Indígenas de Urimán detienen y desarman a militares en Bolívar
Demandan la visita de representantes del Ministerio para la Defensa
Levis González, capitán de la comunidad indígena San Miguel de Caroní, explicó que a raíz de las operaciones militares se suspendieron las autorizaciones de vuelo a 21 aeronaves privadas, que contribuían al abastecimiento de alimentos, medicinas, así como al traslado de pacientes e indígenas desde las comunidades remotas hasta Santa Elena de Uairén y Ciudad Bolívar.
“Esas aeronaves privadas siempre nos han abastecido de alimentos y medicinas y ahora estamos afectados y con escasez y desabastecimiento de alimentos”, dijo, al explicar que la Región Estratégica de Defensa Integral de Guayana (REDI Guayana) suspendió las autorizaciones de vuelo desde el 9 de enero de 2013 alegando que las aeronaves “eran ilegales” y al presumir que facilitan insumos para la minería ilegal. Dos empresas cuentan con permisos de vuelo.
Además de Urimán, la situación afecta a Wonken, Kamarata y Canaima, entre otras comunidades a las que sólo se ingresa por vía aérea.
La primera acción fue la toma del comando militar de Urimán, en donde están habilitados los 43 efectivos detenidos por los indígenas.
González aseguró que los soldados permanecerán detenidos hasta tanto no reciban la visita de representantes del Ministerio de la Defensa o del comandante de la Región de Defensa Integral Guayana, Clíver Alcalá.
El capitán indígena aseguró que no están en contra de que el cuerpo militar actúe en contra de la extracción ilegal de oro, pero admitió que ésta es la única actividad de sustento económico de las comunidades indígenas.
La acción no es nueva. A finales de octubre de 2011, 13 comunidades indígenas del Alto Paragua desarmaron a 22 efectivos de la Armada y el Ejército que -aseguran- permitían la minería ilegal en sus espacios.
Indígenas exigen renuncia de Clíver Alcalá Cordones
Militarización de tierras ancestrales, limitación de servicios aéreos, retención arbitraria de mercancías y trato grosero de oficiales hacia los indígenas son parte de las denuncias que se mencionan en un comunicado emitido por comunidades del estado Bolívar.
Las exigencias que hacen los firmantes son las siguientes:
“1.- Respeto a nuestros derechos reconocidos en la Constitución del 99, en los documentos internacionales suscritos y ratificados válidamente por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente en lo que respecta al reconocimiento formal de nuestras tierras ancestrales, obstaculizada por poderosos intereses económicos de un reducido grupo económico militar contrarrevolucionaria.
2.- Respeto a nuestros territorios ancestrales y a la autonomía y libre determinación de nuestro pueblo pemón dentro de la soberanía del Estado Venezolano.
3.- Nulidad del decreto que reserva al Estado las actividades de exploración y explotación del oro.
4.- Declarar al Gral. Clíber Alcalá como: a) Persona no grata y enemigo número uno del pueblo Pemón, especialmente de los miembros de las Comunidades aéreas. b) representante y defensor de los intereses de la extrema derecha militar racista reaccionaria burgués y enemigo del proceso revolucionario socialista liderado por el Presidente Hugo Chávez Frías.
5.- Exigir la destitución inmediata de este “ciudadano” que no merece semejante cargo ni merece formar parte del Ejército Libertador, ni formar parte de la unión cívico militar propugnado por el Presidente Hugo Chávez Frías.
6.- Defender nuestras tierras ancestrales y crear milicias indígenas para defender el proceso revolucionario liderado por el Presidente Hugo Chávez Frías y defender nuestros territorios de intereses particulares de la cúpula oligarquía militar.
7.- Tomar todas las acciones y medidas necesarias para lograr nuestro objetivo.
8.- Hacer público este pronunciamiento a todas las instancias del Gobierno Nacional, Regional y Local, de ser necesario a todos los organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos y de los Pueblos Indígenas.
En la Ciudad Fronteriza de Santa Elena de Uairén”.
Las razones para tales exigencias, señala el comunicado, son las siguientes:
“a) la reducción y limitación de los servicios aéreos hacia nuestras comunidades; b) retención de los transportes aéreos privados, quienes muchas veces han colaborado con nuestras comunidades en casos de emergencias; c) control exagerado, abusivo, parcializado y discriminativo de los militares bajo el orden del Gral. Clíver Alcalá Cordones, Comandante General de la Región de Defensa Integral Guayana (REDI-Guayana), lo cual muchas veces se traduce en la retención arbitraria e inconsiderada de nuestras mercancías de primera necesidad, bajo alegato de que todo es para la explotación minera, afectando la sobrevivencia física de los miembros de nuestras comunidades Pemón, violando nuestros derechos reconocidos en la Constitución Nacional y en los documentos internacionales válidamente suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela y, d) la limitación de los aeronaves ha creado una especulación abusiva de los precios de transporte por los pocos transportistas aéreos permitido por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”.
En el comunicado se cuestiona “la inminente, masiva e intensificada militarización de nuestras tierras comunitarias, para cumplir con las disposiciones del decreto de explotación del oro”. Se indica: “Dado que el Decreto referido “Ley de Nacionalización del Oro”, base legal de las acciones militares, es un decreto inconstitucional y anulable, en virtud de la (i) violación de la garantía de ley formal para la reserva al Estado de la actividad de exploración y explotación del oro y para el establecimiento de delitos y penas; (ii) violación del derecho de nuestras comunidades a ser informados y consultados acerca de las implicaciones del Decreto Ley sobre nuestro hábitat y los recursos naturales existentes en nuestros territorios y, en particular, sobre la forma de aprovechamiento de los recursos auríferos; (iii) violación de nuestros derechos como pueblos indígenas por la declaratoria de nuestras tierras ancestrales como zonas de seguridad, violando nuestros derechos a la propiedad sobre nuestras tierras y el derecho de continuar con nuestro sistema productivos tradicionales y con la organización social y política que hemos tenido hasta ahora de acuerdo a nuestras costumbres ancestrales, lo cual se verá ineludiblemente afectado por las potestades que ejercen la administración pública y las fuerzas armadas en las zonas declaradas de seguridad, sin que hasta ahora se haya cristalizado el mandato constitucional y el anhelo de nuestro pueblo, que es el reconocimiento legal de nuestras tierras y hábitat mediante la titularización; (iv) violación de nuestros derechos como pueblos indígenas al aprovechamiento de los recursos que se encuentran en nuestro territorio; y (v) violación de nuestro derecho a participar efectivamente en el diseño e implementación del nuevo modelo productivo y en los beneficios del aprovechamiento de los recursos naturales de nuestras tierras ancestrales”.
Las comunidades aseguran que fracasó el dialogo en las conversaciones con el Gral. Clíver Alcalá, “quien sin escuchar nuestros planteamientos, nos ha afirmado de una manera altanera, grosera, abusiva e incluso amenazante, en presencia del Ciudadano Alcalde del Municipio Autónomo Gran Sabana, Manuel de Jesús Valles, a quien el General referido tildó de contrarrevolucionario, por tratar de defender los intereses colectivos de las comunidades indígenas aéreas, que lo de él es acabar con la minería y las actividades que él considera como las conexas antes del 5 de julio fecha en la cual va al retiro”.
De acuerdo con el comunicado Alcalá “ha ordenado al Ejército bolivariano a explotar todos los equipos mineros bien sea de las comunidades indígenas y no indígenas y ha retenido los transportes aéreos sospechosos según él, de trasladar suministros mineros y narcotraficantes; ordenando hacer una requisición exhaustiva, sin que en nada les importe las necesidades de los miembros de las comunidades pemón y la reacción que pueda generar dicha orden y acción. Aseverando que ha dado la orden a sus soldados y oficiales de no usar armas contra los civiles (indígenas y no indígenas), que sin embargo dice que, como humano sus subalternos pueden reaccionar, de lo cual él no asume la responsabilidad, porque eso escapa de sus manos”.
El comunicado es firmado por Néstor Ramírez Sucre, capitán general del sector Uriman y Víctor Abati Calcaño, capitán general del sector Kamarata entre otros.
