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martes, 30 de septiembre de 2014

Plomo por espejitos

El programa de entrega voluntaria de armas iniciado esta semana tiene tantos defectos que, sin los correctivos necesarios y urgentes, fracasará

@javiermayorca

El lunes 28 de septiembre comenzó en todo el país el plan nacional de entrega voluntaria de armas de fuego y sus municiones. A pesar del optimismo mostrado por el titular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mayor general Miguel Rodríguez Torres, esta iniciativa estará destinada al fracaso si no se aplican de inmediato una serie de correctivos.

Las principales fallas son las siguientes:

Entrega de armas: mucho por corregir

*No es un plan ni es nacional. Esta actividad carece de objetivos claros, definidos y conocidos con antelación por toda la población a la que se pretende impactar. Hasta la semana anterior, el país desconocía los términos en los que sería ejecutada. Hubo una escueta declaración de Rodríguez Torres desde Lara, y así dieron por zanjado este asunto. Esta opacidad no es nueva, pero en este caso atenta contra el éxito de lo emprendido. Como no es un plan, no se indica con exactitud cuánto tiempo durará. De esta forma, además, resulta imposible examinar la efectividad en el gasto de los recursos asignados. ¿Son los 300 millones de bolívares anunciados por el presidente Maduro durante una cadena del sábado 20 de septiembre? De ser así, ¿fueron suficientes seis días para estructurar las partidas de gastos?

No es nacional, pues la actividad está concebida en forma excluyente. Por lo tanto, solo llega a una parte de la población. Este espíritu segregador quedó confirmado el día del lanzamiento, cuando no se permitió la entrada de la prensa independiente a la sede de la Oficina Nacional Antidrogas, donde el titular del MRI hacía su primer balance de lo ocurrido hasta ese momento.

*Sin campaña ni convocatoria. El éxito de los planes de desarme voluntario depende en buena medida de la capacidad de sensibilizar a todos los sectores del país, y convencerlos sobre la inutilidad de poseer un arma de fuego. Eso requiere de debate y campaña previos y prolongados. De manera que al iniciarse la colecta de armas exista un estado de opinión favorable. Así fue en Brasil, Argentina y países centroamericanos. Aquí nada de esto ocurrió. El Ejecutivo fue incapaz de convocar voluntades distintas de las de algunos actores y miembros de la farándula allegados al oficialismo. Se esperaba por lo menos la participación de representantes de las iglesias desde un principio. Rodríguez Torres insistió en eso, pero nada se ha concretado. Mucho menos se hizo un llamado a las numerosas organizaciones no gubernamentales dedicadas a investigar los problemas de la violencia en el país. Así, pues, los centros de recepción de armas son todos oficinas gubernamentales y cuarteles. La improvisación fue tal que cuando se hizo el anuncio sus funcionarios no sabían con exactitud cómo debían comportarse. Esta información se las suministraron apenas tres días antes de que comenzara la recepción de armas.

*Sentido equivocado. Según la extinta Comisión Presidencial para el Desarme, en Venezuela hay entre 1,2 millones y 1,5 millones de armas de fuego ilegales. Para el momento en que se hizo este cálculo, la Fuerza Armada tenía registrados alrededor de 21.000 permisos de porte. Supongamos que tres años después hay 25.000 licencias. Si esto es así, no se comprende por qué la mayor parte de los esfuerzos oficiales se encamina a la entrega de las armas legalmente obtenidas, y no a la disminución de las ilegales. Es el mundo al revés. Rodríguez Torres habla de la revisión de los portes cuando su discurso debería encaminarse a la eliminación de todo apoyo a los grupos armados que se han erigido en defensores del actual estatus político. Esto desde luego pone de relieve una contradicción esencial. Un gobierno surgido de la violencia (sus principales líderes, incluido Rodríguez Torres, participaron y apoyaron las intentonas golpistas del 92) y que la exalta dentro de sus actividades periódicas, no le puede exigir al resto de la población que no tome las medidas necesarias para protegerse.

*¿Incentivos para quiénes? El director del Observatorio Venezolano de la Violencia, Roberto Briceño, fue claro al explicar que las armas tienen dos utilidades básicas para quien las posee en forma ilegal. Primero, para su labor diaria como delincuente. Luego, para defenderse o enfrentarse a bandas o delincuentes rivales. En ambos casos, el uso es instrumental. Una vieja tesis de Magaly Vásquez añade que las armas tienen un valor simbólico en ciertas capas sociales. En estos sectores, el armado es más “hombre”, más “líder”. En esto es significativa la enorme cantidad de formas que hay para designarlas. En este contexto, el Ejecutivo plantea que la gente entregue sus armas ilegales a cambio de materiales para construcción o una computadora, lo que un antisocial puede obtener fácilmente con pocas horas de uso de su instrumento de trabajo. Los incentivos, además, no son entregados de inmediato. La gente que entrega su arma no obtiene nada concreto más allá de una promesa de que los llamarán en un futuro cercano para cuadrar los términos en que sería otorgado el incentivo de su preferencia.

*Hacer o no hacer experticias. Son muchas las observaciones hacia esta iniciativa de entrega voluntaria de armas. Pero una básica tiene que ver con la revisión de las piezas entregadas por parte de la policía judicial. En las láminas presentadas por Rodríguez Torres en Lara se indica claramente que todas las armas serán sometidas a experticia para precisar si fueron usadas en algún delito. Es decir, con la entrega el propietario no obtiene impunidad.

Se podría debatir sobre la conveniencia de que con estos programas cada pieza sea destruida sin hacerles ninguna revisión. En Brasil fue así, y sacaron en pocos meses medio millón. En estos casos los estados apuestan a la posibilidad de restarle instrumentos de muerte al hampa en el futuro inmediato. En Venezuela, no.

Este es un argumento más para concluir que la campaña no está destinada a reducir el parque de armas ilegales en el país.

Breves

*Un informe del Centro Regional de la ONU para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina, señala que Venezuela ha sido durante los últimos cuatro años el país en el que más personas han muerto o resultado heridas como consecuencia de balas perdidas. El reporte presentado en junio comparó las noticias de sucesos en 29 países entre los años 2009 y 2013. Hubo en total 550 casos con 617 víctimas de diversa gravedad. Las naciones con mayor cantidad de casos reportados fueron Venezuela (74), Brasil (71), Colombia (57) y México (52). Venezuela fue además el país con la cifra más elevada de muertes por esta razón, con 67, casi el doble que el segundo en este rubro, Colombia (36 fallecidos). El documento advierte que la mayoría de estos casos queda impune debido a la dificultad de investigar homicidios en los que las víctimas resultan ser daños colaterales, es decir, no eran el verdadero objetivo de los tiradores. Recomendaron endurecer sanciones a quienes manejen armas de manera imprudente.

http://crimenessincastigo.blogspot.com/2014/09/plomo-por-espejitos.html?spref=tw