Con el respaldo unánime de demócratas y republicanos, el Senado de Colorado le dio este miércoles aprobación final a un proyecto de ley que criminaliza la extorsión y las amenazas a inmigrantes, sea para exigirles dinero, obligarlos a someterse a tareas ingratas o para que no denuncien crímenes o abusos.
La nueva ley, conocida como HB21-1057 y patrocinada por el senador estatal Robert Rodríguez, forma parte de un paquete de una docena de leyes (algunas todavía en debate) que buscan proteger a los inmigrantes de Colorado de las consecuencias sociales de la pandemia de covid-19 y de actos de racismo y discriminación.
“Esta ley es una ley de seguridad pública. Si le damos valor a la seguridad pública y queremos que todos los crímenes se reporten, entonces resulta crítico asegurarnos de que las víctimas de esos crímenes, sin importar su situación migratoria, nunca tengan que preocuparse de reportar los crímenes a las fuerzas del orden”, dijo Rodríguez, demócrata de Denver, durante el debate antes de la votación final.
Según el legislador, la nueva medida permitirá que inmigrantes, con o sin presencia legal en el país, que sean víctimas de violencia doméstica, abusos físicos, tráfico de personas, trabajos forzados, robo de salarios “o cualquier otra actividad ilegal” reporten esos ilícitos ante las autoridades competentes.
Rodríguez enfatizó que la ley protege a los indocumentados “de las realidades sociales que las comunidades indocumentadas enfrentan regularmente en todo Colorado”.
Según la Oficina del Censo, casi 10 % de los 5,7 millones de residentes en Colorado provienen del extranjero. Y según la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Colorado (CIRC), unos 150.000 indocumentados viven en este estado.
La ley HB21-1057 expende las medidas de protección contra la extorsión criminal que existen en Colorado desde hace casi cuatro décadas pero que, hasta el momento, no incluían a los indocumentados ni contemplaban circunstancias como delitos contra los indocumentados precisamente por su precaria situación migratoria.
Recientemente, por ejemplo, un expolítico republicano fue detenido en el oeste de Colorado por extorsionar a un número indeterminado de inmigrantes, recibiendo de cada una de las víctimas miles de dólares para evitar que el ahora detenido las denunciase ante el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
En otro caso, en el condado de Boulder (al noroeste de Denver) una víctima de violencia doméstica no denunció a su agresor por las amenazas de “hacer que la deporten”. Y aun en otro caso, un contratista dejó de pagarles a sus empleados inmigrantes, indicándoles que él llamaría al ICE si se quejaban.
Según Rodríguez, “todos esos escenarios y muchos más ahora están cubiertos por la nueva ley para que en ningún caso se utilice la situación migratoria de una persona para extorsionarla”.
