La Oficina de Derechos Humanos de la ONU que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet renovó su acuerdo con el régimen de Maduro, que aceptó que los funcionarios de la organización en el país tengan una mayor autonomía jurídica.
Así lo reveló hoy Bachelet al presentar una actualización oral de la situación en Venezuela en la sesión inaugural del Consejo de Derechos Humanos.
Indicó que el nuevo acuerdo permitirá desplegar un equipo de seis funcionarios en el país, frente a los dos que tiene actualmente, aunque la voluntad de Bachelet es establecer una verdadera oficina en Caracas.
Según la alta comisionada, el primer año del acuerdo permitió avanzar en la cooperación técnica, como la revisión de protocolos policiales sobre el uso de la fuerza o el compromiso asumido por el fiscal general de avanzar en la investigación de 58 presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad.
Ese ofrecimiento abarca también 35 casos de muertes durante protestas que la Oficina de Bachelet tiene debidamente documentados.
Por primera vez, los dos funcionarios de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU pudieron entrevistar de forma confidencial a 39 detenidos vinculados a casos significativos, lo que Bachelet valoró como “un salto cualitativo” en la colaboración con las autoridades.
De otra parte, la alta comisionada pidió al régimen continuar con la liberación “de todos quienes han sido detenidos arbitrariamente”, tras expresar satisfacción por la liberación reciente de 110 personas.
Esta medida -opinó- contribuye a la distensión política y a la apertura del espacio democrático.
Advertencia sobre el protagonismo de FFAA latinoamericanas
En lo que respecta el resto de la región, Bachelet advirtió que las fuerzas armadas de algunos países latinoamericanos se están involucrando en asuntos públicos o en tareas de seguridad que corresponden a la policía, y pidió que esto no se vuelva algo común y que se vigile.
Esta tendencia parece ser clara en países como Brasil, México y El Salvador, que Bachelet mencionó en la presentación de su informe sobre la situación global de los derechos humanos ante el Consejo de Derechos Humanos que reanudó hoy sus sesiones en Ginebra.
No obstante, en otros países también se está llamando a las fuerzas armadas a intervenir en cuestiones que salen de sus competencias, lo que Bachelet pidió que, si ocurre, se haga de forma “excepcional” y con un control efectivo.
Este informe coincide con el drama que se vive en Latinoamérica por la expansión del coronavirus, del cual se contabilizan más de ocho millones de casos confirmados, de un total de casi 29 millones a nivel mundial.
Según el análisis de la alta comisionada, la pandemia ha expuesto las profundas desigualdades de desarrollo entre países y dentro de ellos en Latinoamérica, lo que sumado a sistemas democráticos frágiles puede provocar levantamientos sociales.
En medio de esta crisis social, los activistas y periodistas, particularmente aquellos dedicados a la defensa del medio ambiente y del derecho a la tierra, están sufriendo persecución a niveles rara vez vistos en democracia.
“Pido a los gobiernos que se abstengan de desacreditar a los defensores de los derechos humanos y periodistas porque esto los pone en más riesgo de sufrir ataques. También aliento que se investigue y procese a los autores”, dijo Bachelet.
Para sostener su afirmación, la Oficina de la alta comisionada ha documentado en Colombia el asesinato de 47 activistas en lo que va de 2020, con otros 44 casos en curso de verificación; mientras que en México los periodistas muertos en circunstancias violentas han sido 4 y siete los activistas.
En Honduras el colectivo LGBTI es el grupo más perseguido y siete mujeres trans han sido asesinadas desde que se impuso el estado de emergencia a mediados de marzo, coincidiendo con la llegada de la pandemia a Latinoamérica.
La violencia rural y los desalojos de comunidades sin tierra en Brasil se suman a los ataques contra activistas y periodistas, con un total de 10 asesinados este año.
“La continúa erosión de los órganos independientes para la consulta (en Brasil) y participación de las comunidades es preocupante”, criticó Bachelet.
En su primer día de sesiones, el Consejo de Derechos Humanos también recibió información actualizada de Bachelet sobre la situación en Nicaragua.
El Gobierno de Nicaragua mantiene su negativa a dialogar con la ONU para intentar rebajar las tensiones y, peor aún, Bachelet dijo que se ha confirmado que la Ley de Amnistía aprobada en 2019 “ha favorecido la impunidad de los responsables de graves violaciones de derechos humanos” contra participantes en manifestaciones antigubernamentales.
(Con información de EFE)
