Junio 13, 2015.-El presidente ecuatoriano Rafael Correa, uno de los más fuertes críticos del sistema interamericano de derechos humanos, pretende ahora imponer un candidato a juez de la CorteIDH, lo que algunos opositores consideran podría poner en riesgo la independencia de esa instancia judicial.
“Correa necesita controlar también el Sistema Interamericano para mantenerse impune frente a los crímenes a los derechos humanos que ha cometido. Por ello es que a través de la candidatura de Patricio Pazmiño, pretende exportar el sistema de control judicial de Ecuador al sistema interamericano”, dijo a el Nuevo Herald el congresista ecuatoriano Andrés Páez Benalcázar.
El gobierno ecuatoriano postuló a Pazmiño como juez para la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), organismo que renovará cuatro de sus siete puestos mediante votación en la 45ª Asamblea General de la OEA, que se celebrará el 15 y 16 de junio en Washington.
También serán renovadas cuatro de las siete plazas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Pazmiño, un abogado de 57 años, es actualmente el presidente de la Corte Constitucional de su país, un cargo que genera también preocupación a varios expertos en derechos humanos independientes, quienes analizaron las diversas candidaturas presentadas para la CorteIDH y la CIDH.
El asambleísta Páez, del partido opositor Creando Oportunidades (Creo), afirmó en una entrevista telefónica, que el gobierno ecuatoriano tiene “el control total de la justicia acá (en Ecuador), pero sabe que no puede controlar la justicia internacional”.
“Entonces quieren poner a uno de sus subordinados en esa justicia internacional para buscar impunidad para todos los crímenes que han cometido: corrupción, violación a los derechos humanos, tortura, y evidentemente la van a conseguir teniendo jueces que se dediquen a despachar los casos del correísmo”, precisó a el Nuevo Herald.
Un tema —subrayó— que atañe a todos los países que están “sometidos a esta aventura fascista llamada bolivariana que dirige Correa en el Ecuador, Nicolás Maduro en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Daniel Ortega en Nicaragua y Cristina Fernández en Argentina”.
El congresista ecuatoriano cuestiona la candidatura de Pazmiño porque considera que carece del “conocimiento jurídico necesario para que pueda ser calificado como competente (para la CorteIDH). Segundo es un empleado de Correa y en tercer lugar su designación no es para contribuir con el funcionamiento de la corte, es para terminar de liquidar a la CorteIDH, convertirlo en sepulturero de la misma”.
El Nuevo Herald trató de contactar a Pazmiño, pero no estuvo disponible para declarar al respecto.
Gobierno defiende la candidatura
El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, en una reciente entrevista con el diario El Comercio de ese país defendió la candidatura de Pazmiño destacando que tiene una trayectoria en la defensa de los derechos humanos y que incluso “litigó contra el Estado ante la CDIH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) en los 90”.
“Es un hombre que ha dedicado su vida por los DDHH y hoy cumple un papel importante en el Estado. Se lo critica como amigo de Correa, pero lo proponemos porque corresponde que alguien de su calidad jurídica esté en la Corte”, aseveró el diplomático.
Patiño negó que su gobierno presentó a la candidatura de Pazmiño buscando blindarse en esa instancia judicial ante posibles casos en su contra: “Entonces para que nadie vaya a pensar que buscamos protección futura, no pongamos candidatos. Con ese criterio todos los gobiernos están pensando en protegerse”.
“Nosotros ponemos candidatos para consolidar y fortalecer, a través de juristas de muy buen nivel y de gente que defiende los DDHH, y que también comprenda a nuestro país”, enfatizó el canciller.
Páez aseguró que Pazmiño ha convertido a la Corte Constitucional de Ecuador en una “comisaría de segundo orden. La corte ha sido estigmatizada bajo su mandato por atender de inmediato y favorablemente cuanta pretensión ha tenido el poder Ejecutivo, sin importar la violación a la Constitución que, paradójicamente y en teoría, deberían defender”.
Y recordó que el jurista le hizo “el juego al régimen y sacramentó la ‘Ley Mordaza’ o Ley Orgánica de Comunicación, que ha sido utilizada para multar a medios de comunicación, censurar a periodistas y llevarlos a la justicia. La ley impulsa, sobre todo, causas de oficio para imprimir su marca intimidatoria en los medios de comunicación independientes”.
Preocupación de expertos internacionales
A un panel de expertos en derechos humanos independientes de la Open Society Justice Initiative también le preocupa la candidatura de Pazmiño y la postulación de Sandra Soriano Bascopé para la CIDH, presentada por el gobierno de Bolivia.
Los expertos, quienes elaboraron un informe sobre los 11 candidatos para la CorteIDH y la CIDH, reconocieron que Pazmiño tiene experiencia y conocimiento en el campo de los derechos humanos, especialmente en cuanto a derechos ambientales y económicos, sociales y culturales. De igual modo, tiene experiencia como juez.
Pero dijeron que una “cuestión preocupante es qué pasaría si el candidato decide continuar siendo miembro de la Corte Constitucional. No pudimos encontrar ningún precedente reciente de algún miembro del tribunal de mayor jerarquía de un Estado que mantuviera una posición concurrente como juez de la Corte Interamericana”.
“Si bien ni la Convención ni el Estatuto lo prohíben per se, creemos que esto plantea serias preocupaciones desde el punto de vista de una carga laboral que podría ser un impedimento para sus funciones, así como de potenciales conflictos de interés”, puntualizaron los expertos.
En el informe se menciona que la candidatura ha levantado una fuerte controversia en Ecuador. “El mismo solicitante informa en su blog sobre el escándalo de Cervecería Nacional, en el que fue acusado de soborno en beneficio de la empresa en un juicio de varios millones de dólares”.
“La Fiscalía presentó una acusación, pero la Corte Constitucional la desestimó. Sin embargo, de acuerdo con su blog, el caso continúa bajo la jurisdicción de la Corte Constitucional, de la cual Pazmiño es presidente. Patricio Pazmiño se excusó del proceso y no está tomando parte en la causa contra él y otros involucrados”, se señaló en el reporte.
Pazmiño no respondió al cuestionario enviado por el panel, y los expertos tampoco pudieron contactarle, “pese a los múltiples esfuerzos” hechos.
