Diciembre 17, 2015.-Numerosas denuncias por actos de discriminación y hostigamiento laboral por razones políticas así como despidos injustificados en despachos públicos, ha recibido el Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea), tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre.
La información la ofreció Inti Rodríguez, coordinador de investigaciones de dicha organización no gubernamental, afirmando que “todo ello se enmarca en un lamentable proceso de retaliación por parte de algunos funcionarios de Estado en contra de ese sector laboral que expresó su voto”.
“Nos parece lamentable que este hecho, que no es nuevo, esté ocurriendo. En el pasado reciente hemos registrado episodios similares – por ejemplo, durante el plan operativo de recolección de firmas contra el decreto del presidente de Estados Unidos, Barack Obama -; ahora, se repite con el añadido de que nos preocupa muchísimo pues tiende a generalizarse en toda la administración pública”, dijo el declarante, rememorando, además, que tales incidencias cobraron vigor con la publicación de la denominada “Lista Tascón”.
“Esto es alentado directamente por el presidente de la República y por el titular de la Asamblea Nacional, con un manejo discursivo que no hace otra cosa sino promover a que otros altos funcionarios o funcionarios medios en las empresas del Estado emprendan estos procedimientos, esta agresión en contra de sus trabajadores”, enfatizó el vocero.
Explicó que Provea había recibido, entre otras, señalamientos de dependencias como la fundación Niño Simón, las misiones Negra Hipólita y Mercal, del ministerio de Educación, Corpoelec, empresas básicas como Carbonorca, Alcasa; junto con las recibidas desde centros asistenciales públicos del Área Metropolitana de Caracas y de la alcaldía del municipio Lobatera, del estado Táchira.
“Verbigracia, en nuestra cuenta Twitter, publicamos una imagen que fue circulada y colocada en pasillos de sedes de la fundación Niño Simón, y en los fondos de pantalla de las computadoras se alentaba de manera abierta a actos de discriminación en contra de todos los trabajadores de ese ente adscrito al ministerio de la Suprema Felicidad”, alertó.
Liberándose del yugo en las urnas
El declarante denostó, asimismo, la estrategia del amedrentamiento y la coacción para obligar a muchos de los empleados bien sea a inscribirse en el partido oficial o a desarrollar la práctica electoral del “1×10”.
“Lo que más revela eso es lo ocurrido el 6D, cuando, a pesar de toda la intimidación, el pueblo se expresó libremente. Dentro de la mayoría de los venezolanos, por supuesto, muchos empleados públicos sufragaron en forma democrática, algunos a favor del gobierno, del partido oficial, y otros por los candidatos de la Unidad Democrática”.
Alegó que a pesar de esa ejecutoria del Estado, la maniobra no cobra efecto. “Aquí estamos en un proceso cada vez más evidente de descontento dentro de la administración pública, los trabajadores están comenzando a reclamar por convenciones colectivas que se han vencido, por despidos injustificados, por deudas que mantiene el Ejecutivo en cuanto a pasivos laborales, prestaciones sociales. Eso lo que va es a acrecentar las denuncias”, comentando que el mismo lunes 7 “comenzaron a llover denuncias que gestionábamos en Provea pero que también eran publicadas por sindicatos”.
Urgió al primer mandatario nacional a enviar un mensaje al país de reconciliación, de diálogo, de aceptación de la diversidad existente en el país, “y eso pasa por respetar la opinión que pueda generarse o que pueda emanar de parte de los trabajadores del Estado”.
Notificó que el vicepresidente la República, Jorge Arreaza, se había comunicado con Provea hace una semana, a través de la secretaría ejecutiva de derechos humanos de la ONG, para señalar que estaban dispuestos a investigar las denuncias tramitadas. “Nosotros se las remitimos para que los funcionarios que estén incursos en estas acciones sean sancionados”.
“Hemos apuntado esto como una fragilidad o un debilidad evidente del estado de derecho, como una ausencia de independencia de poderes y un sistema de administración de justicia al servicio del Ejecutivo nacional. En Provea siempre reivindicamos el respeto y apego a la Constitución”, espetó, convocando a la ciudadanía afectada a hacer uso de las instituciones prestas a difundir las referidas anomalías.
“Pueden acudir a las inspectorías del trabajo, a los tribunales contenciosos administrativos, dependiendo de cuál sea el cargo de la persona, si está amparada o no por la Ley o el Estatuto de la Función Pública o por la Ley Orgánica del Trabajo, pueden asistir a los tribunales laborales o a la Defensoría del Pueblo. Asimismo, se puede hacer uso de los mecanismos que las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos hemos puesto al servicio de la colectividad para registrar y para documentar estas denuncias y para acompañar, de forma gratuita, a las eventuales víctimas”, precisó, mencionando, que, inclusive, los actos de intimidación eran violatorios, además del marco legal y normativo interno, del convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo.
Finalmente, el coordinador de derechos humanos del Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos indicó que cualquier denuncia puede ventilarse a través de los números telefónicos de Provea, a saber (0212) 28621011 y 8625333
