Septiembre 02, 2018.- Eladia Guarisma no duerme bien por las noches. Ha sido un largo tiempo de desvelos, ansiedades y lágrimas a causa de la ausencia de su hijo, Nelson Omar Carpio, quien fue visto por última vez el 17 de noviembre de 2015, luego de que funcionarios de la PEB se lo llevaran a la fuerza en una patrulla del CCP Francisca Duarte. La justicia venezolana no ha respondido: en este tiempo solo ha habido una breve medida de privación de libertad para la directora de ese centro y tres imputados. Nelson Omar, quien cumple 20 años en este mes, sigue desaparecido.
“Yo quiero que mi hijo regrese, porque lo estamos esperando, estamos desesperados, es lo que le pido a los organismos competentes, que mi hijo aparezca sea como sea, y que se haga justicia”. Mientras eso dice, la voz de Eladia Guarisma se quiebra. Ya son tres años de la misma lucha.
Parece que se ha dicho de todo sobre el caso de Nelson Carpio en estos años. Pero sobran las preguntas y carecen respuestas. Su paradero se desconoce desde aquella mañana de 17 de noviembre de 2015, cuando montaba bicicleta en el sector San José de Chirica, y fue detenido por un vehículo de la Policía del estado Bolívar.
Su madre, Eladia Guarisma, cuenta a la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) que recuerda con dolor cómo los vecinos le advirtieron que a su hijo lo habían agredido aquella mañana. Los testigos relataron que el joven mostró su cédula de identidad a los cuatro funcionarios, sin resistirse, pero fue golpeado e introducido con violencia en la patrulla, cuya identificación mostraba Centro de Coordinación Policial Francisca Duarte.
Guarisma casi no duerme pensando en su hijo; sueña con él, lo llama, piensa en ese martes en el que Nelson partió para no volver. Nada le ha dado sosiego porque el caso, aunque actualmente tiene 3 funcionarios imputados por el delito de desaparición forzosa, no le brinda ni una pista del paradero del adolescente.
Nada. Es lo que dice cada vez que alguien le pregunta. No hay nada que pueda decir. Los imputados no hablan. Las investigaciones parecen inexistentes.
3 años de dolor
El artículo 12 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, exhorta a los Estados a disponer de las facultades y recursos necesarios “para llevar a cabo eficazmente la investigación, inclusive el acceso a la documentación y demás informaciones pertinentes”.
La realidad de los familiares de Carpio es otra. “A mí nadie me ha dicho nada. Y nada he sabido de mi hijo. No tenemos confianza hacia los organismos de seguridad. Las autoridades competentes no han hecho nada. Lo que hemos logrado ha sido por la constancia de nosotros los familiares; ellos no nos han brindado ayuda”, se desahoga la madre, quien, ante la falta de respuestas del Estado, buscó asesoría legal en Codehciu desde principios de 2016.
En el transcurso de ese año fueron identificados e imputados dos funcionarios de la Policía regional, de los cuatro que estaban en el vehículo: Davison José Vargas y Cristian José Santana Díaz. A pesar de esto, como indica la madre, aún se desconoce qué le pasó a Nelson Carpio.
Pocas novedades
En febrero de 2017, Yerania Vargas, exdirectora del Centro de Coordinación Policial Francisca Duarte (San Félix) fue arrestada como cómplice de desaparición forzosa de persona y agavillamiento. Pero actualmente no está privada de libertad ya que cumple funciones en otro Centro de Coordinación Policial, según información de la ONG.
2018 inició con sabores amargos para los familiares del joven que cumplirá, dentro de poco, 3 años desaparecido. La familia, con ayuda de la ONG, denunció impunidad ante el caso, luego de que el juez del Tribunal 1° de Control del Circuito Judicial Penal extensión Bolívar, Carlos Oronoz, le otorgó medida de arresto domiciliario a Santana por razones de salud.
Esta medida era una violación del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), en su artículo 491, que dicta: “Procede la libertad condicional en caso de que el penado o penada padezca una enfermedad grave o en fase terminal, previo diagnóstico de un o una especialista”.
La única novedad del caso de Nelson Carpio es que la libertad condicional de Santana fue revocada en el mes de agosto de 2018, “en virtud que la Corte de Apelaciones declaró el recurso de apelación por una desproporcionalidad entre el delito imputado y la medida otorgada al imputado”, como explica el equipo jurídico de Codehciu.
Hay 3 imputados. Casi 3 años de trámites. Y prevalece el silencio. La familia intenta comprender cómo se desarrollan las averiguaciones con respecto al paradero de Carpio, quien fue maltratado por funcionarios del Estado y desapareció sin haber cumplido la mayoría de edad. Siguen sin respuestas.
Lágrimas y negligencia
Este 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Eladia Guarisma aún sigue su angustia. Como madre, no se imaginó que jamás volvería a ver a su hijo menor: “Los diciembres son tristes. Todos los años la pasábamos juntos; la pasábamos juntos porque era muy importante. Ahora está esa soledad, ese vacío allí que tenemos”.
A mediados de 2016, el caso fue remitido al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas. En mayo del mismo año, Codehciu solicitó designación de un fiscal con competencia nacional; un fiscal regional fue asignado al caso pero en su momento no realizó ninguna actuación en el expediente.
La detención de Carpio no solo fue arbitraria, sino que se trató de una grave violación de derechos humanos, reflejados en la Convención Internacional y también en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 45, 46 y 49, donde se le exhorta al Estado a manejar apropiadamente el delito de desaparición forzada.
También existe una vulneración de los artículos 5 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
“Yo pensé, lo detuvieron porque se opuso y por eso se lo llevaron. No pensé nada malo. No pensé que no lo iba ver más nunca. Salí y busqué en las comisarías, y no había registro. Nadie sabía dónde estaba”, añade Guarisma, quien sigue en la espera de justicia.
Mairis Balza, abogada y coordinadora de la organización, explica que el caso de Carpio fue una detención arbitraria: “Fue así por no haber delito flagrante ni orden de captura de un juez; se convirtió en una desaparición forzada, un delito complejo que supone la violación de múltiples derechos humanos”.
Además, asegura, se le considera un delito continuo, “es decir, el crimen continúa siendo cometido hasta que no se revela la suerte o paradero de las personas, prolongando y amplificando el sufrimiento que se causa a familiares o allegados, quienes son considerados también víctimas de este crimen (…) una acción que se prolonga sin interrupción”.
Mucho se ha dicho del caso de Carpio. En 2018 cumpliría 20 años, pero la madre lo recuerda como si se hubiera paralizado en el tiempo: a los 17, estudiante de la Misión Ribas, que recién había dejado el Instituto Nacional de Atención al Menor (INAM) por robo; en una bicicleta, una mañana de noviembre.
En estos 3 años, ¿cómo han sido sus días, cuando se despierta sin tener noticias de su hijo?
– Es como una angustia, un desespero. Me dan ganas de llorar. No hace mucho me desperté llorando. Soñé con él. Lloré duro. Soñé que le veía, sentado, de espaldas. Tenía marcas en la espalda, como que lo habían azotado. Lo abracé… y me eché. Me eché a llorar ahí, con él. (Prensa Codehciu)
