La llegada de la pandemia de COVID-19 a Venezuela también ha estado acompañada del incremento de la represión política en contra de las mujeres, expone un reporte de una ONG, que actualmente contabiliza 302 personas encarceladas por motivos políticos, de las cuales, 21 son mujeres.
La mayoría de los arrestos de mujeres, en el 2020, ocurrieron en medio de protestas por las fallas en los servicios básicos como gas doméstico, electricidad, agua e incluso escasez de gasolina, añade el documento.
El director de la ONG venezolana afirma que la represión contra las féminas “no era la constante”, pero el panorama ha cambiado durante los últimos meses.
“En términos porcentuales, pese a que en el caso de las mujeres siguen siendo definitivamente minoría en cuanto a los hombres que están presos por motivos políticos, la represión se ha duplicado, el día de hoy tenemos casi el doble de las mujeres que estaban presas a principios del 2020 y es una situación reveladora”, dice.
El defensor de derechos humanos destaca que en algunos centros de reclusión del país la situación “es muy grave” y que “ninguno” cumple con los estándares mínimos para mantener a personas privadas de libertad.
“No hay diferencia en cuanto al mal trato que reciben las mujeres en los centros de reclusión, están sujetas a las mismas variables, a las mismas condiciones inhumanas y están en la misma situación de peligro, de riesgo a su salud y a su vida”, puntualiza consultado por VOA.
Un informe del Observatorio Nacional de Derechos Humanos sobre la situación de mujeres presas políticas en Venezuela, reafirma que son “víctimas de torturas físicas o psicológicas” y que necesitan de una “intervención urgente para dar fin a la situación”, que además afecta a integrantes de sus núcleos familiares.
Mientras tanto, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones denunció en marzo que las reclusas del país son víctimas de abuso sexual por parte de funcionarios policiales.
“Fue torturada y producto de las torturas le provocaron un aborto”
Emirlendris Benítez es una de las 21 mujeres detenidas por motivos políticos. Fue detenida el 5 de agosto de 2018, en el estado Portuguesa, a unos 400 kilómetros al suroeste de Caracas, por supuestamente estar vinculada con el intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro registrado un día antes.
Estuvo aproximadamente un año en la Dirección General de Contrainteligencia General (DGCIM) en Boleíta, en el este de Caracas y posteriormente fue trasladada al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) en Los Teques, a unos 30 kilómetros al suroeste de la capital venezolana. Desde entonces, allí permanece.
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En la DGCIM “fue torturada y producto de las torturas le provocaron un aborto”, denunció una de sus hermanas en un video divulgado en agosto de 2020, en el que, además, aseguraron tener 7 meses sin saber de ella.
A sus familiares la vida también les cambió “radicalmente”. “Esto nos ha afectado emocionalmente y sentimentalmente”, dice a la VOA con voz temblorosa una pariente de Emirlendris que prefiere no ser identificada y que asegura estar sufriendo ataques de pánico a raíz de la detención.
Esta mujer es cuidadosa y breve al responder, pero con determinación insiste en que “ella es inocente de todos los cargos que le imputan”.
“Me da miedo, no vaya a ser que lean eso y vayan a tomar represalias con ella adentro”, subraya tras asegurar que la última vez que la vio fue hace una semana en tribunales, luego de que nuevamente fuera suspendida una audiencia de juicio.
“La vi deprimida, porque en dos ocasiones no hicieron audiencia”, se limita a comentar, pues prefiere evitar dar detalles sobre el encuentro.
Sostiene que actualmente están trabajando para que la justicia autorice su traslado a un centro de salud para que sea sometida a una revisión médica, porque “tiene una hernia, un mioma en un ovario, retención de líquido y dolores de cabeza”.
Una o dos veces al mes la visita en la cárcel durante una hora. Narra que en ese momento come los alimentos que lleva preparados y le deja algunos otros. Está segura de que Ermilendris no cuenta “muchas cosas” para no hacerlos “sufrir”.
“Duermen uno arriba de otro y no tienen agua”
El 12 de septiembre de 2020, uniformados de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) irrumpieron en la casa de Ivonne Barrios, de 34 años. Desde ese momento, su familia no ha podido verla ni una sola vez, pues está recluida en el Instituto de Orientación Femenina, en Los Teques, (Miranda), a unos 600 kilómetros de Los Puertos de Altagracia (Zulia), donde viven sus parientes.
Para ellos, la pandemia y sus precarios ingresos han hecho cuesta arriba poder visitarla. Sin embargo, conocen las condiciones en las que se encuentran los centros penitenciarios de Venezuela: “duermen uno arriba de otro, no tienen agua, no sé si le dan comida”, relata su hermano, Kenny Barrios, en comunicación telefónica con VOA.
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Las noticias que tienen de ella llegan por cuenta de una amiga, quien los apoya llevándole comida y artículos de higiene personal, “pero no sabemos si las autoridades se los entregan”, acota.
Esa misma amiga les ha contado que “Ivonne está un poco más delgada, anda deprimida, ha llorado mucho”, añade Barrios, pues cumple 9 meses sin tener contacto con su hijo de 18 años. “Ella era el pilar de nuestra familia”, dice.
A Barrios se le señala de conspiración y asociación para delinquir, por estar presuntamente vinculada con Heath Mattew Jhon, el supuesto espía estadounidense, que según el gobierno nacional, pretendía sabotear una instalación petrolera en el estado Falcón, al noroccidente de Venezuela
“No sabemos de dónde salió ese gringo. El esposo de Ivonne tiene una línea de taxis; le pidieron llevar a un hombre desde Maracaibo hasta Punto Fijo y él aceptó. Él ni sabía quién era ese señor, nadie lo conocía”, explica Barrios. Pero por ese traslado, Ivonne fue vinculada con el supuesto espía, porque era propietaria del vehículo donde viajaban su esposo y el hombre de origen americano.
Diversas instancias internacionales han cuestionado la situación en materia de DDHH en Venezuela.
Tanto la Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela como la Fiscalía de la Corte Penal Internacional han resaltado que existen “motivos razonables para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad”.
Sin embargo, en varias ocasiones el fiscal general, Tarek William Saab, ha manifestado estar comprometido con la promoción de la paz y el respeto a los derechos fundamentales de los venezolanos.
Con información de VOA
