Octubre 06, 2015.-El próximo 19 de octubre un grupo de defensores de derechos humanos viajarán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a denunciar la situación de indefensión que tienen ante el Estado venezolano, que ha callado ante las agresiones y ataques que han venido sufriendo en los últimos meses.
El ex coordinador de Provea, Marino Alvarado, sostiene que no tiene elementos para asegurar que el robo y secuestro que sufrió el pasado 1ero de octubre obedeció a motivos políticos, pero recordó que esto ocurrió en un contexto marcado por la constante exposición, criminalización y difamación a la que ha sido sometido en el programa “Con El Mazo Dando” conducido por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.
“Al presidente de la AN, Diosdado Cabello yo a usted lo hice responsable un mes antes de mi integridad física y lo sigo haciendo responsable. Yo le digo diputado que la campaña que usted ha hecho contra mí y contra Provea nos ha puesto en riesgo. He dicho que se investigue las consecuencias que puedan tener su difamación desde el programa “Con el Mazo Dando” con los hechos que han ocurrido. En los últimos dos meses me mencionó cinco veces”, sostuvo Alvarado, explicando que esto significa que fue mencionado en más del 50% de los programas que salieron al aire en ese período de tiempo. Cabello dio detalles del itinerario de viaje, supuestos encuentros e incluso llegó a señalar falsa y maliciosamente a Alvarado de mantener encuentros con paramilitares en Colombia y pertenecer a la CIA con el propósito de criminalizar la labor de los defensores de DDHH.
SILENCIO CÓMPLICE
En la rueda de prensa que se realizó este lunes a las 10:30 de la mañana en el Salón Monseñor Arnulfo Romero de la Parroquia Universitaria de la UCV, los activistas manifestaron que el Estado venezolano es responsable de que las defensoras y defensores de derechos humanos realicen su trabajo con las mínimas condiciones de seguridad. Lamentaron que esto no sea así sino que más bien el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo han permitido que persista un discurso de odio expresado de forma reiterada por altos funcionarios del gobierno nacional y el Sistema de Medios Públicos.
El director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado llamó al presidente de la República, al presidente de la AN, los ministros, diputados y periodistas del Sistema de Medios públicos a cuidar las palabras y detener el discurso de odio. “Es muy fácil decir eso fue hampa común, pero hay que ver que existe una situación de exposición permanente. Diciendo que tienen dólares, que viajan. Simplemente las personas que hacen esto están pasando el dato a la delincuencia común, a sus sicarios o a sus fanáticos políticos simplemente para que sepan a quien deben amedrentar, a quien deben herir”.
Prado alertó sobre el contexto de criminalización contra los defensores y denunció que se trata de una campaña por ejercer el derecho constitucional de asistir al sistema interamericano y el sistema universal a denunciar violaciones de derechos humanos. “Aquí no se trata, señora fiscal, señor Defensor del Pueblo, de que salgan a solidarizándose con Marino Alvarado. Aquí se trata que desde hace rato están señalando a defensores de DDHH simplemente por utilizar el sistema interamericano y el sistema universal por llevar denuncias”.
El párroco y director del Centro para la Paz y los DDHH de la UCV, Raúl Herrera, señaló que este último atropello contra Alvarado marca un hito grave tanto en el presente como en el futuro inmediato para todos los defensores de derechos humanos. “Este tipo de atropellos no es casual, hay una incidencia para tratar de amedrentar a los defensores y defensoras de DDHH en su labor”, apuntó.
JUSTICIA ALEATORIA
Alvarado destacó la respuesta rápida del gobierno y del Ministerio Público frente a su caso, pero indicó que este no es el comportamiento que han tenido las instituciones en anteriores oportunidades cuando han desestimado las denuncias y ataques hechos por defensores y activistas de derechos humanos. “Ha habido un conjunto de denuncias que se han hecho al MP sobre acoso, preocupaciones y amenazas a distintos defensores de DDHH sin tener respuesta. Ha existido un conjunto de omisiones del Estado venezolano frente a las reiteradas y constantes prácticas de hostigamiento a través de un discurso de odio por distintos funcionarios públicos que utilizan recursos del Estado contra los defensores y defensoras de DDHH. El llamado al MP, no se trata solo del caso de Marino Alvarado, se trata de casos que han sido denunciados y deben tener respuestas positivas”, agregó.
En los últimos tres años las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos han sido blanco de una escalada de ataques que se ha profundizado este 2015. Frente a esta situación, los defensores unidos responsabilizan al Estado por su integridad física y piden a las instituciones poner coto al discurso de odio que los somete a riesgo.
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