Febrero 25, 2016.- La subgerente de documentación de la organización, capítulo Venezuela, pidió voluntad para lograr la independencia del Poder Judicial
Amnistía Internacional está alarmada por la parálisis institucional en Venezuela, dijo en entrevista con Efe la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara.
Añadió que la nueva Asamblea puede marcar un rumbo distinto en cuanto a la protección de los derechos humanos, pero que lamentablemente no se ha reflejado aún en los ciudadanos, que, afirmó, sufren desabastecimiento de productos básicos.
La organización, que presentó su informe anual 2016, destaca en el capítulo Venezuela que persisten las agresiones e intimidaciones contra defensores de derechos humanos y periodistas, así como juicios sin garantía y encarcelamiento de opositores.
Afirma que la decisión del país de retirarse de la jurisdicción de la Corte-IDH niega el derecho de familiares y víctimas de violaciones de derechos humanos.
Cuestiona la injerencia en el sistema judicial de cargos públicos de los más altos niveles, que ponen en entredicho su compromiso con la independencia del Poder Judicial, entre otros aspectos.
La subgerente del equipo de documentación de Amnistía Internacional Venezuela, Vivian Díaz, manifestó que se deben hacer esfuerzos en materia de derechos humanos y que los asuntos pendientes causan preocupación a la organización.
Citó como ejemplo los casos de violencia en las protestas de 2014 porque no se han determinado todos los responsables, y por eso la organización está atenta a que las víctimas tengan justicia y reparación.
Opinó que la parálisis institucional en el país se ha expresado en la falta de independencia del Poder Judicial, circunstancia que se ha señalado reiteradamente.
“Es indispensable que se muestre voluntad para que la independencia del Poder Judicial sea una realidad, que sea un camino más cercano para lograr justicia para las víctimas”, dijo.
Recordó que luego de la elección de la Asamblea Nacional se hicieron llamados concretos para poner los derechos humanos al frente de la agenda política, que se legislara tomando en cuenta la protección y apoyo a defensores de esos derechos y de sectores vulnerados, como los de escasos recursos y pueblos indígenas, entre otros.
