Más de 100 ONG, encabezadas por La Red Naranja, activistas y defensores de derechos humanos, exigieron al Estado venezolano cumplir con sus obligaciones para erradicar la violencia contra las mujeres.
En un comunicado, las organizaciones se refieren a «las innumerables y lamentables denuncias públicas realizadas por las víctimas y sobrevivientes durante los últimos días, principalmente en redes sociales sobre los múltiples tipos de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes en Venezuela».
Recordaron lo que expresó recientemente la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acerca de «las deficiencias en el marco legal venezolano en materia de violencia basada en género».
Afirman que «las fallas estructurales de las instituciones del Estado continúan impidiendo a las mujeres el disfrute de su derecho a una vida libre de violencia. Esta situación se ha visto agravada por la crisis institucional y humanitaria por las que atraviesa el país y aún más, por la actual pandemia de COVID-19».
«Exigimos que las víctimas puedan tener acceso a la justicia, en el marco del debido proceso, en respeto de sus derechos humanos como mujeres y como lo indica la Recomendación Número 33 del Comité sobre la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)».
También exhortan «a que se garantice el acceso a la justicia para las víctimas y se cumpla con la debida diligencia en las investigaciones, sin que medien estereotipos o prejuicios de género, ni prácticas discriminatorias que sean ejercidas por las y los funcionarios del Estado venezolano».
A su vez, piden «que las víctimas sean escuchadas y no revictimizadas sobre la base de juicios de valor que replican dinámicas de poder fuertemente arraigadas en la sociedad venezolana, restando de entrada credibilidad de los hechos, con el consecuente riesgo de amedrentamiento contra las denunciantes y sus familiares. Es necesario garantizar una ruta de atención adecuada, integral, especializada y coordinada entre las distintas instituciones responsables».
Insisten «en que las acciones del Estado venezolano deben centrarse en crear políticas de prevención y medidas efectivas para la erradicación de la violencia basada en género, para que no se repitan acciones de violencia machista, por las cuales mujeres, niñas y adolescentes son vulneradas y afectadas en su dignidad. Recordamos que las medidas generales de prevención, según los estándares internacionales, incluyen todas aquellas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos, tales como un marco jurídico de protección idóneo. El Estado venezolano debe llevar a cabo las acciones que sean necesarias para garantizar su aplicación».
Con información de Curadas
