El Sentinel

La abogada venezolana Patricia Andrade, quien opera desde el comedor de su modesta casa en la ciudad del Doral, se ha convertido en una piedra en el zapato para el gobierno de Hugo Chávez.
Esta mujer de 44 años documenta desde hace un lustro las presuntas violaciones de los derechos humanos de presos políticos en Venezuela.
De acuerdo a la lista de esta abogada asentada hace dos décadas en el sur de la Florida, las víctimas ya suman 23. Andrade alcanza la información actualizada y pormenorizada de los casos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington.
Debido a esto, la mortificación oficial venezolana ha sido tal que Andrade fue acusada por importantes funcionarios del régimen chavista de ser una agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
"¡Es absurdo!", critica Andrade mientras acaricia a su perra Puchi, en el comedor de su hogar.
De acuerdo a la versión ofrecida en una conferencia de prensa organizada en diciembre de 2005, en Venezuela, por el Canciller Nicolás Maduro, y la presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, Andrade complotó desde el extranjero para acusar al gobierno de Chávez como violador de los derechos humanos.
Para tal propósito se presentó un audio de un diálogo telefónico que Andrade sostuvo con un contacto en Caracas (Tamara Suju) para coordinar una conferencia de prensa en Miami y dar a conocer los casos de tortura.
"De eso pasaron a decir que era de la CIA", critica.
El Sentinel buscó la versión del consulado la Embajada de Venezuela en Miami-Dade, pero el intento fue infructuoso.

Crimen y torturas

Uno de los casos más trágicos que documenta Andrade es el de Juan Carlos Sánchez, muerto a fines de 2004.
Sánchez era uno de los acusados por el gobierno venezolano del asesinato de un fiscal.
"A él (Sánchez) lo torturaron cruelmente hasta matarlo", afirma la abogada.
La versión oficial fue que Sánchez se enfrentó a la policía en la ciudad de Barquisimeto, ubicada a un par de horas de Caracas.
Andrade entregó a el Sentinel una foto tomada a un video que, según la activista, registra la tortura contra Sánchez, el 11 de noviembre de 2004, en una locación aún no determinada.
Según la activista, la foto le fue alcanzada desde Venezuela a comienzos de 2006, como prueba de la existencia del registro fílmico de la tortura.
De acuerdo a Andrade las negociaciones para obtener el video se enfriaron. "Quizás porque quienes se acercaron a mí ya sabían que el gobierno intercepta las llamadas de quienes se sospecha mantienen contacto conmigo", comenta Andrade.
Otro caso es el del nadador Raúl José Díaz Peña, ex campeón de natación en Venezuela, detenido en febrero de 2004, acusado de participar en los atentados contra las embajadas de Colombia y España.
De acuerdo a Andrade, Díaz ha sufrido torturas en los sótanos de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), y su juicio aún no ha comenzado.
Andrade asegura que reportó este caso ante la CIDH incluso alertando sobre el riesgo que sufría la salud de Díaz al estar sometido a condiciones infrahumanas.