Reforma a la Ley contra el odio llega al TSJ del régimen, mientras ONG exigen su derogación total

Miami 10/14/2026 La Asamblea Nacional chavista remitió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del régimen venezolano el proyecto de reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, informó el oficialista Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento.

La propuesta fue enviada a Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, presidenta del TSJ, quien fue sancionada por el Gobierno de Estados Unidos en septiembre de 2024. Cabe recordar que Washington incluyó a la magistrada en su lista de sancionados por su presunta responsabilidad en la obstrucción de un proceso electoral presidencial competitivo e inclusivo y en violaciones de los derechos civiles y humanos de los venezolanos

El pasado 29 de septiembre, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, solicitó al Parlamento reformar parcialmente la ley, vigente desde 2017, con carácter de urgencia parlamentaria. La iniciativa busca avanzar en la despenalización de las conductas contempladas en la normativa, como parte de la transformación del sistema de justicia penal.

Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que eliminar las penas de prisión no sería suficiente y exigen la derogación integral de la ley.

Entre sus cuestionamientos, señalan que la normativa contiene disposiciones que pueden restringir la libertad de expresión, limitar la actividad de organizaciones políticas y sociales y obligar a medios de comunicación y plataformas digitales a retirar contenidos bajo amenaza de sanciones.

La ley contempla multas, bloqueos de portales y penas de prisión de 10 a 20 años por promover o incitar públicamente al odio, la discriminación o la violencia.

Las ONG advierten que eliminar únicamente los delitos o sustituir las penas de prisión por multas mantendría vigentes otras restricciones y mecanismos que consideran contrarios a la libertad de expresión.

Por ello, exigen la derogación total de la normativa para garantizar los derechos reconocidos en la Constitución venezolana y evitar que las críticas contra los gobernantes sean objeto de sanciones.

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