la intención del Gobierno es de llevar al banquillo a unos 200 militares que se pronunciaron sobre los mencionados sucesos.
Con la reactivación del caso de los presos políticos del Táchira, los acusados pueden llegar a 50 personas más. A eso se le agrega la Gente del Petróleo, el caso de los paramilitares con 106 imputados, Súmate, las personas detenidas por las llamadas guarimbas, en general estamos hablando de más de 800 personas que están siendo procesadas, imputadas, condenadas o en camino a ser juzgadas.
Entre esos casos, que el penalista llama de conciencia, recuerda el del general Francisco Usón, que es la única persona, después de Galileo Galilei, que es condenada por opinar acerca de cómo funciona algo.
En el caso del Táchira hay una condena contra 8 personas, pero paralelamente el Ministerio Público está reactivando otra investigación contra personas que ellos consideran que son corresponsables de esos sucesos, entre los cuales están militares, tanto activos como retirados. Es decir que estamos viendo que las listas se están incrementando, incluyendo personas que ya fueron procesadas, como el general Carlos Alfonso Martínez, que van a ser nuevamente investigadas. Leopoldo López está imputado por los hechos de la Plaza Altamira y su padre, Leopoldo López, por el decreto de Carmona.
Sin reconciliación
Para Bastidas, lejos de lo que ha sido la costumbre en la historia democrática de Venezuela, cuando el escenario político ya está en términos de moderación, lo que viene normalmente es una política de distensión y de perdón. Si en Venezuela se hubiese aplicado en el año 1993 la justicia con el rigor que la aplica hoy el Gobierno actual, Chávez no sería presidente, habría salido para el 2021, pero de Yare. Siendo que eran personas que estaban presas por motivos políticos pero que utilizaron un medio equivocado para acceder al poder que no era el que las circustancias aconsejaban, hubo muertos, hubo hechos violentos, hubo tropas que fueron engañadas literalmente, pero en el fondo había un matiz político, lo que se llama delitos de conciencia. Las circustancias en ese momento aconsejaban borrón y cuenta nueva y de perdón como en efecto ocurrió. Hoy en día estamos muy distantes de eso.
Como ejemplo de tal ensañamiento, Bastidas expone el caso del general Felipe Rodríguez, el cual no se diferencia en nada de los presos de Pérez Jiménez o los presos de Juan Vicente Gómez, quien en la DIM permanecía con una luz encendida día y noche, cosa que a la Defensoría del Pueblo le pareció normal. Por ello cuando se intenta normalizar las relaciones con Estados Unidos se le exigen tres condiciones: libertad de expresión, autonomía del poder judicial y respeto por los derechos humanos.
La sentencia del TSJ
Uno de los instrumentos que ha utilizado el Gobierno para reabrir los casos del 11 de abril ha sido la sentencia que dictó la Sala Constitucional, que revocó la dictada por la Sala Plena el 14 de agosto de 2002, cuando acordó sobreseer la causa contra 4 altos oficiales. Para Carlos Bastidas no es una sentencia basada en argumentos jurídicos sino que obedece a un capricho político del Presidente; es decir, el 11 de abril del año 2002 hubo una serie de oficiales, una gran parte del generalato y el almirantazgo, de cerca de 80% de la alta oficialidad que desconocieron la autoridad del presidente Hugo Chávez ante los sucesos del centro de Caracas, a los que posteriormente el máximo jerarca de la institución militar, el general Lucas Rincón, hizo referencia cuando dijo que los lamentables y deplorables hechos del día anterior no se podían pasar por alto. Antes que Rincón hiciera esa declaración y anunciara la renuncia del Presidente, la alta oficialidad ya había mostrado su malestar por lo que ocurrió en las inmediaciones del Palacio de Miraflores y con el intento del Presidente de ordenar que los tanques del Batallón Ayala se desplazaran a las inmediaciones de Miraflores y repelieran la manifestación que se dirigía hacia allí.
A raíz de eso se inició una purga gigantesca en la FAN, la cual comenzó por tratar de enjuiciar por rebelión al VA Héctor Ramírez Pérez, al general Efraín Vásquez Velasco, al general Pedro Pereira y al contralmirante Danielle Comisso.
En ese entonces, el Fiscal General, Isaías Rodríguez, introdujo una acusación, la cual fue desestimada por el TSJ, no porque considerara que en Venezuela hubo o no hubo un golpe de Estado, sino porque estimó que no había elementos que comprobaran el supuesto delito de rebelión militar. Esa decisión fue adoptada por una mayoría de 11 magistrados contra 8 que votaron en contra de la ponencia del magistrado Nelson Arriechi. Tres años después, el Gobierno ya tenía su ajedrez compuesto en el TSJ, es decir cuando se produjo el reacomodo necesario, porque con los magistrados que estaban anteriormente la aritmética no les daba para que revisaran la sentencia. El momento oportuno llegó cuando entraron en función los siete nuevos magistrados de la Sala Constitucional, quienes revisaron una decisión lo que, de conformidad con nuestro sistema judicial, era absolutamente irrealizable.
Politización de la justicia
El último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alerta sobre la politización de la justicia en Venezuela y entre los aspectos que más destaca está el referido al control de fiscales y jueces dada su condición de provisionalidad, lo cual `perjudica seriamente el derecho de la ciudadanía a una adecuada administración de justicia. Asimismo incide en forma negativa sobre los derechos de los magistrados y fiscales a la estabilidad en los cargos y en concecuencia la garantía de su independencia y autonomía´.
El informe de Provea de 2004 refiere que, durante ese año, 111 personas civiles fueron llevadas a juicio ante los tribunales militares. Esa práctica, basada en un decreto, es contraria a lo establecido tanto en la Constitución bolivariana como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
