Liliana Ortega señala que en los últimos dos años las chicas apresadas durante las protestas fueron objeto de actos violentos con patrones diferenciados de los hombres, obligándolas a permanecer horas de cuclillas con la cabeza gacha, golpes a la cabeza con las armas y cascos, además de patadas y amenazas reiteradas de muerte y de violación.
Para la directora de Cofavic, la violencia en el país está directamente asociada al déficit de institucionalidad democrática y a la impunidad de la que gozan los cuerpos policiales
–El 6 y 7 de noviembre el gobierno venezolano rendirá cuentas ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas ¿cuál es para Cofavic el balance sobre esta situación?
–Sí, esta revisión del Comité Contra la Tortura de la ONU es parte del ejercicio regular de sus funciones previstas y no obedece a ningún aspecto de la coyuntura actual. Se hace periódicamente con todos los países y ahora le corresponde a Venezuela. Esta es una muy buena oportunidad para que el Estado revise sus actuaciones y asuma las recomendaciones que en esta materia se les formule. Cofavic ha denunciado casos de presuntas torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. De enero 2013 a julio 2014 Cofavic documentó 150 casos bajo estos criterios. La cifra más alta en los últimos 20 años. Debemos destacar, que en muy pocos casos, las víctimas al ser llevadas a los órganos jurisdiccionales, se les ordenaron de oficio la práctica de exámenes médico forenses, lo cual de realizarse en todos los casos hubiese facilitado y estimulado a las presuntas víctimas a denunciar los hechos.
–Se sabe que los gobiernos anteriores también torturaban. ¿Qué hay entonces de novedoso sobre este tema en la gestión de Nicolás Maduro?
–El uso desproporcional de la fuerza pública tiene un carácter endémico en Venezuela. En la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso del Caracazo quedó determinada la necesidad imperativa de que Venezuela ajuste sus planes operativos de control de orden público a los estándares de derechos humanos. Lamentablemente, esa resolución del tribunal interamericano no se ha acatado y la problemática existe 25 años después. Un elemento muy distorsionante en la actualidad es la alta polarización política y la creciente criminalización a sectores opositores. Esto ha permeado a la institucionalidad y ha establecido un doble rasero para la victimas que les invisibiliza y les coloca en un mayor riesgo. Desde 2004 hemos venido documentando nuevos patrones de actuación, especialmente desarrollados para reprimir manifestaciones. El propósito fundamental de estas tácticas, según los múltiples relatos de las presuntas víctimas, es disuadirlos de participar en protestas de carácter político y dejar de evidenciar su preferencia política y la exigibilidad de sus derechos. Otro objetivo de esta grave práctica, según los testimonios recopilados, fue que se admitiera la responsabilidad en la comisión de hechos punibles. Hay una existencia recurrente de victimas sometidas a procesos judiciales y altamente criminalizadas por su participación política. El Ministerio Público no tiene un registro nacional de denuncias de casos de torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes en Venezuela que sea de acceso público.
–¿Cuáles son tipos de torturas registrados por Cofavic en estos últimos meses?
–Según la información documentada sobre casos de torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes el patrón durante las detenciones estuvo signado por el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades en el momento de las detenciones, uso del lenguaje violento y soez en contra de los manifestantes, violaciones al debido proceso y la criminalización de la protesta. Las tácticas documentadas, en general, presuntamente incluyen golpizas, uso de objetos contundentes como cascos, rolos y botellas de agua congelada para propinar los golpes a los detenidos.
–Hay un nuevo patrón represivo del gobierno: el trato ofensivo y hasta cruel hacia las mujeres.
–Las mujeres, durante la represión a las protestas de 2013 en el contexto postelectoral de abril de ese año y del primer semestre del 2014, se vieron afectadas por actos de violencia con patrones diferenciados de los hombres, en algunos casos dirigidos específicamente por su género y en otros casos con mayor ensañamiento que el experimentado por otras víctimas, quienes informaron presuntamente haber permanecido largas horas de cuclillas con la cabeza gacha. El patrón identificado lo configuran los golpes que se realizaban con las armas y cascos con golpes principalmente en la cabeza y patadas y amenazas reiteradas de muerte y de violación. Es de destacar que en la mayoría de las presuntas agresiones se utilizaban a mujeres funcionarias para ejecutar estos delitos contra mujeres manifestantes o detenidas. Igualmente, durante las horas de detención, y antes de ser puestos a la orden de los tribunales, en la mayoría de los casos le fue negado el acceso a los abogados para poder constatar el estado de los detenidos, las condiciones de detención y leer las actas policiales que les permitieran conocer las razones que motivaron las detenciones.
