Navi Pillay cree que ante la gravedad de las denuncias es necesario sancionar a los responsables
28 DE JUNIO 2014 – 12:01 AM
La imagen internacional del gobierno del presidente Nicolás Maduro sufrió otro revés con el comunicado de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que insta a Venezuela a investigar las denuncias sobre abusos cometidos durante las protestas de los últimos meses.
“Un pronunciamiento como ese debería preocupar al gobierno y obligarlo a revisar su conducta. Porque no es cualquier institución sino el máximo organismo de derechos humanos de la comunidad internacional”, dijo Oscar Hernández, diplomático.
“El llamado indica que la presión internacional sigue creciendo y eso hace mella en un gobierno que cuida mucho su imagen externa”, señaló Angelina Jaffe, directora del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Metropolitana.
La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Navi Pillay, expresó ayer su inquietud por las violaciones cometidas en las protestas y en particular por la vulneración de los principios mínimos de justicia, informó la agencia Efe.
“Nos preocupan las denuncias de una reputada organización de derechos humanos en Venezuela sobre violaciones del debido proceso y la situación de los jóvenes detenidos, que incluyen palizas y falta de información sobre su paradero”, declaró la diplomática.
Pillay destacó las denuncias sobre problemas para que los detenidos se reúnan con abogados y familiares, y ataques contra universidades “por fuerzas de seguridad o grupos de civiles armados”. Recalcó que la gravedad de las denuncias hace necesario que se investigue y se sancione a los responsables.
Hernández y Jaffe enfatizaron que la posición del organismo reafirma la condena internacional a la represión y afecta las gestiones de Venezuela para postularse como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU en el período 2015-2016.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, en su Memoria y Cuenta de 2013, afirma que logró el apoyo de más de 40 países para la candidatura. Hernández dijo que algunas de esas naciones pudieran repensar su voto tras los hechos de los últimos meses.
El principal obstáculo para la postulación venezolana sería, sin embargo, que surgiera otro nombre dentro del grupo de Latinoamérica. “Ciertos países no permitirán que la única candidatura sea la de Venezuela”, afirmó Jaffe.
Ambos coinciden en que, de surgir otro candidato, el gobierno postergará su aspiración para evitar un espectáculo como el de 2006, cuando el país se enfrentó con Guatemala por el asiento en el Consejo de Seguridad.
Llamado previo
No es la primera vez que la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos fija posición sobre la situación en Venezuela. En febrero, Navi Pillay condenó los actos de violencia y pidió al gobierno de Nicolás Maduro velar por el respeto del derecho de los ciudadanos a expresarse y protestar pacíficamente. “La continua retórica incendiaria de ambos lados es completamente inútil. Es hora de renunciar al uso de la violencia y dar un paso más allá de la agresión verbal hacia el diálogo significativo. La crisis solo se resolverá si se respetan los derechos de todos los venezolanos”, subrayó esa vez.h
http://www.el-nacional.com/mundo/Alta-comisionada-Venezuela-investigar-violaciones_0_435556565.html
Noticia relacionada
Consideran represión a protestas venezolanas ejemplo “de trato inhumano”
El relator de la Organización de Naciones Unidas, Juan Méndez, lamenta que pese a que se han endurecido las legislaciones sobre la tortura y se han producido algunas sanciones, a día de hoy los tratos crueles están generalizados y la mayoría de las veces quedan impunes.
 |
“Cada país es distinto y cada país tiene un fenómeno de trato cruel e inhumano distinto del otro”, añade, aunque indica que “ocurre prácticamente en todos los países de América Latina hoy, en unos más que en otros y en algunas regiones de países más que en otras también”.
En una entrevista con Efe, Méndez lamenta que, pese a que se han endurecido las legislaciones sobre la tortura y se han producido algunas sanciones, a día de hoy los tratos crueles están generalizados y la mayoría de las veces quedan impunes.
“La tortura como la conocimos en las épocas de las dictaduras militares, dirigida al enemigo político, con un altísimo grado de violencia y sadismo y con mucha impunidad, ya no se produce en América Latina”, explica el relator especial de la ONU.
“Ese ya no es el caso, pero el modo ordinario de las policías de investigar delitos ha mantenido un residuo de brutalidad muy grande. Los delitos se investigan torturando a los acusados. Son torturas más acotadas en el tiempo y con métodos tal vez menos brutales, aunque de todas maneras inaceptables”, prosigue Méndez.
Para Méndez, esos casos de tortura son “rémoras” de las dictaduras militares del siglo pasado, que no se han atajado después y se han convertido en una “enfermedad de la democracia”.
“Nuestras policías actúan con mucha impunidad porque están acostumbradas a ello. Fueron instrumentalizadas por los ejércitos cuando tomaron el poder, que no solamente protegieron a las policías de cualquier investigación, sino que les ordenaron torturar y les garantizaron la impunidad”, declara el relator especial de la ONU.
“Como no ha habido un esfuerzo serio en las democracias incipientes de reformar la policía, en parte por el marco político en el que se da esta discusión sobre la seguridad, la policía siente que si tuvo impunidad con los militares la sigue teniendo con las democracias”, abunda.
Méndez reconoce que los estados latinoamericanos han modificado su legislación para hacer la tortura punible como un delito muy grave, pero, matiza, “tener una legislación dura y no aplicarla es un paso en la dirección adecuada que tiene que ser complementado”.
“Todavía hoy los fiscales y los jueces de América Latina no se toman en serio el delito de la tortura, hay una especie de costumbre de que a la policía hay que dejarla actuar, porque dependemos de ella para otras funciones, y mejor mirar para otro lado aún cuando sabemos que ha transgredido la línea y ha torturado”, apunta.
Una de las razones que da Méndez para explicar la perpetuación de la tortura en la región es la sensación de inseguridad ciudadana, a su juicio promovida por los políticos -“es fácil hacerse elegir predicando mano dura”, asegura- y por los medios de comunicación, que, añade, “bombardean” a la población con noticias de ese tipo.
El relator de la ONU denuncia que en las grandes ciudades de América Latina la tasa de homicidios, que es el único dato de criminalidad fehaciente, es tan baja como en las capitales de Europa “y, sin embargo, la gente cree que está en la ley de la selva”.
“Si no tenemos de nuestro lado una fuerte tendencia de la opinión pública a no tolerar la tortura, va a ser muy difícil que podamos eliminarla”, pronostica.
Según Méndez, las democracias tienen “razones prácticas”, además de morales y jurídicas, para combatir la tortura.
“Si quieren ser eficaces en la lucha contra el crimen, lo peor que se puede hacer es permitir la tortura, porque hace que tengamos cuerpos policiales en los que no confiamos. Les tememos, pero no les confiamos y, por tanto, no colaboramos con ellos”, asegura el relator especial de la ONU.
