El endurecimiento de las políticas frena las naturalizaciones durante el 2025
Miami 04/16/2026 Datos recientes del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) revelan una caída drástica tanto en el número de solicitudes como en las aprobaciones al cierre del año pasado.
A inicios de la segunda administración del presidente Trump, inmigrantes como Johanan Rivera —quien residió legalmente durante 15 años sin naturalizarse— se apresuraron a solicitar la ciudadanía buscando la “certeza” que la residencia permanente ya no ofrecía ante las promesas de deportaciones masivas. Este fenómeno generó un pico histórico en la primera mitad de 2025, con meses que superaron las 88,000 naturalizaciones aprobadas.
Sin embargo, para enero de 2026, esa cifra se desplomó a apenas 32,862, el nivel más bajo desde que se tiene registro.
Expertos migratorios señalan que el cambio de tendencia responde a una estrategia de “esfuerzo controlado” por parte del gobierno. Entre las medidas implementadas por USCIS destacan:
Investigaciones vecinales: Oficiales visitan hogares para verificar el “buen carácter moral” de los solicitantes.Exámenes más rigurosos: Se ha reinstaurado el examen de civismo de 2020, más complejo y con mayores requisitos de inglés.Vigilancia digital: Escrutinio de redes sociales para detectar actividades calificadas como “antiestadounidenses”.Pausas por nacionalidad: Suspensión de trámites para ciudadanos de 39 países considerados “de alto riesgo”.
Expertos en inmigración y autoridades coinciden en que el sistema está transitando hacia un modelo de mayor fiscalización. Mientras que algunos analistas sugieren que la complejidad de los nuevos requisitos ha moderado el ritmo de las solicitudes, la dirección del USCIS sostiene que estas acciones son fundamentales para su enfoque de “America First”.
Joseph Edlow, director de la agencia, indicó en un comunicado oficial que estas reformas buscan restaurar el orden y la rendición de cuentas, priorizando la seguridad nacional y asegurando que cada nuevo ciudadano cumpla estrictamente con los estándares de “buen carácter moral” exigidos por la Constitución.
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