Marzo 18,2019.- Durante el fin de semana en curso, familiares, amigos y colegas de la Juez María Lourdes Afiuni han estado denunciando la situación crítica y actual del juicio de la conocida “presa política de Chávez”. La campaña #AfiuniEsInocente, divulgada a través de las redes sociales, alerta que el lunes 18 de marzo existe la posibilidad de que la Juez Afiuni sea condenada sin pruebas y devuelta a la cárcel por el régimen criminal y el poder judicial usurpador que impera en Venezuela.
“Este proceso, plagado de violaciones al debido proceso, ha durado 9 años y tres meses, desde el fatídico día en el que Hugo Chávez condenó en cadena nacional a la Juez Afiuni”, señaló desde Miami el abogado José Amalio Graterol, quien formó parte del equipo defensor del caso hasta que fue forzado al exilio en diciembre de 2017. “Este es un proceso en el que no solo no existen pruebas en contra de la acusada, sino que ha sido interrumpido en tres oportunidades. La más reciente fue desde la etapa de recepción de pruebas, el 30 de enero del año 2018 hasta el 22 de febrero de 2019 porque el Juez de la causa, Manuel Antonio Bognanno no dio despacho en la causa”, indicó.
Según Graterol, el 22 de febrero del año en curso, la Defensa recusó al juez Bognanno porque había sido denunciado penalmente por denegación de justicia ante la Fiscalía del Ministerio Público y solicitó un cómputo de los días de despacho transcurridos desde la última audiencia realizada. “Lo sorprendente es que el juez no decidió en ese momento la recusación (que es por causa sobrevenida), negó la solicitud de cómputo de los días de despacho y fijó el juicio para el día 15 de marzo a pesar de que la Defensa alega que el juicio está interrumpido porque no ha habido inmediación ni concentración en el proceso judicial”, prosiguió Graterol.
El juicio de la Juez Afiuni es considerado el proceso con mayores violaciones de derechos y garantías constitucionales de la historia judicial de Venezuela porque su caso, investigación y proceso ha sido tergiversado, viciado e infundado. “En estos 9 años y 3 meses, ningún juez se ha atrevido a terminar este juicio porque evidentemente es un proceso sin medios de prueba, donde no hay ni un solo elemento de convicción que estime que la Juez Afiuni haya cometido ningún delito, salvo contrariar la voluntad de Hugo Chávez. El Juez Bognanno, quien ha desestimado todos los recursos interpuestos por la Defensa, decidió su propia recusación declarándola sin lugar y se dispone a condenar a la Juez Afiuni el 18 de marzo sin que se haya probado su culpabilidad”, resaltó Graterol.
El 15 de marzo, no se dio el juicio porque fueron asignados nuevos fiscales del Ministerio Público que no habían participado en las audiencias realizadas en 2016 y 2017. Los fiscales pidieron tiempo para revisar el voluminoso expediente antes de ir a la etapa de conclusiones y el juez Bognanno les permitió revisarla sólo el 15 de marzo. “El juez Bognanno les dijo a los fiscales que no había más tiempo qué perder y que el juicio continuaría el lunes 18 de marzo con la intención de sentenciar inmediatamente ese mismo día, prosiguió Graterol, quien destacó que el Juez Bognanno negó la solicitud de cómputo de días de despacho solicitada por la Defensa, la cual alega que el juicio está interrumpido porque no ha habido inmediación ni concentración en el proceso judicial”.
A la Juez Afiuni se le acusa por corrupción propia, cargo que conlleva a una pena máxima de hasta 7 años (cuando este proceso ya tiene 9 años en los cuales ella ya ha tenido medidas de coacción personal) y una pena pecuniaria que la mitad del dinero prometido o recibido, abuso de autoridad y favorecimiento para la evasión del detenido. Para Graterol, “En todo el proceso judicial de la Jueza Afiuni se ha demostrado claramente que no hubo dinero ni promesa de dinero, por lo cual sería inejecutable esta sentencia porque el juez no tendría cómo decidir el monto de un dinero que nunca se prometió ni nunca se recibió”.
Con respecto al delito de abuso de autoridad, Graterol señaló que la Dra. Afiuni, quien era Juez de Control, tenía la posibilidad de revisar la medida de cualquier detenido conforme al artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela. Esta revisión fue solicitada por la ONU y los abogados del acusado para aquél entonces. Igualmente, a la Juez Afiuni le acusando de favorecimiento para la evasión del detenido, esto se trata de cuando alguien está detenido y otro trata de evadirlo, le abre la puerta de la cárcel, por ejemplo. No cuando un juez toma una decisión donde deja en libertad a una persona porque ya esa persona deja de ser detenido. “Esta fue una orden de Hugo Chávez y ahora nos tememos que ahora haya otra orden para generar miedo en la población y mostrarse como un régimen fuerte”, prosiguió Graterol.
Según la cronología del caso reseñada por el Observatorio Venezolano de la Justicia, organización no gubernamental dedicada a monitorear la administración de justicia y el estado de derecho en Venezuela, la Juez Afiuni se convirtió en 2009 en unos de los principales ejemplos del deterioro de la institucionalidad venezolana. “Transcurrida casi una década desde los hechos que convirtieron a Afiuni en una presa del Gobierno, el recuento de su caso permite mostrar la ausencia de independencia del sistema de administración de justicia venezolano, así como también la falta de separación de poderes y los abusos en los que incurren los funcionarios de seguridad del Estado, entre otros males que cada vez más aquejan al país…”.
La Juez Afiuni, quien fuera aprehendida sin orden judicial el 10 de diciembre de 2009 por haber actuado conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal venezolano y haber cumplido con una resolución de las Naciones Unidas contra las detenciones arbitrarias; estuvo privada de libertad sin juicio durante dos años hasta que en el 2011 se le dictó arresto domiciliario a causa de su deteriorado estado de salud. Actualmente se encuentra cumpliendo una medida cautelar de régimen de presentación cada dos meses.
“Tememos y queremos alertar a la colectividad nacional e internacional, a todos los organismos internacionales que han seguido el caso de la Juez María Lourdes Afiuni, que se pretende condenarla sin pruebas y devolverla a la cárcel en un momento en el que este caso servirá para desviar la atención sobre la grave situación que está atravesando Venezuela”, concluyó Graterol.
