Las protestas han continuado en Venezuela pese a la pandemia del COVID-19. En 90 días hubo al menos 1.506 manifestaciones en exigencia a mejorar la calidad de vida y las vacunas contra el virus.
Un informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) señala un promedio de al menos 17 protestas diarias. Una cifra que es 24 % menor en comparación con el mismo período de 2020 pero alarmante tomando en cuenta la pandemia.
De las 1.506 manifestaciones registradas, 1.144 estuvieron relacionadas a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (76 %).
Unas 362 protestas fueron por derechos civiles y políticos, lo que refleja que en este período empeoró la estigmatización y criminalización a defensores de derechos humanos y periodistas.
Conflictividad social en el primer trimestre
Trabajadores del sector salud, que son la primera línea de combate contra la pandemia, han exigido condiciones mínimas para hacer frente al COVID-19. Médicos, enfermeras y demás profesionales del gremio denuncian que ejercen su labor sin que el Estado le garantice su derecho a la salud y proteja su vida.
Las protestas en hospitales han sido porque los empleados de la salud trabajan sin insumos, equipos y materiales de bioseguridad, infraestructura, salubridad, dotación e inseguridad en los centros hospitalarios de todo el país. Además, como ha ocurrido en otros gremios, rechazan la migración de nómina al Sistema Patria, lo
que ha generado innumerables retrasos.
Trabajadores de las Industrias Básicas de Guayana viven en una incertidumbre que los mantiene en pie de lucha, y que ha caracterizado su protesta en defensa de los derechos laborales. Los sindicatos, federaciones y representaciones gremiales se han mantenido activos, y en alianza para fortalecer las protestas sociales, a pesar de las amenazas, la criminalización, la judicialización y las condiciones de vulnerabilidad en sus cargos.
Los transportistas exigen garantías para su trabajo. Como otros gremios han protestado para exigir ajustes en las tarifas del pasaje, mejores condiciones de trabajo, insumos, materia prima y planes de abastecimiento de combustible libre de restricciones y extorsiones.
Por su parte, los productores, agricultores y cañicultores se declaran en emergencia por falta de combustible.
Finalmente, comerciantes y trabajadores del sector informal protestan en rechazo a las medidas restrictivas en cuanto a horarios, cobros excesivos de impuestos, abuso de poder y retención de mercancía por parte de funcionarios de organismos municipales y cuerpos de seguridad del Estado
Con información de Curadas
