Marzo 18,2015.- Presos políticos, crisis carcelaria (tanto por el hacinamiento como por la muerte de reos dentro de los penales), persecución a la disidencia, falta de independencia de poderes públicos, restricciones a la libertad de expresión… la lista de temas sobre los que se ha pronunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la obligación del Estado es tan amplia como la renuencia del Gobierno venezolano en permitir una visita de expertos del organismos al país. A través de su representante ante la CIDH, la administración de Nicolás Maduro expresó nuevamente con irritación que tal propuesta (la misma que sugirió la ONU en noviembre) atenta contra la soberanía nacional.
Es política persistente: el Gobierno venezolano no quiere, por nada del mundo, la visita de los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La petición de visita de los comisionados fue formulada este martes durante el período de sesiones ordinarias número 154, destinado a seguir la situación general de los derechos humanos.
Fue Germán Saltrón, el delegado del gobierno del Nicolás Maduro, quien dejó en claro que Venezuela no invitará a los comisionados para que contrasten, sobre el terreno, las denuncias de varios organismos.
“¡¿Cómo vamos nosotros a permitir que la comisión nos visite?!”, aseveró con estupor Saltrón. Su excusa, la de Miraflores: la CIDH está sesgada y su defensa de derechos humanos en la región se basa en una doble moral.
Blandió el argumento del “ataque” de Estados Unidos contra Venezuela, algo que catalogó como “una declaración de guerra. Si la excusa para intervenir en un país son las violaciones a los Derechos Humanos, significa que a EE UU también se le puede invadir porque es el primer violador del mundo”.
Para recordar
Fue en enero cuando la CIDH envió una comunicación formal al Gobierno de Venezuela. ¿La intención?: expresar el deseo de visitar “in loco” al país. Desde entonces se espera respuesta. La negativa quedó más que corroborada este martes.
“La comisión ha venido solicitando visitas y no han sido aceptadas. No se puede visitar un país si no es aceptado por el Estado”, explicó Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la CIDH.
La razón de la insistencia es simple, refleja la nota de DPA: la “lista negra” a la que pertenece Venezuela, que en términos de la comisión son los estados que preocupan por la vulnerabilidad de sus derechos humanos. No desde ahora: desde la época de Hugo Chávez.
“Esta es la primera vez que se formaliza en una carta que no serán incluidos en el Capítulo IV si aceptan una visita in loco de la Comisión. El principio del monitoreo de los derechos humanos está fundado en la soberanía. Lo que no se puede es apelar a la soberanía para no cumplir las obligaciones internacionales”, replicó el secretario.
“No puede ser que un Estado que se adhirió a un instrumento considere que se atenta a su soberanía por querer ejercer sus atribuciones”, increpó.
“Situación excepcional”
La opinión de Álvarez Icaza no fue el único entredicho hacia Venezuela. Felipe González, relator para el país, catalogó como “excepcional” el hecho de que no se permita la visita de los comisionados.
La consuetudinaria respuesta “excepcional” también es recurrente en foros como el de la ONU. En noviembre de 2014, cuando Venezuela compareció ante el Comité contra la Tortura, Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la delegación criolla esgrimió la consabida instrucción: no.
En un nuevo esfuerzo por convencer al Estado venezolano, González argumentó su respuesta este martes recordando que este “es el momento de la historia que más Estados de la OEA permiten la visita de la CIDH”.
La tarde de relatorías de este martes estuvo dedicada principalmente a Venezuela. Pero uno de los momentos cúspides fue la intervención de Linda Loaiza López Soto, quien en el auditorio expuso la situación que vivió hace 14 años cuando, durante dos meses, estuvo encerrada y sometida a golpizas y violaciones.
“Señores comisionados, quiero decirles que la violencia sexual causa un daño irreparable, se vive como la propia muerte”, relató. Un momento después, y delante del representante de Venezuela, lamentó que “es la primera vez que siento que mi caso es tratado con respeto”.
Loaiza López fue acompañada por una comisión de Cofavic, encabezada por Liliana Ortega. Justamente, Cofavic denunció el aumento en 52 por ciento de ejecuciones extrajudiciales durante 2014, 188 casos de torturas y la participación de cuerpos de seguridad en hechos delictivos. Por citar algunos de los ejemplos.
Son esos los casos, entre otros, que llevaron a mantener a Venezuela a la “lista negra” de la CIDH.
http://www.correodelcaroni.com/index.php/nacional-2/item/28974-cidh-no-se-puede-apelar-a-la-soberania-para-no-cumplir-las-obligaciones-internacionales
