ENTREVISTA LILIANA ORTEGA, DIRECTORA DE COFAVIC
“Por la impunidad en el Caracazo hemos tenido muchos mini 27F”
“Cuando un Estado apela al pasado para justificar el presente acaba con la democracia, porque el presente debe ser mejor que el pasado”
Sin embargo, cuando restan horas para que se conmemore el 24 aniversario de sus hechos en los que un número no determinado de personas fueron asesinadas por la represión policial y militar lanzada por el Gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, con el propósito de parar en seco los saqueos y protestas provocadas por su plan de ajuste económico, poco pueden exhibir las autoridades en materia de justicia, pues todavía nadie ha sido condenado por los crímenes cometidos.
La denuncia la formuló Liliana Ortega, directora del Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic), quien lamentó que ni siquiera el caso por la muerte de Crisanto Mederos, el cual fue declarado “prescrito” por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en 2007 y el año pasado fue reabierto por esa misma instancia, se haya avanzado algo en estos doce meses.
“¿Qué hemos tenido en estos años? Un reconocimiento de los hechos, que es importante, pero todavía se desconoce cuántas personas fueron asesinadas y ningún desaparecido ha sido identificado”, se lamentó en entrevista con El Universal, en la cual aseguró que el país ha pagado, paga y seguirá pagando las consecuencias de que estos crímenes sigan impunes.
-Las autoridades prometen que el miércoles se instalará la Comisión de la Verdad, que investigará los abusos cometidos en el pasado, incluyendo el Caracazo. ¿Qué expectativa tienen? ¿Han sido llamados a participar?
-Cofavic no ha sido llamada formalmente para eso, pero me gustaría decir que uno de los mecanismos de impunidad que hemos tenido en estos años ha sido la criminalización de las víctimas. Desde el Estado se ha buscado culpabilizar a las víctimas de que no se hayan identificado a los fallecidos o porque las averiguaciones no avancen, pese a que fue gracias a esas mujeres que Venezuela supo lo que estaba ocurriendo estando el presidente Pérez en Miraflores. Es muy fácil hablar de estos hechos 24 años después, pero las voces que se levantaron lo hicieron en el momento de los hechos.
En Venezuela se ha venido instalando una práctica que representa un duro revés para los Derechos Humanos: Establecer víctimas buenas y malas. Se ha venido aplicando un doble rasero, como si hubiera casos que merecen ser investigados y otros que no. Las desapariciones forzadas de Vargas de 1999 no ocurrieron, mientras que las de los 60, 70 y 80 sí. Todas las víctimas merecen justicia.
-¿No crees que la Comisión sirva para algo?
-Ojalá esa Comisión satisfaga a las víctimas, pero que lo haga de manera despolitizada. Si son importantes las víctimas de los 60, 70 y 80 también deben serlo los casi 8 mil ajusticiados por la policía entre 2000 y 2008 que el Ministerio Público reconoce. La impunidad en casos como el Caracazo es una muy mala señal para los Derechos Humanos.
-Se ha dicho que el Caracazo impulsó la violencia que hoy se vive en el país. ¿Eso es cierto?
-Cuando estudiamos el Caracazo para llevarlo ante la Corte Interamericana nos percatamos de que los elementos estructurales que provocaron este hecho estaban ligados a la pérdida de credibilidad de los ciudadanos en sus instituciones, a la corrupción, al desmejoramiento de la calidad de vida y a unos elementos coyunturales como el desabastecimiento de alimentos y a las medidas económicas aplicadas por el Gobierno. Luego del año 89 la crisis política y económica en la que ha estado inmersa Venezuela, más la corrupción y la impunidad han ido creando pequeños caracazos en distintos estados del país.
El hecho de que tengamos 20 mil homicidios al año representan un Caracazo de una magnitud enorme, en especial porque menos de 3% de ellos fueron estudiados por los jueces. Ciertamente el Caracazo puede ser tomado como un punto de inflexión, pero lamentablemente para mí es un punto de partida y no de llegada para el auge de la violencia. Cuando un caso de Derechos Humanos queda impune no está afectando a las víctimas sino a la sociedad, porque el mensaje que se manda a los criminales es que estos hechos se pueden repetir sin ningún tipo de consecuencia.
-Muchas de esas causas se mantienen. ¿Podría repetirse otro Caracazo?
-Es difícil saberlo, pero sí se debe llamar la atención sobre el déficit institucional y la impunidad que dieron origen al Caracazo, porque ellas siguen presentes. En la Fuerza Armada hay conciencia sobre el daño que causó el Caracazo. Sin embargo, 24 años después todos los planes policiales y de orden público siguen estando en manos de militares y eso es muy grave. También hay que decir que a partir del año 89 el país se ha ido anestesiando frente a la violencia y hemos tenido a partir de ese año microcaracazos en los barrios y en distintos estados. En 89 los saqueos ocuparon las primeras páginas de los diarios y horas en la televisión, pero hoy saquean un camión accidentado en las autopistas y no se le da importancia, porque se ha ido naturalizando la violencia y eso es muy peligroso.
-¿A tu juicio cuál es la consecuencia más grave del 27F?
-Las ejecuciones extrajudiciales. En Cofavic hemos documentado, de enero a diciembre de 2012, 447 casos de presuntas ejecuciones en 19 estados. Es importante saber que en muchos de estos casos hay más de una víctima y en promedio hay cuatro funcionarios policiales involucrados. El propio Ministerio Público reconoció que entre 2000 y 2008 registró más de 8 mil casos y además que menos del 3% llegaron a manos de los jueces (…) Esta es una de las cifras más altas de América Latina, compitiendo con Honduras y Colombia.
-¿Esto no pasaba antes?
-Hubo casos como el de los pozos de la muerte en Maracaibo, pero era un asunto focalizado. Hoy tenemos estructuras paralelas en las policías, especialmente en el interior, que se han venido fortaleciendo por la impunidad, las cuales han estado involucradas en actividades delictivas a la par de sus funciones policiales. En Derechos Humanos es importante leer el pasado para no repertirlo, pero cuando un Estado apela al pasado para justificar el presente lo que está haciendo es acabar con la democracia, porque el presente siempre tiene que ser mejor que el pasado.
