sábado, 23 de noviembre de 2013
Escrito por Pacífico Sánchez
Definitivamente, los planes y medidas que ha venido tomando el Gobierno nacional, en forma improvisada, han acabado con el sistema de justicia, afirmó la Dra. Nancy Rodríguez de Rodríguez, quien fuera presidenta de la comisión evaluadora de jueces del Poder Judicial.
Los jueces ya no están cumpliendo con las funciones propias, expuso la conocida profesional del Derecho, sino actividades administrativas, como por ejemplo, lo que ha sido denominado tribunales móviles, los cuales son absolutamente ilegales e inconstitucionales.
Los jueces no pueden abandonar los tribunales
Explicó que los jueces no pueden salir a la calle a hacer documentos, a redactar solicitudes y resolver ellos mismos esos procedimientos.
Eso es un despropósito, porque mientras el juez está en la calle atendiendo las comunidades, está cerrado el tribunal, con la consecuencia de que ya existe un evidente y público retraso procesal.
Al estar cerrado los tribunales, se atrasan mucho más las causas, agregó la Dra. Rodríguez. Entonces, se agrava la situación que ha venido siendo denunciada desde hace considerable tiempo.
Jueces obedientes
Por otra parte, el Tribunal Supremo de Justicia ha permitido que a través de un ministerio del Ejecutivo nacional, como es el que se ocupa del régimen penitenciario, haga un plan judicial.
Esta actuación, claramente, constituye una intromisión inaceptable del Poder Ejecutivo o de un ministerio en el sistema de justicia.
Eso ha expuesto a los jueces a que estos tienen que acatar la orden que da un funcionario del Ejecutivo nacional, lo cual afecta la autonomía e independencia del Poder Judicial.
Por esta vía, prácticamente, lo que tenemos es que el aparato de justicia se ha ido convirtiendo, poco a poco, en un ministerio más del Ejecutivo Nacional.
Esta situación afecta muchísimo al sistema democrático como un valor y también afecta los derechos de la comunidad.
Quiénes deben atender problemas de la comunidad
En este aspecto tenemos que referirnos nuevamente a los tribunales móviles, los cuales están atendiendo problemas de la gente sencilla; pero, esos problemas deben ser atendidos por la Defensoría del Pueblo, la Defensa Pública, la Fiscalía y Colegios de Abogados.
