“No se puede permitir la criminalización del ejercicio periodístico”

Marzo 23, 2016.-Las Universidad Cecilio Acosta, en Maracaibo, rechazó la sentencia contra el director de Correo del Caroní

La Facultad de Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad Católica Cecilio Acosta (UNICA), ubicada en Maracaibo, estado Zulia, publicó un comunicado para expresar su preocupación por la medida judicial impuesta contra el director de Correo del Caroní, David Natera Febres, por la cobertura periodística realizada sobre las denuncias de corrupción en  Ferrominera Orinoco (FMO).

En la misiva, la institución hace referencia al marco legal mínimo del ejercicio periodístico, presentado en la Constitución, alegando la obligación de las instituciones del Estado a dar fiel cumplimiento y seguimiento al régimen jurídico nacional, como el referido a los tratados internacionales a los que el país se encuentra suscrito en materia de derechos humanos.

“Ante la ausencia de transparencia en el acceso a la información, los periodistas y ciudadanos debemos rechazar cualquier actuación que menoscabe derechos fundamentales de los habitantes de la Nación”, expresa el documento.

“No se puede permitir la criminalización del ejercicio periodístico y de investigación, pues esto menoscaba la libertad de pensamiento y expresión, los cuales son esenciales y fundamentales en sociedades democráticas. Vemos con preocupación que la medida judicial impuesta, puede ser vista como un método de coerción para motivar la censura y autocensura”, plantea la Unica.

En su comunicado, la facultad de Ciencias de la Comunicación Social de la Unica, explica que dicha coerción vulnera “el derecho de todos los venezolanos a conocer el destino de los recursos del país y la administración financiera de las instituciones del Poder Público”.

El comunicado rechaza de forma directa “el acoso al ejercicio periodístico y de los medios de comunicación a través de cuotas de participación en la inversión publicitaria; falta de papel, en el caso de los medios impresos; y el uso de medidas judiciales desproporcionales que solo atentan contra el derecho legítimo a la información sobre los asuntos públicos de la República”.

En el texto, esta casa de estudios también señala la sistemática cantidad de agresiones y persecuciones a las que se ha visto enfrentada la prensa venezolana durante los años 2013 y 2014, mencionando que en los últimos cinco años, al menos once periódicos se han visto obligados a dejar de circular por la falta de papel periódico.

En teoría, el Estado tiene a la Corporación Maneiro, la cual debería suplir a los periódicos del país de su materia prima, y como afirman los hechos, no lo está haciendo. El comunicado señala que esta falta de garantías en el acceso al material también “forma parte de ese atentado contra un derecho fundamental de los ciudadanos, como es estar informado de manera oportuna”.

“Para una sana convivencia ciudadana es necesario la pluralidad del pensamiento y el libre ejercicio de la prensa sin ningún tipo de presión, ya sea económica, política, ideológica y judicial”, concluye el comunicado.