Septiembre 27, 2017.- Cuando Nicolás Maduro anunció la supuesta “muerte” del billete de 100 bolívares en cadena nacional a finales del año pasado, el concejal de Primero Justicia Carlos Andrés García jamás imaginó que días después sería encarcelado y nunca más disfrutaría de la libertad.
García fue detenido en Guasdualito, estado Apure, el 17 de diciembre de 2016. El político fue aprehendido junto a Eduard Cogollo y acusado de promover los destrozos a varias entidades bancarias en la localidad llanera.
“Carlos Andrés venía de visitar a una amiga en el hospital y la Guardia Nacional después que habían acabado con varios bancos fue que apareció y se llevó como a 200 personas”, dijo el diputado a la Asamblea Nacional, Luis Lippa en una reciente intervención en el hemiciclo.
Autoridades acusan al concejal de portar una exagerada cantidad de billetes de 100, mientras desde Miraflores denunciaban la existencia de mafias fronterizas encargadas de sustraer papel moneda venezolano.
El secretario general de PJ, Tomás Guanipa, aseguró que García fue secuestrado por el Sebin y víctima de una “siembra” de billetes.
Fue apenas en diciembre que comenzó el vía crucis para el miembro del Concejo Municipal. Recluido en los calabozos del servicio de inteligencia en Guasdualito la salud de García comenzó a flaquear.
Sufrió crisis hipertensivas, aunado a un severo cuadro de depresión, condiciones que decantaron en un ACV en agosto. Los médicos recomendaron trasladarlo a un centro asistencial, procedimiento que los funcionarios de los cuerpos de seguridad ejecutaron doce días después, cuando supuestamente este ni siquiera reconocía a sus allegados.
García arribó con escasas esperanzas al Hospital Central de San Cristóbal y el domingo 17 de septiembre falleció.
“Carlos murió por una enfermedad que se empeoró o produjo durante el tiempo que estuvo en prisión”, acotó Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal Venezolano desde una transmisión de Periscope.
El concejal incluso habría recibido una medida cautelar para tener casa por cárcel, sustitutiva que nunca fue ejecutada por los miembros del Sebin.
“Aquí hay un tema medular y es que el Estado es el único responsable por la integridad de un privado de libertad, no es la familia, no es un partido político, es el Estado”, dijo Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones.
“Esto es algo que hemos venido denunciando desde hace tiempo que es la falta de atención médica que hay hacia los presos políticos. El Estado es responsable de lo que le ocurra a un detenido”, enfatizó Romero.
El desenlace fatal no es exclusivo del concejal. Con García son tres los catalogados como presos políticos muertos en cautiverio: Nadis Orozco, vinculada al asesinato de Robert Serra y Rodolfo González, quien se suicidó en su celda luego que fuese señalado de terrorista por el propio Maduro en cadena nacional.
“Este no es el primero ni será el último preso que muera en prisión, el deceso de Carlos García trascendió porque era una figura pública, un concejal perteneciente a un partido político, pero esto es algo que pasa a diario con reos comunes”, manifestó el abogado, profesor universitario y defensor de derechos humanos, Joel García.
“En la zona 7 de Petare, mejor conocida como el ‘Inframundo’ ya han muerto cuatro por inanición y esto constituye una violación flagrante al derecho fundamental del reo”, agregó.
Romero informó esta semana que 45 presos políticos de los más de 600 que contabiliza el Foro Penal actualmente requieren atención médica inmediata.
“Lo ideal es que cuando un preso esté enfermo el juez que lleva la causa lo envíe a un centro asistencial o a su casa, sucede que a veces el juez otorga una medida cautelar y los funcionarios de seguridad no liberan al detenido”, apuntó García.
“A este señor lo detienen y se lo entregan muerto a la familia, en Venezuela no existen derechos humanos, es una gran hipocresía”, indicó Prado.
La reacción de TSJ
Posterior al deceso del concejal García, el Tribunal Supremo de Justicia emitió un comunicado donde exámenes habrían determinado que este padecía una inmunodeficiencia vinculada al virus del Sida. Alegan además que en el expediente no se hace constar de la patología y que posiblemente el concejal desconocía su condición.
“La declaración del TSJ fue bastante infeliz”, subrayó García. “Cuando una persona llega al Sebin es sometido a un examen medico, si lo que dice el TSJ hubiese sido así, eso debe de reposar en un acta”, añadió.
“La ley establece que antes de ingresar a cualquier recinto penitenciario, el reo debe someterse a un exhaustivo chequeo médico”, aclaró Prado.
El director de la ONG sostuvo que el preso no es responsabilidad exclusiva de una sola entidad del Estado, es potestad de un compendio de organismos velar por el bienestar del individuo privado de libertad.
“Cuando a una persona la detienen hay varias instituciones que entran en acción, el Ministerio para el Servicio Penitenciario funge de carcelero, el Ministerio Público tiene fiscales en el proceso y fiscales de derechos fundamentales, asimismo tenemos a una Defensoría del Pueblo que tiene a un Defensor en materia penitenciaria”.
El profesor García advierte además que el tratamiento de un preso político es distinto a uno común.
“Tienen un custodio permanente, están bajo vigilancia constante, dependiendo del partido político el tratamiento puede ser mejor o peor”.
“Por supuesto que hay diferencias en el tratamiento del llamado preso político y el preso social”, completó Prado.
“En Venezuela las penas se están manejando con un tinte político, hay ensañamientos contra personas por su tendencia o ideología”, argumentó García.
“Se está manejando lo que los abogados llamamos Derecho Penal del Enemigo, que quiere decir ‘yo te persigo por quien eres’. Se está aplicando la Pena del Banquillo, una pena anticipada”, expuso el especialista en materia judicial.
“Aunado a ello el retraso procesal es evidente, los tribunales no dan despacho, la Fiscalía no imputó delito alguno a varios de los muchachos que agarraron en las protestas y aún así siguen detenidos”, prosiguió el profesional del derecho.
Según García esta práctica es una especie de plan siniestro del madurismo.
“El gobierno ve al estudiante como a un enemigo, porque es un ser pensante que le hace oposición, en cambio otorga zonas de paz en sectores como la Cota 905 porque ve en los malandros a aliados”.
