“Una persona que fue secuestrada en la frontera de Táchira en 2019 aportó su testimonio a FundaRedes relatando que mientras era movilizada entre San Antonio y Ureña hasta el lugar donde permanecería por más de dos meses en poder de guerrilleros del ELN, sus captores conversaban amablemente con los uniformados en las alcabalas de la frontera mientras ella permanecía maniatada, amordazada y vendada en la parte trasera del vehículo”.
Sebastiana Barráez | Infobae
De historias como esas habla el Informe Anual que este viernes 30 de abril presenta la ONG FundaRedes, en el cual destaca que los Grupos Armados Irregulares (GAI) en Venezuela “ha recibido, por acción o por omisión, la protección, complacencia, o hasta connivencia de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano, por iniciativa de los responsables de sus unidades operativas, o por la inspiración devenida del discurso de líderes connotados de la jerarquía política y militar del país”.
Un hecho necesario de visibilizar es el de las “ejecuciones judiciales bajo el manto protector de presuntos enfrentamientos”, que Fundaredes denuncia como “denominador común para disfrazar afectaciones directas del derecho a la vida a cargo de organismos de seguridad del Estado venezolano”.
Un dato escalofriante es que “en el primer trimestre del año 2020 se produjeron 252 muertes en medio de supuestos enfrentamientos armados entre delincuentes y cuerpos policiales y militares, según información oficial, lo que constituye un manejo irregular del uso de la violencia legítima por parte de los organismos de seguridad del Estado”. El año pasado ocurrieron 555 enfrentamientos en la zona fronteriza, donde perdieron la vida 855 personas.
Para la ONG, “la labor del Estado ha quedado desvirtuada por la existencia de organismos de seguridad señalados de cometer ejecuciones extrajudiciales, principalmente funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), pertenecientes a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la Guardia Nacional y el Comando Nacional Antisecuestros (Conas). De estos cuerpos de seguridad destaca por su crueldad las FAES, unidad de élite creada en el año 2017 por orden directa de Nicolás Maduro”.
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Las FAES, señaladas por desapariciones extrajudicialesSubraya que FAES “acumula denuncias de abusos y violaciones a los derechos humanos, y se ha convertido en sinónimo de represión y terror en todo el país. Se presentan en despliegues de entre 5 y 30 hombres vestidos de negro, encapuchados, armados con fusiles de asalto y sin más identificación que la imagen de una calavera como insignia”.
“Sobre este grupo altamente entrenado, la Alta Comisionada de DDHH de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, tras su visita a Venezuela en julio de 2019, recomendó al Estado venezolano su disolución, a la par de establecer un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional. Bachelet considera necesario asegurar que sus responsables rindan cuentas, así como que las víctimas sean reparadas. Hasta la fecha esta recomendación no ha recibido cumplimiento”.
Recuerda que el grupo “ha ejecutado acciones incluso contra personas vinculadas a sectores de poder, en situaciones que nunca fueron aclaradas y que evidencian el menosprecio que por la vida tienen”, y señala el caso del asesinato de cinco personas, entre ellos un escolta de la entonces ministra Iris Varela.
“Y es que las FAES se han convertido en un grupo que ha generado fuertes posiciones nacionales e internacionales de rechazo y del cual el gobierno no brinda información confiable. Esa opacidad impide conocer con exactitud el número de efectivos que integran las FAES y otros cuerpos policiales que han sido vinculados con denuncias de ejecuciones extrajudiciales. Estas acciones de los GAI y de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano alteran el ordenamiento jurídico internacional y el ordenamiento jurídico interno de nuestro país, contentivos de disposiciones legales que brindan un bloque normativo protector”.
