Diciembre 14, 2017.- El hambre y la crisis sanitaria protagonizaron el año 2016. El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) presentó este miércoles, 13 de diciembre, su último reporte titulado Situación de los Derechos Humanos en Venezuela 2016, en el que recaba las vulneraciones a los derechos de los ciudadanos venezolanos.
El informe de Provea señala que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro se consolidó como dictadura el año pasado, mas siempre manteniendo una apariencia de legalidad. “No solo suprimió considerablemente derechos civiles y políticos, sino que profundizó a niveles extremos la pobreza y la miseria”, se apunta en el reporte.
Como “un año de retrocesos” calificó Provea el 2016. La ONG (organización no gubernamental) enfocada en la defensa de los derechos humanos, denunció que durante el último año se ha utilizado el Poder Judicial como mecanismo para avalar las arbitrariedades del Gobierno. También que se ha profundizado la pobreza y que la crisis humanitaria es aún más aguda.
Sobre este último punto hablaron la consultora en materia alimentaria Susana Rafalli y Jo D’Elía, director de la ONG Civilis. Ambos fueron los investigadores en materia de alimentación y salud, respectivamente, para el informe Situación de los Derechos Humanos en Venezuela 2016.
“Hicieron un banquete de corrupción con el sector alimentario en 2016″, indicó Susana Rafalli, quien repasó algunas denuncias de irregularidades en esta industria, como lo fueron la Operación Gorgojo o la declaración del Presidente, quien aseguró que “Abastos Bicentenario se pudrió”.
Sin embargo, indicó que los que se beneficiaron a través de prácticas corruptas aún permanecen impunes.
Durante ese año también se desplegó un control militar sobre el sector con el fin de detener los saqueos; se decretó el estado de emergencia económica y se presentó a a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) como una solución temporal a la crisis; se criminalizó a productores y vendedores de alimentos; y se creó un supra Estado (el Estado Mayor de alimentación) para abarcar un mayor manejo de la industria de la alimentación.
“Hubo 19.400 fiscalizaciones a la industria alimentaria durante 2016″, apuntó Rafalli sobre lo que llamó una persecución a los co-garantes de este derecho.
D’Elía evaluó el capítulo de la salud en Venezuela y precisó que la crisis sanitaria data desde mucho antes que la alimentaria.
Entre los puntos que destacó el director de Civilis sobre la vulneración del derecho a la salud figuran la censura epidemiológica y la falta de información oficial, la severa escasez de medicamentos, las fallas de servicios básicos en los hospitales (como luz y agua), la creación de un sistema de salud pública con la Misión Barrio Adentro y un sistema sanitario nacional sin ningún tipo de financiamiento.
“Hay cerca de cuatro millones de personas que no han recibido su tratamiento por más de un año (…) Se espera que entre enero y febrero de 2018 haya más fallecimientos por falta de medicinas“, advirtió D’Elía.
