El gobierno de Donald Trump anunció el lunes que reconsiderará su decisión de forzar a migrantes que tienen condiciones de salud graves a regresar a sus países de origen, una medida que fue tomada de manera abrupta a finales de agosto y que despertó indignación y criticas de expertos médicos.
El 7 de agosto el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) dijo, sin aviso previo, que se eliminaba una acción diferida que les daba prórroga contra la deportación a inmigrantes que recibían cuidado médico vital o a sus familiares.
La agencia, parte del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, envió cartas a las personas que habían solicitado extender ese alivio contra la deportación, que debe hacerse cada dos años. En las cartas decían que ya no se iban a atender las solicitudes y que las personas debían salir de Estados Unidos en un plazo de 33 días o de otro modo serían deportadas.
El lunes, USCIS indicó en un comunicado que considera “apropiado” limitar el programa, pero que los funcionarios “completarán la revisión de casos pendientes vigente al 7 de agosto”.
Continúe leyendo en el artículo original The New York Times
