Noviembre 18, 2015.-26 organizaciones defensoras de derechos humanos exigen políticas de seguridad que garanticen el derecho a la vida para todos los ciudadanos.
Foro por la Vida, junto con otras organizaciones defensoras de derechos humanos a nivel nacional, exige al Estado venezolano la aplicación de políticas públicas efectivas para garantizar la seguridad ciudadana, a fin de que garanticen el respeto a los derechos humanos y la integridad de todas las personas. Esto ante el aumento y visibilidad de linchamientos e intentos de ejecución registrados en el país.
Los linchamientos consumados y los intentos registrados, señala el foro a través de su comunicado “denotan una progresiva disolución de la institucionalidad del Estado que tiene consecuencias negativas para la sociedad venezolana en su conjunto”.
Las 26 organizaciones defensoras de garantías fundamentales no solo ven con preocupación el creciente número de hechos en los que grupos de personas arremeten violentamente contra presuntos delincuentes, ocasionándoles graves lesiones o en varios casos la muerte, sino que aseguran que esta realidad “demuestra el fracaso de Estado en la tarea de contener la violencia en la sociedad”.
La omisión estatal frente a la violencia, prosiguen en su nota de prensa, es también una política pública que no diluye las responsabilidades de los funcionarios ante estos hechos y sus víctimas.
Deficiencias estatales
Entre las principales causas que deterioran la calidad de vida en Venezuela, el Foro por la Vida y organizaciones como Espacio Público; Provea; Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ); y Civilis identificaron: las altas tasas de impunidad frente a graves crímenes, el retardo judicial, la degradación del sistema penitenciario, las enormes deficiencias de los cuerpos policiales, y el debilitamiento de la investigación policial y judicial.
Refuerzan su argumento invocando el artículo 55 de la Constitución Nacional, en el que se establece que “toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes”.
Los hechos asociados a los linchamientos o conatos de violencia están en abierta contradicción con esta obligación constitucional.
“En un contexto en el que conviven la inseguridad como problema social y los discursos de mano dura y “justicia por mano propia”, subrayamos que los linchamientos son también una violación a los derechos humanos, que convierte a las víctimas en victimarios y a los victimarios en víctimas; degenera en una peligrosa anomia que percibe como lógica y justa la contradicción de convertirse en un criminal para castigar la injusticia”, reza el comunicado.
Sostienen que este tipo de hechos, lejos de representar algún beneficio a la colectividad, deteriora el esquema de valores y configura una práctica delictiva, en la que dejan de valorarse la vida y derechos del victimario. Consideran que estos patrones pueden devenir en la naturalización de la violencia colectiva, y con esto, la degeneración en la multiplicación de violaciones de derechos humanos.
Llamado de emergencia
“Foro por la Vida, hace un llamado urgente para que las autoridades atiendan las causas que generan el profundo deterioro de valores e institucionalidad que vive el país y reconociendo el valor que tiene el derecho a la vida y a la seguridad ciudadana”, sientan en su comunicado antes de exigir tres puntos que consideran medulares para evitar el menoscabo del derecho a la vida a través de esta irrupción de la norma:
Ante todo piden al Estado el desarrollo de políticas públicas integrales que incluyan acciones específicas y planes estratégicos en el plano operativo, normativo y preventivo. “Este tipo de planes debe hacerse con el mayor consenso político y social, debe basarse en una perspectiva no militarizada del orden público”, aclaran.
Lo segundo atañe directamente al Ministerio Público, al que exigen adelantar las investigaciones de linchamientos o actos violentos contra presuntos delincuentes, a fin de establecer las responsabilidades de manera conclusiva con un procedimiento adelantado de manera independiente.
Por último solicitan al Estado venezolano la implementación de procedimientos que permitan el ejercicio de la contraloría social a todas las autoridades con responsabilidad en la política sobre seguridad ciudadana; esto pasa necesariamente por la publicación de manera regular las cifras oficiales de criminalidad en Venezuela.
El comunicado de Foro por la Vida lo suscriben: Asamblea de Educación, Avesa, Asociación Civil Fuerza, Acción Ciudadana Contra el Sida, Acción Solidaria, Cátedra Libre de DDHH de UCLA, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Centro para la Paz y los DDHH de la Universidad Central de Venezuela, Cepaz, Civilis, Codehciu, Convite AC, Espacio Público, Fenasopadres, Observatorio Venezolano de los DDHH de las Mujeres, Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes, Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho, OVS Ven Salud, Padres Organizados de Venezuela, Provea, Sinergia, Sociedad Hominis Lura, Unión Vecinal para la Participación Ciudadana, Funpaz, Unión Afirmativa de Venezuela y Venezuela Diversa AC.
