Noviembre 10, 2015.- Solicitan a la CPI que investigue el papel de altos cargos del Ejecutivo en la represión que consideran es un caso “claro y objetivo” de crímenes de lesa humanidad
Las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro iniciadas en febrero de 2014 se saldaron con varias decenas de muertos, centenares de heridos y más de 3.000 detenidos en Venezuela.
Según el balance oficial, fueron 43 los fallecidos. Un grupo de familiares de las víctimas y miembros de la oposición, que ha documentado algo más de 30, llevó el asunto a la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, Holanda.
Familiares y opositores piden a la CPI que investigue el papel de altos cargos del gobierno en la represión que consideran es un caso “claro y objetivo” de crímenes de lesa humanidad.
El oficialismo, por su parte, acusa de los hechos a “extremistas de derecha” que organizaban las protestas como un intento de desestabilizar al “legítimo” gobierno de Maduro. En ese sentido, el Ejecutivo responsabilizaba a la oposición de las muertes que se registraron durante los meses que duró la ola de protestas.
Hoja de ruta
El examen preliminar es la etapa en la que la Corte recaba más información, incluida del gobierno, para decidir si tiene todos los elementos para abrir un caso.
En este examen, el alto tribunal estudia si tiene jurisdicción para atender el caso teniendo en cuenta que el país sea miembro y que se cumplan las condiciones para determinar que es un caso de lesa humanidad.
La CPI tiene un periodo de entre dos meses y dos años para dar una respuesta.
Sin embargo, los opositores piden a la corte que tome una decisión con carácter de “urgencia” ante las declaraciones públicas del presidente Maduro de cara a las elecciones del 6 de diciembre que consideran “intimidatorias”.
