A través de Gaceta Oficial, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) de Venezuela recibieron la orden de transferir la custodia de sus detenidos al Ministerio para el Servicio Penitenciario.
La Gaceta número 42.125, que se encuentra en la página de la imprenta nacional, explica que estos órganos de seguridad e inteligencia deberán transferir al ministerio “el ejercicio de las funciones de custodia de personas privadas de libertad, en un plazo de treinta (30) días contados a partir de la entrada en vigencia de este Decreto”.
El documento tiene fecha del pasado miércoles 12 de mayo. Hasta el momento, desde el ministerio no se han referido a la decisión.
Delsa Solórzano, presidenta del Comité de Justicia y Paz del Parlamento de 2015, de mayoría opositora, explicó la madrugada de este martes que esta decisión implica “trasladar a los presos políticos a cárceles comunes”.
#URGENTE Gaceta Oficial 42.125, contiene decreto 4.610 de Nicolás Maduro, donde ordenó a Dgcim y a Sebin transferir la custodia de privados de libertad al Min de Servicios Penitenciarios. Ello implica trasladar a los presos políticos a cárceles comunes https://t.co/ziSFGSKjtt
— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) May 18, 2021
Derechos violados
Por su parte, la ONG Observatorio de Derechos Humanos, rechazó el traslado. «Los presos políticos que se encuentran en las sedes de la DGCIM y del SEBIN, además de la gravedad de estar presos por razones políticas o de conciencia, han sido sometidos a gravísimas violaciones a sus derechos humanos, tales como torturas, tratos crueles, degradantes e inhumanos y la negación de mínimos servicios de alimentación, salud, higiene, comunicación y visitas con sus familiares y, en medio de todo, violación sistemática al debido proceso».
«A toda esta dantesca situación, se suma ahora el inminente traslado a cáceles comunes – no habiendo cometido delitos de esta naturaleza – tanto como probado sus responsabilidades en delito alguno, y se ordena sean llevados a cárceles comunes, siendo suficientemente sabidas las condiciones de hacinamiento e insalubridad de esos centros, más los desbordados niveles de violencia, devenidos incluso en masacres denunciadas por las organizaciones venezolanas que atienden esta dramática situación», agrega.
En consecuencia, denuncia «los gravísimos impactos de esta medida, pues ponen en mayor riesgo la vida y la integridad física de los presos políticos venezolanos, puesto que si ya antes se encontraban en instalaciones donde eran sometidos a torturas y otros delitos contra los derechos humanos, ahora sus vidas son dejadas a la suerte
de la violencia e insalubridad predominantes en las cárceles venezolanas. De tal manera que esta decisión pone en peor riesgo la situación de los presos políticos y de sus familiares quienes, además serán aún más golpeados en las posibilidades de proveerlos de los insumos necesarios para su subsistencia, tales como agua potable, alimentos y medicinas».
Con información de VOA y Curadas
