Un total de 127 militares venezolanos aún están encarcelados a pesar de que la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha emitido dos informes en los cuales recomienda, entre otras cosas, que se liberen todos los presos políticos que existen en el país.
La abogada Doria Benaím, miembro de la Fundación de Familiares de Presos Políticos Militares de Venezuela, consideró como alarmante la cifra de uniformados que se encuentran tras las rejas y recordó que en julio, de este año, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU instó al Estado venezolano a tomar medidas urgentes a fin de poner en libertad a todos los presos políticos del país, fueran civiles o militares.
“Al día de hoy, cuando se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, esas medidas siguen siendo nulas y en la práctica no existen, no son palpables. Esto demuestra que el régimen no desea detener o remediar las graves vulneraciones de los derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales de los venezolanos”, dijo la abogada.
Benaím explicó que dentro de esta larga lista aparecen, entre otros, 1 General en Jefe, que es Raúl Isaías Baduel, ex ministro de la Defensa, 7 generales de Brigada, 13 Coroneles, 14 Tenientes Coroneles, 7 mayores, 5 Tenientes y 18 Primer Tenientes, además de varios Tenientes de Navío, Alferez de Navío, Capitanes de Corbeta y Sargentos de varios rangos.
Hasta septiembre de este 2019, estos oficiales se encontraban recluidos en la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM), ubicada en Boleíta, en Caracas, Fuerte Tiuna, Centro Penitenciario La Pica (estado Monagas), Centro Penitenciario de Occidente Santa Ana (estado Táchira), El Helicoide y la Cárcel de Ramo Verde (estado Miranda).
La abogada Doria Benaím clasificó los casos de la siguiente manera: Armagedón (2018), Operación Vuelvan Caras (2019), Magnicidio-Drones (2019), Operación Constitución (2019, Movimiento Transición a la Dignidad del Pueblo (2018), Caso Gobernadora de Monagas (2019), Caso Copei (2017), Operación Libertad (2019), intento de golpe de Estado (2017), Operación Jericó o Golpe Azul (2014), Magnicidio a Hugo Chávez (2012), Fuerte Paramaconi (2017), Por romper el Carnet de la Patria (2017), Caso fuga Laided Salazar (2018), Golpe Fénix (2015), Movimiento Espada de Dios (2017), Caso Óscar Pérez (2018) y Caso Cotiza (2019).
Cabe destacar que al fallecer el expresidente venezolano, Hugo Chávez Frías, solo el General en Jefe, Raúl Isaías Baduel y el Teniente Coronel, José de Jesús Gámez Bustamante, de la Guardia Nacional Bolivariana, se encontraban detenidos. Todos los demás uniformados han sido encarcelados durante el régimen de Nicolás Maduro.
Estas detenciones masivas de militares comenzaron a concretarse en enero de 2018 cuando varios oficiales, de rango Primer Teniente, fueron aprendidos por estar presuntamente relacionados con Óscar Pérez, subinspector del CICPC que cobró notoriedad pública al sobrevolar un helicóptero en Caracas. Pérez fue asesinado en la llamada “Masacre del Junquito”, el 15 de enero de 2018.
De igual manera, destaca el caso del Teniente Coronel Igbert Marín Chaparro, quien fue detenido el 2 de marzo de 2018. Para el momento de su detención, Chaparro era el Comandante del Batallón Ayala asentado en Fuerte Tiuna. El Batallón Ayala es el componente militar con mayor poder de fuego en la ciudad capital, su operatividad es de tal importancia que presta apoyo a la Casa Miliar en el resguardo de la seguridad e integridad física del jefe de Estado y sus familiares.
En esta misma fecha fueron aprendidos casi todos los comandantes de batallones del país, medida que puso en riesgo el poder de fuego y la operatividad de la FAN.
Informes orales y escritos
El pasado mes de junio del presente año, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, realizó una visita oficial a nuestro país. Durante su estadía en suelo venezolano (19 al 21 de junio) la funcionaria se reunió con representantes del Gobierno de Nicolás Maduro, de la oposición y víctimas o sus familiares.
El día 5 de julio, emitió un informe en el cual instó al Gobierno de Venezuela a adoptar de inmediato medidas específicas para detener y reanudar las graves vulneraciones en derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales que ese organismo había documentado.
En esa oportunidad, solicitó expresamente que se resolvieran los casos de los presos políticos y que se pusiera fin a las condenas que pesan sobre la juez 31 de control María Lourdes Afiuni, condenada por “corrupción espiritual” y el editor Braulio Jattar, condenado por legitimación de capitales. Ninguno de estos casos se ha resuelto aún.
Dos meses después, el 9 de septiembre, durante la reunión anual en Ginebra, Suiza, Bachelet, se pronunció nuevamente sobre el caso Venezuela. En esta oportunidad dijo que las ejecuciones judiciales continúan y que las Fuerzas de Acciones Especiales de la PNB, FAES, eran las responsables de estas muertes, por lo tanto, solicitó la disolución de este cuerpo policial dedicado al exterminio.
“Continúa la violación de Derechos Humanos de millones de venezolanos, no tienen acceso a servicios de salud ni medicamentos y el salario mínimo y las pensiones de vejez es de apenas 2 dólares mensuales”, indicó Bachelet.
Una pequeña delegación, adscrita a la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU, quedó trabajando en suelo venezolano, en consecuencia, se espera que se continúe documentando la grave situación de Derechos Humanos que se vive en el país.