Los llamados colectivos han usado instalaciones militares y sindicatos.
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Vásquez, a quien sus compañeros de trabajo bautizaron como El Rojo por el color de su cabello, es uno de los asistentes que trabajan en el Concejo Municipal de Valencia junto con el presidente de la cámara, José Alejandro Varela. Esta semana no fue posible contactarlo ni en su sitio de trabajo; no hubo manera de que explicara por qué apareció entre las fuerzas de choque del Gobierno.
De la misma forma, no fue posible preguntarle por qué hace tres meses también se mostró al frente de los grupos que hirieron a 11 simpatizantes de la oposición y dañaron 15 de sus vehículos en el sector La Isabelica de Valencia.
El rostro de Vásquez corresponde con el del mismo individuo que, en los archivos fotográficos de los periódicos, quedó retratado al frente de un grupo que saboteó la última caravana de la campaña electoral de Miguel Cocchiola en su carrera a la Alcaldía de Valencia.
Encabezada por líderes de la oposición como Henrique Capriles, las crónicas del 26 de noviembre relatan que la caravana que recibió a Cocchiola, a su llegada al país, fue atacada por motorizados armados con cabillas y otros objetos contundentes.
Esa escena se repitió el pasado 18 de febrero en la avenida Cedeño de Valencia, pero esta vez con armas de fuego que hirieron a ocho simpatizantes de la oposición, entre los que destaca el caso de la modelo Génesis Carmona, quien murió al día siguiente.
“Política dirigida”
Bien sea en moto o a pie, varios grupos identificados con el Gobierno han venido operando como brigadas de choque de las protestas de los últimos días. Para el coordinador de Primero Justicia del estado Carabobo, Ronald González, no cabe duda de que “son grupos violentos pagados y dirigidos”.
Hay testimonios, fotos y videos que los presentan armados e incluso junto a oficiales y vehículos de la Policía del Estado Carabobo. “Es una política dirigida”, concluye González, tras advertir sobre la participación de altos funcionarios públicos entre esas mismas fuerzas de choque.
Al secretario de Turismo de la Gobernación de Carabobo, Héctor Breña, por ejemplo, le tomaron fotos girando instrucciones a los motorizados que ese día se mantuvieron en la calle. Con chaqueta tricolor y rodeado de camaradas sobre dos ruedas, se le vio en las redes sociales señalando el camino a sus compañeros.
El funcionario advierte, sin embargo, que se trata de una foto sacada fuera de contexto. Si bien no niega que ese día dirigió una movilización de más de 100 motorizados a las instalaciones del Comando Regional Número 2 de la Guardia Nacional, advierte que nunca estuvo en los alrededores de la avenida Cedeño y menos al momento de los hechos violentos.
“La foto, de hecho, la colgamos nosotros mismos en la página del partido Podemos”, asegura. “El llamado y las instrucciones que nos dio el gobernador, Francisco Ameliach, fue calmarnos y no salir a la calle para evitar una tragedia, por eso salimos de mi oficina, en el norte de Valencia, hacia la autopista para concentrarnos en el Core 2 con el Gran Polo Patriótico”.
Sindicatos implicados
Mientras los opositores convocaron una marcha desde la avenida Cedeño, los motorizados del chavismo, las Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCH) y varios militantes del Gran Polo Patriótico salieron a la calle desde las instalaciones militares del Core 2, en una operación que en las notas de prensa, que la Gobernación de Carabobo envió ese mismo 18 de febrero, quedó registrado como una alianza cívico-militar.
“Cuente con este ejército revolucionario, porque en unión cívico-militar vamos a dar la pelea”, declaró en el boletín oficial el coordinador de movilización del PSUV, Miguel Flores, mano derecha de Ameliach.
Ese día cayó la primera de las víctimas del estado Carabobo, que en poco más de un mes ha puesto 8 de los más de 30 venezolanos muertos a causa de las protestas políticas de este año.
Bien sea a causa de las llamadas guarimbas o en enfrentamientos con militares y civiles, lo de Valencia y sus alrededores ha sido más violento que en otras regiones. En el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de hecho han identificado hasta a dirigentes de los sindicatos de la construcción en los sucesos violentos que el 12 de marzo dejaron dos muertos en el sector popular de La Isabelica.
Desde el año 2010 una comisión de la Asamblea Nacional investiga los asesinatos de sindicalistas de Carabobo, donde hay grupos que se pelean las plazas de trabajo, para hacerse de poder económico y político.
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