El gobierno del presidente Joe Biden pidió este viernes comentarios del público acerca de la norma de “carga pública” que su predecesor, Donald Trump, activó en 2019 para restringir el otorgamiento de residencia legal a ciudadanos extranjeros que utilicen ciertas ayudas públicas.
En marzo pasado la Administración Biden rescindió formalmente la norma bajo la cual se puede negar la obtención de residencia legal permanente (tarjeta verde) a los inmigrantes que, a criterio de las autoridades, puedan recurrir a prestaciones sociales como subsidios para la vivienda, cupones de alimentos o asistencia médica.
La decisión de Trump generó numerosas querellas en los tribunales y, tras su investidura, Biden dejó en claro que su administración no continuaría la defensa de la norma de “carga pública”.
En su anuncio de hoy el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) abrió un período de 60 días a partir del lunes 23 de agosto y que concluirá el 22 de agosto, para que el público provea información y comentarios en la elaboración de la norma.
“Los comentarios del público ayudarán a que DHS asegure que la norma propuesta no imponga cargas indebidas a los extranjeros que solicitan admisión o un ajuste de su estatus en Estados Unidos”, indicó un comunicado de la agencia.
Por su parte Ur M. Jaddou, directora del Servicio de Inmigración y Naturalización (USCIS), dijo que “es crucial que los inmigrantes, muchos de los cuales son trabajadores esenciales, puedan acceder a los servicios del gobierno a los cuales tienen derecho para mantener a sus familias protegidas y saludables”.
Los grupos que abogan por los inmigrantes han indicado desde 2019 que muchos migrantes evitan recurrir a servicios públicos, en detrimento de su salud y alimentación, por temor a que cuando soliciten la residencia permanente se les rechace la solicitud.
“DHS está dando los pasos esenciales para aplicar una regla justa y racional que no cause temor y confusión en las comunidades inmigrantes”, añadió Jaddou. “Continuaremos los esfuerzos de este gobierno para eliminar las barreras inapropiadas en el sistema de inmigración, y los motivos de temor que impiden que los inmigrantes accedan a los beneficios que les corresponden”.
Con información de EFE
