Foto referencial / AFP

Mayo 3,2019.- Los colectivos paramilitares tomaron la batuta de la represión. El secreto a voces acerca de su participación con los cuerpos de seguridad, en el contexto de las manifestaciones, parece desvanecerse cada vez más rápido. Solo en su actuación durante las protestas del martes 30 de abril tienen –presuntamente– responsabilidad en la muerte de un joven en el estado Aragua y en las heridas de bala que recibieron 14 personas en Caracas, publica Crónica Uno.

Samuel Enrique Méndez, de 24 años, fue sometido por un grupo de hombres armados y funcionarios de la Policía del municipio Ribas de Aragua, mientras manifestaba en el sector La Mora. Testigos dijeron que le dieron una golpiza y cuando sus compañeros lo rescataron tenía un tiro en el tórax.

Según la información de la periodista Gregoria Díaz, los familiares del joven han recibido amenazas policiales para que no le realicen un velorio y lo entierren en una fosa común.

Con su muerte se elevó a 57 la cifra de fallecidos en el país en protestas de lo que va de año. 53 han muerto por impactos de bala, según Provea 80 % de las muertes son responsabilidad de policías, militares y colectivos paramilitares.

El 30 de abril también hubo 14 heridos de bala en Caracas, aparentemente a manos de colectivos armados. Fueron ingresados a Salud Chacao, la Clínica Ávila y la Policlínica Metropolitana. Milagros Rodríguez, de 32 años, fue una de las víctimas de estos grupos de choque gubernamentales. Recibió dos tiros en el abdomen cuando transitaba a la altura del Ministerio de Transporte de Chacao y testigos indicaron que quienes dispararon eran civiles.

“Ella iba pasando por ahí, iba a su casa, cuando estaban disparando en Chacao. Vimos a civiles en los edificios, tenían armas de fuego. Se estaban disparando con los Polimiranda”, contó un testigo.

Esta arremetida ocurrió horas después de la insurrección cívico-militar la madrugada del martes 30 de abril, liderada por el presidente de la Asamblea Nacional (AN) e interino de la República (Art. 233) Juan Guaidó y el coordinador de Voluntad Popular, Leopoldo López, frente a la base aérea La Carlota.

Varias personas se acercaron hasta el distribuidor Altamira, en la autopista Francisco Fajardo, en apoyo a los dirigentes, que aseguraban era el inicio de la Operación Libertad. La represión por parte de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y colectivos armados comenzó a esa altura y se dispersó hacia la plaza Altamira, Chacao y Chacaíto. Las acciones se prolongaron por 14 horas.

Los colectivos armados tuvieron carta blanca para actuar. Tras conocerse la rebelión, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, les pidió apoyo para la defensa del pueblo. También el líder de La Piedrita, en el 23 de Enero, Valentín Santana, difundió un video en las redes sociales llamando a estos grupos a defender al país con las armas.

Estos grupos han tenido presencia en la represión chavista desde 2002 de forma no tan directa con los círculos bolivarianos. En 2005 ganaron terreno con el personal de salud a quienes hostigaron en hospitales, también lo hicieron en comunidades con el dominio de la comida o la seguridad.

Ya en el año 2014 su práctica fue “abierta” con los cuerpos de seguridad, actuando libremente ante la vista indiferente del Gobierno. Y en 2017 Provea registró 3.500 casos de violaciones a la integridad de las personas y los colectivos paramilitares, y cuerpos de seguridad, tuvieron 28 % de responsabilidad. Este año ha sido más abierta su participación con los recursos del Estado, al igual que las FAES.

Muere el apoyo, nace el descontento

El gobierno de Maduro suena insistentemente con esta petición de apoyo a la defensa del país, sobre todo desde principios de 2019, cuando creció el descontento en las filas de los grupos de exterminio como la GNB y PNB a la par que en las comunidades.

Además Guaidó reitera constantemente que las Fuerzas Armadas ya no apoyan a Maduro y las fracturas internas han crecido a tal punto que al Gobierno le tocó recurrir a los colectivos armados y a las FAES para mantener el control y respeto, especialmente en la joya de la corona para el chavismo: los barrios.

Inti Rodríguez, defensor de los derechos humanos e investigador de Provea, explicó que al Estado le tocó apelar a estos grupos para reprimir con más brutalidad a quienes no apoyen a Maduro. Es su manera de detener el descontento y recuperar el terreno en los barrios.

Lea el reportaje completo en Crónica Uno

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