Enero 31, 2018.- Diputados de la Asamblea Nacional denunciaron que al menos 32 personas han sido detenidas por el caso de Óscar Pérez.
Una comisión de la AN se encarga de investigar la muerte del policía rebelde y seis integrantes de su equipo, acaecida el pasado 15 de enero en el El Junquito.
“Han saqueado, allanado y destruido viviendas, mientras torturaban a las familias”, dijo la diputada Adriana Pichardo.
Pichardo denunció que familiares de Óscar Pérez fueron llevados a la sede del DGCIM, donde los torturados, aplicándoles electricidad en los genitales.
Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión Política Interior de la AN, sentenció que Pérez y compañía fueron víctimas de una ejecución extrajudicial.
“Vimos un proceso de negociación donde quedo claramente establecido que hasta ese momento no había heridos y que hay un mayor con el que conversa Óscar Perez y otra voz que se escucha y dicen que ya se van a entregar y deja constancia de que no hay heridos”.
Solórzano manifestó que todavía quedan muchas interrogantes en torno a la llamada “Masacre de El Junquito”.
“¿Estaba Lisbeth embarazada?, pues la autopsia no lo dice ,por eso se requiere el protocolo de autopsia. ¿habían niños en el lugar? No tenemos prueba de ello, no tenemos denuncias de que hubieran niños en el lugar y la última pregunta ¿son los cuerpos de estos masacrados los que están sepultados? Si son sus cuerpos” puntualizó.
Por otro lado, el parlamentario José Luis Pirela asomó la posibilidad de que el cuerpo de Óscar Pérez no esté enterrado en el cementerio del Este.
“Fuentes confiables así lo indican, el gobierno tendrá que ordenar una exhumación para determinarlo, todos tienen tiros en la cabeza producto de una dictadura que no respeta los derechos humanos”, dijo.
Por su parte Pichardo exigió un pronunciamiento inmediato de la Defensoría del Pueblo.
Agregó que la madre de Antonio José Pérez Cisnero, uno de los detenidos por el caso, denunció que un comando ingresó a su vivienda y amenazaron a niños con matarlos. De acuerdo con la legisladora, los oficiales buscaban fusiles y dólares.
Finalmente, Solórzano indicó que el caso ya se encuentra en instancias internacionales.
“Ya esto está en instancias internacionales, hemos tenido una larguísima audiencia el pasado miércoles en Ginebra, Suiza con la oficina del alto comisionado de derechos humanos de la ONU a quien ya le consignamos el expediente”.
Diez militares detenidos por caso de Oscar Pérez
Diez militares y 22 civiles permanecen detenidos por el caso del sublevado expolicía Óscar Pérez, muerto durante un operativo para capturarlo, denunció este martes la Asamblea Nacional.
Al presentar una investigación del Legislativo sobre la operación militar y policial del pasado 15 de enero, en la que fueron abatidos Pérez y seis aliados, la diputada Adriana Pichardo dijo que dos “familiares directos” del piloto se encuentran en la lista de capturados.
“Esta comisión registró a 32 venezolanos: 20 civiles, 10 militares relacionados con Óscar Pérez y dos familiares directos detenidos por la dictadura”, señaló la asambleísta.
Pichardo denunció irregularidades durante las detenciones, sin precisar las fechas en que ocurrieron. “Han saqueado, allanado y destruido viviendas (…) Ha habido torturas”.
Pérez, acusado de “terrorismo” y declarado “el criminal más buscado” en el país petrolero, se alzó contra Maduro en medio de protestas opositoras que dejaron 125 muertos entre abril y julio de 2017.
El 27 de junio atacó, desde un helicóptero de la policía científica, la corte suprema de justicias y el ministerio de Interior con granadas y armas de fuego, sin víctimas.
Además, el 18 de diciembre amordazó junto con sus aliados a militares en un cuartel y robó fusiles y municiones.
Ya el Parlamento había exigido al gobierno indemnizar a las familias de los abatidos, a los que considera víctimas de “ejecuciones extrajudiciales”.
El Parlamento es desconocido por el gobierno de Nicolás Maduro, luego de que la corte suprema declarara “nulas” todas sus decisiones por “desacato” en 2016. Una oficialista Asamblea Constituyente que rige en el país como un suprapoder desde agosto pasado aprueba leyes de aplicación inmediata.
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