Con la expansión en trece estados del acceso a licencias profesionales para inmigrantes, cada vez son más los que pueden realizarse con su profesión, al tiempo que benefician a las economías locales y estatales.
Según un reciente reporte de la organización Catholic Legal Immigration Network, Inc. (CLINIC), el 30 % de los inmigrantes mayores de 25 años en Estados Unidos tienen un título universitario o estudios superiores pero no pueden ejercer sus profesiones por falta de acceso a las licencias ocupacionales.
A la vez, revela que en 2019 había 7,3 millones de vacantes laborales existentes en el país, contra sólo 5,7 millones de trabajadores potencialmente disponibles para llenarlas.
Y aunque la contratación de inmigrantes no alcanzaría a cerrar esa brecha, las licencias profesionales a inmigrantes contribuirá a reducir esa disparidad.
“Los estados están emitiendo esas licencias porque se han dado cuenta del importante papel que tienen los inmigrantes en llenar las vacantes del mercado laboral”, dijo a Efe Maria Gabriela “Gaby” Pacheco, directora de promoción comunitaria, desarrollo y comunicaciones de TheDreamUS, el mayor programa de acceso a la universidad para “soñadores”.
Ante la inacción del Gobierno federal, explicó, los estados han quedado a cargo de crear leyes estatales para responder a las necesidades de los inmigrantes residentes en esos estados.
El objetivo sería evitar que, como explicó a Efe Viviana Westbrook, abogada de asuntos estatales de CLINIC, hay inmigrantes “altamente entrenados” que en Estados Unidos les “dan trabajo limpiando casas” y empleos similares.
“En un instante las vidas son trastornadas”, lamentó Westbrook.
INICIATIVAS ESTATALES
Según CLINIC, los estados que ofrecen licencias profesionales, empresariales o comerciales a inmigrantes sin presencia legal permanente en el país son Arkansas, California, Colorado, Dakota del Sur, Florida, Illinois, Indiana, Mississippi, Nebraska, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York y Utah.
En 2014, California y Florida fueron los primeros estados en adoptar esas medidas, y este año la tendencia se ha mantenido.
En Arkansas recientemente una nueva ley permite a los amparados por la Acción Diferida (DACA) obtener licencias profesionales, y en Colorado se aprobó una ley que expande el acceso a estos permisos para así ayudar a aliviar las “urgentes necesidades” de trabajadores.
Pacheco opinó que las ocupaciones que más se beneficiarán por los inmigrantes con licencias laborales son en las áreas de enfermería, docencia e ingeniería, y subrayó que los inmigrantes añaden otro beneficio al mercado laboral, el de ser bilingües.
El tema ya había sido analizado en 2019 por el grupo no partidario Alianza Presidencial de Educación Superior e Inmigración, que estimó que existen unas 1.100 carreras y profesiones a las que podrían acceder las personas con Estatus de Protección Temporal (TPS) o DACA.
MEDIDAS FEDERALES
En ese contexto, opinó Pacheco, ya no se trata de que los estados les otorguen a los inmigrantes licencias de conducir, descuentos en los aranceles universitarios o, como ahora, licencias ocupaciones. Hace falta más.
“El siguiente paso es que el Congreso federal apruebe una reforma inmigratoria completa que legalice a aquellos que están en el país sin estatus y modernice el sistema inmigratorio”, afirmó.
Un elemento clave de esa modernización es que el Gobierno federal implemente un sistema para que “inmigrantes con talentos y habilidades especiales puedan migrar con seguridad a nuestra nación”.
En el caso específico de Colorado, la nueva ley SB21-077 busca que más inmigrantes con las credenciales necesarias se dediquen a la enfermería y a la docencia, las dos ocupaciones con mayor cantidad de vacantes en este estado.
“Muchas personas ya están a la vanguardia laboral haciendo trabajos esenciales y con frecuencia no son ciudadanos. Y por eso no pueden acceder a licencias profesionales para ser plomeros, electricistas, enfermeros o maestros para ayudar a que otros inmigrantes logren lo mismo”, dijo la senadora estatal Julie Gonzales, impulsora del proyecto, poco antes de que la ley fuese aprobada con respaldo bipartidario.
Y en Utah, Tony Yapias, del Proyecto Latino, recalcó que ese estado permite con sus licencias que incluso los abogados indocumentados ejerzan su profesión. Como resultado, dijo, el índice de desempleo actual en Utah es del 2,8 %, comparado con el 5,9 % a nivel nacional.
“La licencia ocupacional es una política muy buena porque existe una gran necesidad de personas que cuenten con esas licencias para hacer los trabajos más necesarios. Conozco personalmente a recipientes de DACA y TPS que pudieron abrir sus negocios y ya están contribuyendo a la base de impuestos estatal”, aseveró.
Con información de EFE
