Mayo 08, 2015.-Las familias diariamente deben llevarles comida hasta los centros de reclusión en los que se encuentran.
El encuentro durará entre cuatro y cinco horas. El sol es implacable. El bolsillo también. El esfuerzo y el cansancio se ven en sus rostros, cargan bolsas de comida, de productos de higiene personal… No es una ventaja, pero a diferencia de sus parientes que están del otro lado, ellas pueden hacer colas. Mientras el país padece la rutina de las kilométricas esperas en mercados, del sobreprecio, de la inflación, de la escasez, ellas además deben garantizar la manutención de su familiar detrás de los barrotes en una comisaría.
“Es forzoso, pero ¿cómo se hace?”, confiesa Ana a las afueras del Centro de Coordinación Policial (CCP) Vizcaíno, en San Félix. Cada miércoles visita a su hermana, de 28 años, quien cumplirá en junio un año de detenida. “Yo le traigo sus cosas. Como vivimos lejos tratamos de dejarle variedad… hasta nuestra próxima visita”.
La mamá agrega: “A mí me dio hasta un ataque cerebrovascular (ACV) porque ella está presa ahí. Es duro. Su hermana estudia Medicina en Bolívar, como ella está más cerca, le lleva la comida, la ropa lavada y le deja 200 bolívares semanales por si quiere alguna chuchería o refresco”.
Comentan que también deben incluirle desodorante, cloro, desinfectante, bolsas de basura.
Hay familias que afirman gastar entre 30 y 40 mil bolívares mensuales en productos de la canasta básica para cubrir las necesidades de las detenidas.
Lo que dice la Ley…
En Vizcaíno son 89 las mujeres detenidas; en la comisaría de Guaiparo son unos 300 reos; en los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la cifra alcanza el centenar.
La Ley del Régimen Penitenciario establece en el artículo 34°: “Se suministrará a los penados una dieta alimenticia suficiente para el mantenimiento de su salud”.
El Ministerio para Asuntos Penitenciarios fijó para 2015 un presupuesto de 2 mil 481 millones de bolívares, cifra insuficiente para cubrir los gastos de la (sobre)-población carcelaria condenada o a la espera de sentencia. La estimación financiera no incluye a los calabozos de las comisarías, a pesar de que albergan a personas con condena.
Dicho presupuesto incluye a la cárcel de El Dorado, Internado Judicial de Ciudad Bolívar, conocido como cárcel de Vista Hermosa, este último tiene más de mil 600 internos, es decir una población de 247 por ciento por encima de su capacidad.
Desde Ciudad Bolívar
La visita del miércoles fue hasta las 4:00 de la tarde. Beatriz sale de la comisaría secándose las lágrimas. Su hija tiene cuatro años detenida en Vizcaíno: “Ve, mensual le traigo un mercado que me sale entre 3 mil y 4 mil bolívares. Yo vengo desde Ciudad Bolívar una vez al mes a visitarla, y solo entre ida y vuelta se me van mil bolívares más. Le dejo mil 200 bolívares para otros gastos, chuchería y demás cosas que venden acá adentro y para pasarle algo al policía”.
“Debemos andar sabaneando los productos por todas partes, pero no tenemos opción. Se paga más dinero por conseguir lo que ellas necesitan. Un paquete de toallas sanitarias las venden hasta en 180 bolívares, sin contar champú y de más cosas que requiere”.
“¡Ay, eso es un gasto grande!”, exclama con resignación Carmen, “uno tiene que ver de dónde raspa para juntar el dinero y hacer las compras. Yo le traigo su seco, que le dure hasta el sábado, cuando le vuelvo a traer. Acá tienen la ventaja de que al menos pueden cocinar su comida”, agrega.
En avión o en bus
Una joven mayor de 25 años asevera -con acento maracucho: “Yo gasto bastante plata. Tengo a mi hermana detenida desde hace tiempo, entonces vengo todos los miércoles a visitarla. En pasajes llego a gastar más de 5 mil bolívares (semanales)”. Mientras espera el taxi para regresar al aeropuerto comenta: “En el mercado se me van como 8 y 10 mil bolívares, no le dejo dinero para la semana, porque le traigo algo bien resuelto”.
En este centro, las detenidas tienen la opción de poder cocinar sus propios alimentos, pero en el caso de las comisarías de Guaiparo y del Cicpc la historia es diferente: los familiares deben de llevar todos los días la comida preparada, es decir; desayuno, almuerzo, cena, y sus bebidas, más lo que le dejan a los policías, “para que no sean tan duros con uno y cuando uno necesite algún favor de pasarles algo no se pongan tan duros”, relata un familiar.
Posibles soluciones
“El Estado debería dar desayuno, almuerzo y cena a los presos, que reúna al menos las 2 mil 400 calorías, o sea que tenga lípidos, grasas, vitaminas, proteínas, de forma que el tiempo de reclusión con el alimento que se le proporciona, más el agua potable, esta persona pueda desarrollar actividades, que no le creen problemas”, explica el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado.
“El familiar es el que termina llevando todo, hasta las medicinas. El Estado no contempla en sus leyes las comisarías, retenes policiales, entre otros, que pertenecen a los gobiernos regionales o municipales, pero las policías directamente no son autonomía del Ejecutivo nacional”, recalca.
Explica que una de las cosas que se podrían hacer es, “lo que siempre se debería pedir, y así hacérselo más fácil a los gobiernos regionales y municipales, es que a través de los Consejos Legislativos ellos solicitarán presupuesto para ampliar y humanizar las áreas de reclusión, cuestión que ninguno hace, ya que piden es para las aceras, transporte, pero no para los presos”.
Impunidad, hacinamiento y retrasos
De acuerdo con la reciente Memoria y Cuenta del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, tutelado por Iris Varela, reseña que la infraestructura penitenciaria consta de 50 centros de reclusión en Venezuela, cuya capacidad de albergue es de 24 mil 302 presos, pero en realidad hay 53 mil 917 reclusos.
El informe más reciente de Provea da cuenta -de acuerdo con cifras del criminalista Fermín Mármol- que “la tasa de jueces penales en el país es de 4,7 por cada 100 mil habitantes, cuando debería ser de 9,0”.
El director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, especifica que anteriormente cuando el juez dictaba la medida de privativa de libertad, el detenido debería ser trasladado a un internado judicial, pero ahora debe esperar hasta la fase de juicio que salga dicho traslado, el cual puede durar hasta más de un año.
Estos retrasos se deben también a las múltiples reformas realizadas al Código Procesal Penal, para que las personas continúen más tiempo detenidas. “Se usa mucho el tema de la presión o cautiverio, cuando se pueden usar otras medidas para los delitos menores”.
En mora con los derechos humanos
A inicios de febrero de 2015, el Gobierno venezolano aseguró que velaba por los derechos humanos de los presos en el país.
La preocupación de ONG como Human Rights Watch y organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité Contra la Tortura de la ONU van más allá de las recurrentes denuncias por violencia y hacinamiento.
En noviembre de 2014, el Comité Contra la Tortura de la ONU expresó su preocupación además por el acceso inadecuado a atención médica, agua, alimentos y ventilación en las cárceles venezolanas.
http://www.correodelcaroni.com/index.php/sucesos/item/31281-familias-llegan-a-gastar-40-mil-bolivares-en-manutencion-de-detenidos
