Grupos que abogan por los inmigrantes urgieron al Gobierno del presidente Joe Biden a cumplir las promesas hechas para reformar el sistema de inmigración, tras un año de estancamiento y cuando se corre el riesgo de que los demócratas pierdan la mayoría en el Congreso de Estados Unidos.
Si bien reconocieron que se han dado avances para echar abajo algunas medidas establecidas por el Gobierno del ahora expresidente Donald Trump (2017-2021), su preocupación se centra en que no se han logrado cambios significativos, y el poder de maniobra de la Casa Blanca se ve amenazado en las elecciones de medio término de noviembre próximo.
“A un año de su Administración le hacemos un llamado para que recuerde sus promesas y las haga realidad”, enfatizó este viernes Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).
El pedido realizado por la campaña “We Are Home”, en la que participan decenas de grupos proinmigrantes alrededor del país, se concentra en dos grandes objetivos: abrir un camino a la ciudadanía a millones de inmigrantes y construir un sistema de inmigración “justo y humano”.
1) LA REFORMA MIGRATORIA QUE NO LLEGA
La urgencia que nuevamente están inyectando los activistas para que el Gobierno de Biden impulse una residencia permanente para los indocumentados está marcada por los fracasos del año anterior. Y es que aunque varias propuestas fueron consideradas la mayoría murieron en el Senado.
Sus esperanzas siguen estando en el plan social de Biden bautizado “Build Back Better” (Reconstruir mejor), que incluye un proyecto para proteger a inmigrantes pero que no se logró aprobar el año pasado por la negativa del senador demócrata Joe Manchin.
Para Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC), Biden y la vicepresidenta Kamala Harris deben “usar su poder político” tras años de experiencia en el Legislativo para que esta iniciativa sea aprobada en el Senado.
2) CAMBIOS JUSTOS Y HUMANOS
En su lista de peticiones urgentes los activistas también incluyen la de terminar de una vez por todas con normas y regulaciones que atentan contra las peticiones de asilo y el debido proceso.
Como lo hicieron durante todo 2021, los activistas exigen poner fin al Título 42, una norma que permite la expulsión de extranjeros que cruzan las fronteras debido a la emergencia sanitaria por la covid-19.
A esto se suma su rechazo a la reanudación del programa Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, o Quédate en México), creado por Trump en 2019 y por el cual los extranjeros que llegan a la frontera sur pidiendo asilo deben permanecer en México a la espera de que se completen sus trámites en EE.UU.
El Gobierno de Biden se vio obligado a restaurar la norma tras una demanda de dos estados republicanos. La querella legal está en el Tribunal Supremo.
3) LOS REPUBLICANOS, ¿LA PIEDRA EN EL ZAPATO?
En este contexto los republicanos están siendo blanco de críticas. Douglas Rivlin, vocero de America’s Voice, resaltó hoy en un comunicado que “el Partido Republicano no puede ser a la vez antiinmigrante y favorecer el crecimiento económico”, subrayando el bloqueo de los conservadores a las reformas para legalizar a los trabajadores esenciales indocumentados.
“El presidente Biden y los demócratas deben usar todas las herramientas a su disposición para ayudar al país y a nuestra economía mediante la legalización de la inmigración, tanto para los inmigrantes que ya están aquí como para los que vendrán para ayudar a nuestra economía en el futuro”, agregó.
Por su parte, Hincapié confía en que si los demócratas logran sacar avante leyes que ayuden a la economía y a los inmigrantes, seguramente ello va a “inspirar” a los votantes para participar en las elecciones de noviembre de 2022. “Es el tiempo de actuar”, apuntó.
4) TIEMPO DE SER CONGRUENTE
En medio de las recomendaciones, Silky Shah, directora de Detention Watch Network, solicitó a la Casa Blanca ser congruente con sus promesas sobre no criminalizar a los indocumentados, y reducir el encarcelamiento y deportación de inmigrantes.
La activista se refirió a la solicitud hecha el jueves por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a los alcaldes de las ciudades que limitan la cooperación de sus cuerpos policiales con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para que reconsideren restablecer la colaboración en lo que respecta a la retención de inmigrantes.
El secretario respaldó su petición diciendo que el lCE “no es la misma agencia del pasado”, al referirse al rumbo que había tomado la agencia en la Administración anterior.
“Hay muy pocas evidencias de que esto sea cierto, de que la posición del ICE haya cambiado. Aún no hemos visto cambios en las políticas de deportación y encarcelamiento”, enfatizó Shah.
Con información de EFE
