Enrique Patriau.Lunes, 02 de septiembre de 2013
Santiago Cantón fue el primer relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También ha sido, por once años, secretario ejecutivo de la CIDH. En la siguiente entrevista, este abogado argentino, actualmente director del RFK Partners for Human Rights, analiza la actualidad de la libertad de expresión en América Latina. Advierte que si bien hay avances, se mantienen pasivos, entre ellos los asesinatos de periodistas, las arremetidas del poder político contra el ejercicio de la prensa y la concentración mediática que perjudica la pluralidad informativa.
¿Cómo ve la salud de la libertad de expresión en América Latina?
Yo creo que ese tema hay que verlo mejor desde un punto de vista histórico. Este año se cumplen 15 años de la creación de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En ese tiempo, ha habido avances muy importantes.
¿Cuáles?
Entre ellos, varios países han derogado lo que se conoce como las leyes de desacato, que penalizan las críticas a los funcionarios públicos. Otros han aprobado leyes de acceso a la información. Hay una conciencia más amplia en la región de la importancia de lalibertad de expresión. Eso ha sido un gran logro no solamente gracias a larelatoría, por cierto, si no porque estamos en una región con países democráticos.
Pero los pasivos son enormes.
Por cierto. El primero es el asesinato de periodistas. Cuando fui relator me tocó un año en el que América Latina batió el récord mundial de periodistas asesinados. No digo que el récord se mantenga pero el problema persiste. Pasa en México, hay casos en Brasil, en Centroamérica. Honduras es el peor.
A los gobiernos no les suele gustar la prensa crítica.
Y utilizan mecanismos sofisticados para tratar de capturarla. Ese es otro problema. Lo hemos visto en Venezuela, lo vemos claramente en Ecuador. A los gobiernos les molesta la prensa y buscan métodos para silenciarla. En el pasado ponían bombas,ahora se recurren a vías legales.
¿Cree que falta pluralidad en los medios latinoamericanos?
Ese es otro gran desafío, sobre todo en una región tan diversa como la nuestra. En Guatemala hay más de 30 idiomas pero el 99 por ciento de los medios son en español. Que todos los sectores sociales tengan la posibilidad de expresarse es muy importante, sobre todo para la salud de la democracia, pero ello no se ha logrado.
¿Por qué motivos?
La concentración de medios lo hace muy difícil. Que una empresa concentre el 60% o el 70% (de medios), complica que otros puedan acceder a ellos. El reto es lograr la pluralidad sin atacar el ejercicio de la libertad de la expresión.
Porque detrás de la excusa de romper monopolios, el objetivo real puede ser la persecución a medios críticos.
¿Dónde se traza la línea? ¿En qué punto se dice: esto es demasiado para un solo medio? El Estado no debe intervenir de manera tal que se afecte a la libertad de expresión, pero tampoco es aceptable que exista una sola voz. En cada país el acceso a los medios difiere. Y es difícil establecer una regla general que abarque a todos. Pero lo que sí es una regla general, o debería serlo al menos, es que haya pluralidad. Y que exista un medio que tenga predominio casi absoluto sobre otros, es perjudicial para la libertad de expresión. Estamos frente a una distorsión cuando la gente escucha a una sola fuente de información. Supongamos que hay dos personas. Una tiene un altavoz, un altoparlante y la otra tiene que hablar a boca de jarro. Entre las dos, la única voz que será escuchada será la del altoparlante, a la otra no la escuchará nadie. Y esto no es correcto porque todos deberían estar en igualdad de condiciones.
El poder económico en la concentración mediática es decisivo. ¿Imponer límites desde el Estado no afectaría el derecho a la libre empresa?
Es que es un problema cuando el único factor que hace que uno acceda o no a los medios es lo económico. Nuevamente, eso perjudica a la pluralidad. El Estado tiene la obligación de regular los criterios para distribuir licencias de radios y televisión abierta, sin embargo esaregulación no puede basarse simplemente en función de quién es el que paga más. Hay que tener en cuenta otros factores más democráticos y eso, en general, no ocurre en la región. En algunos países una sola persona es dueña de los cuatro o cinco canales de televisión más importantes, ¿y eso que implica? Que esa persona decide prácticamente quién va a ser el próximo presidente.
De acuerdo, aunque insisto, ¿la regulación no puede ser un arma de doble filo? Siempre habrá gobiernos que quieran aprovecharse en nombre de la pluralidad.
Los contextos nacionales son muy importantes y es necesario en este tema un debate nacional, una consulta popular. Porque, es cierto, a veces lo que está detrás de esas leyes es el ataque a los medios críticos a los gobiernos. El Estado tiene un rol clave en asegurar de que cualquier reglamentación sea democrática y que la distribución de medios sea realmente equitativa. Tienen que existir criterios. No sé: que ningún medio tenga más del 30%, o más del 40% (de concentración). Son ejemplos nada más. Claro, si un medio tiene el 70%, el 80%, ahí sí hay una distorsión evidente.
¿Usted cree que también debería intentar regularse la publicidad estatal?
Ese es otro enorme desafío. Muchos de nuestros diarios, sin la publicidad estatal, sencillamente dejarían de existir, y por eso es utilizada como arma, para asegurarse de que no haya cuestionamientos en contra de los gobiernos. Considero algo fundamental que haya pautas, realmente democráticas, para la distribución de la publicidad estatal.
Usted es argentino. En su país hay un debate intenso sobre la ley de medios, que enfrenta al gobierno de Cristina Kichner con el Grupo Clarín. El régimen plantea que la norma permite terminar con la concentración mediática. Clarín responde que es un peligro contra la libertad de información.
Efectivamente, se han realizado las audiencias públicas. Es un tema sobre el que no hay mucha jurisprudencia. Justo la Corte Interamericana va a estar decidiendo este año casos importantes, entre ellos el del canal RCTV de Venezuela (cerrado en el 2007). Lo que le puedo decir es que los contextos varían de país a país.
Usted ha sido secretario ejecutivo de la CIDH. Leí declaraciones suyas en las que afirmaba que algunos países mantienen una ofensiva contra la Comisión.
Hay movidas de países para debilitar el sistema interamericano de derechos humanos, en particular a la Comisión. Y desde antes. A mí me tocó, por ejemplo, cuestionar a Alberto Fujimori por el tema de la libertad de expresión en el Perú. Él me respondió que sí había libertad irrestricta de prensa, y puso como prueba la publicación de medios críticos a su gestión. Yo le respondí que la libertad de expresión no se mide por la cantidad de medios críticos. Se mide más bien por la cantidad de medios silenciados o perseguidos.
En particular, hay un interés manifiesto por debilitar a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
Toda la avanzada en contra de la relatoría surge de dos países, Ecuador y Venezuela, porque es ahí en donde más conflictos hay por temas vinculados al ejercicio de la prensa. Todo indica que la voluntad de esos Estados no es fortalecer a la relatoría. Por el contrario, buscarían debilitarla. Hasta el momento no se ha avanzado en este esfuerzo, aunque si le quitaran sus recursos perdería la vigencia que ha tenido en estos últimos quince años. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión se inaugura con fuerza en Perú, en 1998, en la época del fujimorismo. Es la primera vez en la historia que una relatoría visita a un país y cuestiona a un presidente.
¿Dice que este ánimo contrario a la relatoría ha podido detenerse?
Sí, pero en realidad estas cosas nunca terminan. A finales de los noventas fue Perú, ahora es Ecuador, mañana será otro. Hasta ahora el sistema ha logrado sobrevivir, y eso es lo más importante.
En general, la relación entre la Comisión Interamericana y los países de la región siempre ha sido algo tensa. Y es la Comisión el organismo más importante de la Organización de Estados Americanos (OEA).
No solamente es el más importante, es el único importante que tiene la OEA en este momento. Mencióname otra cosa que haga la OEA y le doy un premio.
¿Cómo aprecia la relación del Estado peruano con la Comisión Interamericana?
A partir de la caída de Fujimori todos los gobiernos han tenido un diálogo con el sistema interamericano de derechos humanos, el de Alejandro Toledo, el de Alan García. El gobierno actual, del presidente Ollanta Humala, es verdad, ha mostrado una posición más crítica y virulenta por ciertos casos que la Comisión ha presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Entre ellos, se encuentra el de Chavín de Huántar.
Habría que decir algunas cosas. Primero, que el gobierno peruano podría haber resuelto sus casos antes de tener que ir ante la Corte Interamericana. En segundo lugar, lo bueno de la Corte es que si el gobierno está convencido de que tiene razón puede defender su caso, demostrar su posición y ganar. Por ese motivo no entiendo la razón de tanto nerviosismo. Le diría que nuestra historia es trágica en materia de los derechos humanos, sin embargo la región latinoamericana ha logrado avances extraordinarios en los 20 años recientes. El ejemplo de Barrios Altos y La Cantuta ha dado la vuelta al mundo. Que un ex presidente detenido en un país vecino sea extraditado con base en la decisión del sistema interamericano, eso no existe en otro lugar del mundo. Algo así tiene que ser reconocido y apoyado.
