27 de mayo de 2007 a medianoche. Radio Caracas Televisión (RCTV), el más popular y uno de los medios de comunicación privados más antiguos de Venezuela, deja de emitir cincuenta y tres años después de su primera salida al aire. En la sede del canal, en Caracas, las lágrimas compiten con la rabia. Las intenciones de rezar suceden a los himnos de despedida, y a la última edición del informativo. Fuera, la capital venezolana vive al ritmo de las manifestaciones entre opositores (numerosos) y partidarios (más escasos) de lo que los primeros llaman un "cierre" y los segundos "un final de la concesión de frecuencia". RCTV ya no existe. Por orden del presidente Hugo Chávez, RCTV tiene que ceder su canal hertziano a la nueva Televisión Venezolana Social (Tves). El canal del león - el animal mascota de RCTV - está acusado de haber apoyado el golpe de Estado urdido cinco años antes contra el jefe del Estado, que le apartó brevemente del poder entre el 11 y el 13 de abril de 2002. Sin siquiera esperar a que se agotaran los recursos jurídicos de RCTV para continuar emitiendo, el mandatario del Palacio de Miraflores firmó, el 11 de mayo de 2007, el decreto por el que se creaba un nuevo canal público. Hasta el último momento, en la sede de RCTV empleados y dirección querían creer en una última oportunidad. Se ha perdido la partida y eso supone una amplia refundación del panorama audiovisual venezolano, en el que solo sobrevivirá (aunque ¿por cuánto tiempo?) un único canal privado crítico - Globovisión -, cuya implantación se limita a la capital y a cuatro ciudades de los alrededores.

Hugo Chávez, aficionado a hacer larguísimos discursos televisivos y radiofónicos - las "cadenas" - que deben ser transmitidos, de grado o por fuerza, por todos los soportes audiovisuales, incluso los privados, y titular del programa dominical "Aló Presidente" en el principal canal público, disponía ya de un impresionante equipo mediático, para hacerse oír. ¿Qué necesidad tenía de hacerse con la frecuencia concedida a RCTV para instalar en ella otro canal al alcance de su mano? ¿Por qué, en cinco años, la dirección de RCTV no recibió ninguna condena judicial por su "implicación" en el golpe de Estado, una condición que sin embargo, según la ley, se necesita para negar al canal el derecho a emitir durante los próximos veinte años? Finalmente, y sobre todo, ¿por qué el presidente Hugo Chávez se ha aferrado a una medida tan impopular, incluso entre sus propias filas? Si damos crédito a los sondeos de opinión, el 70% de los venezolanos desaprueban la desaparición de RCTV, y eso teniendo en cuenta que el 80% de la población se informa únicamente a través de la televisión.

Reporteros sin Fronteras acudió a Venezuela en misión del 24 al 28 de mayo de 2007. La organización se entrevistó con periodistas nacionales y extranjeros, patrones de prensa, especialistas en medios de comunicación, defensores de los derechos humanos y analistas políticos. Asistió, en directo, al último día de RCTV, en la propia sede del canal. Las peticiones de audiencias con miembros del gobierno y representantes de medios de comunicación públicos, o progubernamentales, quedaron sin respuesta. Tan elocuente como las manifestaciones de las personas entrevistadas, ese silencio viene a confirmar que el asunto de RCTV no se limita a una simple medida administrativa. Acto político, el cierre del canal del león inaugura una auténtica hegemonía del poder sobre el espacio audiovisual, y un grave peligro para el pluralismo editorial. Resulta también muy revelador de ese peculiar régimen político al que se conoce como "chavismo": ¿una hegemonía mediática?

Las felicitaciones del Presidente

Imagínense con un mando de televisión en la mano haciendo zapping entre cinco o seis canales de televisión, y que en todos ellos apareciera invariablemente la misma imagen del jefe del Estado hablando. En Venezuela, esa insólita situación forma prácticamente parte de la cotidianidad y los discursos del Presidente no duran menos de tres horas, y pueden llegar hasta siete cuando está inspirado. Lejos de contentarse con cortar la cinta de una inauguración, felicitar a los ciudadanos o cantar loas al receptor de alguna medalla, Hugo Chávez diserta. Cuando quiere y durante el tiempo que quiere, habla desordenadamente de geopolítica contemporánea, de la obra de Bolívar, de la suya propia pasada y futura, de la revolución de 1917 y de las cosas que le enseñó su abuela. ¿Un solo canal sería suficiente para un verbo tan prolijo? ¡Claro que no! El presidente Hugo Chávez prefiere los totales a los resúmenes, y los impone en todos los canales y emisoras, incluidos los privados, tal y como le autoriza a hacerlo el artículo 10 de la Ley de responsabilidad social de las radios y televisiones (bautizada por el gobierno como ley Resorte) de noviembre de 2004. Ese sistema de las "cadenas" es una de las palancas de un poder que gobierna, en gran parte, por y para la comunicación. Desde 1999 hasta hoy, Hugo Chávez ha acumulado 1.542 "cadenas" que totalizan 922 horas de emisión, a las que durante el mismo período hay que añadir las 1.000 horas de su programa personal "Aló Presidente", emitido los domingos en el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). Pero, el 28 de diciembre de 2006, hubo una "cadena" que sorprendió especialmente a la opinión pública.

Tres semanas después de que fuera ampliamente reelegido para la presidencia, Hugo Chávez felicitaba a las fuerzas armadas en el recinto de la Academia Militar de Caracas. La conclusión fue, por lo menos, inesperada: "Ya no habrá más concesión para ese canal cómplice del golpe de Estado, que se llama Radio Caracas Televisión".. En principio, la incredulidad hizo eco a la amenaza. En 1998, seis años antes de ser elegido democráticamente, el Teniente-coronel Hugo Chávez había intentado un golpe de Estado, del que por cierto el pasado 4 de febrero celebró el decimoquinto aniversario, con un desfile militar. Por tanto, no parecía que fuera el más indicado para acusar a sus detractores de "golpismo".

El canal, orgulloso de su 42% de audiencia televisiva, muy por delante de la competencia pública y privada, y enseguida sus telespectadores, comprendieron muy pronto que el jefe del Estado no bromeaba. El 2 de enero de 2007, su Ministro de Comunicación e Información (MINCI), William Lara, recuerda que la licencia de emisión de RCTV, renovada por veinte años mediante un decreto de 1987, expira el 27 de mayo de 2007. También hace saber que se están estudiando tres opciones para reemplazar a RCTV en las ondas del canal 2 de la red hertziana. Las razones administrativas que permiten justificar el no renovar la licencia se mezclan con acusaciones de orden moral y político: RCTV emitiría pornografía y, por encima de todo, habría jugado un papel de motor en el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, y en las huelgas petroleras de los años 2003-2004. Pero, demos marcha atrás.

RCTV, presidida por Marcel Granier, con una línea editorial inclinada a la derecha, no es la primera vez que tiene problemas con un gobierno. En 1976, 1980 y 1981, mucho antes de la llegada al poder de Hugo Chávez, la emisora del canal 2 estuvo suspendida durante veinticuatro y setenta y dos horas por haber hecho información "sensacionalista"; y la última vez por emitir una publicidad considerada "con gancho y erótica". "En 1987, bajo la presidencia del socialdemócrata Jaime Lusinchi, un decreto gubernamental estableció en veinte años el plazo de concesión de las licencias audiovisuales, que anteriormente era ilimitado. Prioritariamente, la medida iba dirigida a RCTV, que entonces denunciaba "el Estado omnipotente", recuerda Carlos Ayala, jurista y ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 1989, los canales privados, y el público Venezolana de Televisión, sufrieron colectivamente otra suspensión de veinticuatro horas, por emitir un spot publicitario a favor del tabaco.

Cuando Hugo Chávez llegó al poder, aplaudido durante un tiempo por una parte de la prensa privada, RCTV mantuvo su línea y ha continuado denunciando la inseguridad persistente, casos de corrupción o el coste de algunas de las medidas gubernamentales, refiriéndose siempre a Hugo Chávez como "Teniente coronel", en lugar de "Presidente". El 11 de abril de 2002 fue una oportunidad para cargar contra el gobierno chavista, cosa que también hicieron otros medios de comunicación privados afines a la oposición. "El 11 de abril de 2002 significaba en primer lugar una manifestación contra la política del gobierno. Los medios de comunicación privados, y sobre todo los grandes canales, le dieron envergadura de golpe de Estado", explica Antonio Pasquali, antiguo profesor de la Universidad Central de Venezuela y especialista en comunicación. "La mayoría de los manifestantes, al contrario que los patrones de la prensa, no conocían a Pedro Carmona, el presidente de la Cámara de Comercio de Venezuela que durante un corto de espacio de tiempo reemplazó a Hugo Chávez". Los enfrentamientos del 11 de abril causaron diecisiete muertos. Cortando las pantallas por la mitad Venevisión, el canal del magnate Gustavo Cisneros, Televén, RCTV y Globovisión, retransmitieron simultáneamente el discurso de Hugo Chávez antes de abandonar el Palacio de Miraflores y el fuego cruzado en la manifestación. "La confusión era total. No se sabía quien disparaba a quien, pero esas imágenes daban la idea de que el gobierno había ordenado abrir fuego sobre la multitud", dice un periodista independiente. Alberto Federico Ravell, director de Globovisión, abunda: "La única fuente fiable en aquel momento habría sido el Ministerio de Defensa, pero no teníamos acceso a él. Al final de la jornada del 11 de abril nadie sabía si Hugo Chávez se había marchado, o no, del país". El patrón del canal se defiende de haber incitado al golpe de Estado: "Debo admitir que no me disgustaba que Hugo Chávez se marchara, pero de ahí a decir que yo organicé el golpe hay un abismo".

Carlos Correa, director ejecutivo de la asociación Espacio Público, precisa: "Hay que decir que la noche del 11 de abril Pedro Carmona, el efímero presidente interino, estuvo como invitado en el plató de Venevisión hasta las dos de la mañana. Si hay que acusar a RCTV de "golpismo", entonces esa misma acusación vale para todos los demás canales privados". El 13 de abril, Pedro Carmona anunció que iba a disolver el Parlamento y revocar los mandatos de gobernadores y alcaldes. El golpe de Estado parecía haberse consumado, pero la población se enfadó y los militares destituyeron a Pedro Carmona. Entonces Hugo Chávez regresó al poder. Los canales privados, excepto el canal de información continua Globovisión, ocultaron el acontecimiento emitiendo programas de ocio y telenovelas. Un silencio que el Presidente no olvidará.

"Si Hugo Chávez fuera realmente bolivariano, después del golpe de Estado habría cerrado todos los canales privados. O por lo menos habría emprendido acciones penales contra la dirección de todos los canales", grita Antonio Pasquali, para quien Gustavo Cisneros, patrón de Venevisión (cuya mascota es un tigre) fue "uno de los cerebros de los acontecimientos de 2002". Y de hecho, durante cinco años ninguno de los canales incriminados por su participación, o su apoyo, al golpe de Estado de 2002 ha sido objeto del menor procedimiento judicial, citaciones para comparecer o procesos verbales. La controversia judicial en torno a la no renovación de la licencia de RCTV parte de esa constatación. "Admitamos que RCTV sea culpable del golpe; para empezar, se plantea un problema de derecho", explica el jurista Carlos Ayala. "En efecto, el decreto de 1987, invocado por el actual gobierno, establecía que un medio de comunicación en posesión de una concesión podía pedir que se le renovara, siempre que no fuera culpable de ninguna "falta grave". Sin ninguna sentencia judicial, RCTV tenía todo el derecho a pedir, y normalmente a obtener, un nuevo derecho de emisión. Por otra parte, la Ley orgánica de las telecomunicaciones de 2000 establece que, a partir del momento en que fue aprobada, el gobierno disponía de un plazo de uno a dos años para actualizar los registros de frecuencias, y renovarlas para una duración de veinte años suplementarios".

Apoyándose en las leyes en vigor, RCTV contesta la fecha límite de su licencia - no es mayo de 2007, sino junio de 2022 - y presenta una veintena de recursos en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), y después en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la más alta jurisdicción del país, que normalmente dispone de cuatro días para pronunciarse pero que, en este caso, tardará cinco meses en declarar "inadmisibles" los recursos de RCTV. En cambio, le bastaron veinticuatro horas para ordenar, el 25 de mayo, la cesión gratuita de los equipos de RCTV (entre ellos, 58 emisores distribuidos por todo el territorio) al nuevo canal Tves, con el riesgo de comprometer la presencia del canal del león en el cable. "Jurídicamente, tanto RCTV como el gobierno tenían razón", subraya Silvia Alegrett, directora de un periódico local y codirigente del colectivo de periodistas Expresión Libre, creado un mes después del golpe de Estado. "Efectivamente, la licencia finalizaba el 27 de mayo de 2007 pero RCTV podía, según los términos de la ley, solicitar su renovación. Venevisión, cuya licencia finalizaba en la misma fecha, consiguió (el 23 de mayo, día en que la Cámara Constitucional del TSJ declaró también nulo el recurso de RCTV - ndlr) poder seguir emitiendo durante cinco años". ¿Cómo se explica este doble rasero ?

"Simplemente porque Venevisión negoció su supervivencia tras el golpe de Estado. El jefe del Estado le ordenó, con éxito, que retirara de su parrilla los programas políticos y se alineara con la información gubernamental. Televén, otro canal privado nacional, hizo lo mismo", explica Hugo Díaz Milano, de Expresión Libre. Antonio Pasquali confirma: "Gustavo Cisneros es un hombre poderoso y amigo personal de George Bush padre. Eso no le impidió negociar con Hugo Chávez. A cambio de su alineación mediática, ha podido continuar con sus negocios". Carlos Ayala continúa con la argumentación: "Este procedimiento es una violación del artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Imponer a un medio de comunicación un cambio de línea editorial es un atentado a la libertad de expresión". Pero los negocios son los negocios. Según varias fuentes, el gobierno y los dos canales, Venevisión y Televén, enterraron el hacha de guerra poco antes del referéndum revocatorio de 2004, en el que Hugo Chávez puso su mandato en juego y lo recuperó con el 70% de votos favorables.

Tulio Hernández, sociólogo y cronista del diario El Nacional, que en tiempo fue cercano al poder, no se deja engañar por los pretextos argumentados para reducir al silencio a RCTV. "Se trata de una decisión unilateral, sin la menor consulta y sin ninguna reflexión de fondo sobre la televisión del servicio público", dice. "Es cierto que RCTV concentraba la mayor parte del mercado publicitario, en un país en que es considerable el gasto en anuncios en los medios de comunicación. Se puede creer, como yo, que es contestable el concepto que tiene Marcel Granier de la información. Pero el cierre de RCTV es un remedio peor que la enfermedad. El golpe se ha convertido en una coartada, y la acusación de "pornografía" no se aguanta". Este intelectual aduce como prueba el programa-estrella del canal público Venezolana de Televisión "La Hojilla". "El principio es muy simple: se trata de demoler todo lo que hace la competencia. El programa es una colección de insultos, calumnias, comentarios escabrosos y declaraciones groseras". Verificado en la pantalla, "La Hojilla" encaja poco con las exigencias del "servicio público". ¿RCTV ha emitido un dibujo animado en el que un joven blanco maltrata a un joven negro? Según "la Hojilla" es la prueba de que RCTV "incita a la juventud al racismo". ¿El canal del león ha programado la película "Full Metal Jacket" de Stanley Kubrick? Entonces es culpable de "exaltación del ejército norteamericano y de las atrocidades cometidas por el Imperio". Conclusión: "Este es el transculturalismo que RCTV ha "vomitado" (sic) en antena durante 53 años".

Seis días antes de que la Cámara Constitucional del TSJ diera el visto bueno al cierre de RCTV, la Cámara Político-Administrativa de la misma jurisdicción se había pronunciado, en el mismo sentido. El 18 de mayo Marcel Granier adivinó que estaba echada la suerte de RCTV y sus 3.000 empleados, a pesar de otros recursos resueltos favorablemente en la Comisión, y después en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hugo Chávez no hace caso del derecho internacional y ya hizo saber que, si era necesario, se retiraría de la Organización de Estados Americanos (OEA). El día del cierre, el TSJ dio el golpe de gracia. "La jurisprudencia de la OEA prima sobre el derecho nacional y Venezuela, en tanto que Estado miembro, está obligada a someterse a él. Nosotros hemos ganado en un centenar de casos de agresiones a nuestros periodistas. El gobierno ha ignorado las recomendaciones de la Comisión y del Tribunal. La CIDH había ordenado también medidas de protección para los trabajadores y el material de RCTV. En esto, tampoco nada. En el momento en que cerramos, el Tribunal Supremo destituye a la magistrada que tenía que hacer aplicar las decisiones internacionales", explicó el día fatídico, en su oficina, Marcel Granier a Reporteros sin Fronteras. El caso estaba acabado. El paisaje audiovisual venezolano ya solo cuenta con un medio televisivo crítico - Globovisión - pero ¿por cuánto tiempo?

"El canal, creado hace doce años, tiene 400 asalariados. Según el gobierno, nuestra licencia expira en 2015", indicó Alberto Federico Ravell, director de Globovisión, a Reporteros sin Fronteras. "Sin embargo, tenemos pendientes medio centenar de procedimientos penales o administrativos, que van del "desacato" a los "impagados fiscales". La reciente nacionalización del principal operador de telefonía e Internet, CANTV, nos ha hecho perder, como al conjunto de la prensa privada de oposición, un anunciante de peso". Lo mismo que RCTV, Globovisión ha recurrido ante las jurisdicciones de la OEA los 70 casos de violencia contra sus periodistas, ocurridos desde 2001. "Nunca se ha efectuado ninguna investigación ni se ha condenado a nadie, a pesar de que se trataba de individuos identificados. De todas maneras, cuando en una "cadena" el Presidente tiene un discurso agresivo contra nosotros, nos sentimos agredidos". La antevíspera del cierre de RCTV, un grupo de militantes progubernamentales causaron daños en la sede de Globovisión. Todos los canales transmitieron las imágenes, y los autores del saqueo ni siquiera se escondían. Desde el pasado 29 de mayo, es decir dos días después del cierre de RCTV, sobre Globovisión pesa la acusación - también este caso sin trazas jurídicas - de Hugo Chávez de "llamamiento al asesinato" contra su persona. Alberto Federico Ravell y el presentador del programa de debate "Aló Ciudadano", Leopoldo Castillo, podrían ser ahora condenados. Antes de este nuevo incidente, el director del canal manifestaba: "El poder dispone de medios para silenciarnos. También podemos servirle de coartada para decir que la prensa de oposición sigue existiendo y que, por tanto, en Venezuela hay libertad de prensa". Un temor que comparten los patrones de lo principales diarios de la misma tendencia, El Nacional (que tira 100.000 ejemplares), El Universal (130.000 ejemplares) y Tal Cual (25.000 ejemplares).

"El cierre de RCTV nos hace temer que tenga un efecto "cascada" contra los medios de comunicación críticos e independientes, incluso aunque la prensa escrita tiene menos influencia que la audiovisual", subraya Elides Rojas, redactor jefe de El Universal. "A la menor crítica nos convertimos en enemigos. En junio de 2005, por ejemplo, un editorial sobre el funcionamiento de la magistratura nos valió una denuncia por "desacato corporativo cuestionando el honor de una institución pública", según el nuevo código penal promulgado dos meses antes. Finalmente, el TSJ sobreseyó el caso en agosto siguiente, pero el hecho de que el ejecutivo recurra permanentemente a la amenaza nos obliga a la autocensura". Miguel Henrique Otero, presidente e hijo del fundador de El Nacional, dice que "las cadenas" y el programa "La Hojilla" permiten señalar a tal, o cual periodista, para la venganza. Es un excelente medio de presión, aunque yo no creo que la prensa escrita esté totalmente debilitada, porque no va dirigido contra ella en primer lugar".

¿Qué pretendía exactamente Hugo Chávez obligando a RCTV a un cierre desaprobado por la opinión pública y la comunidad internacional? ¿Cómo es posible que un Presidente, tan preocupado por su imagen de nuevo líder del tercer mundo, haya podido provocar una resolución del Parlamento Europeo, el 24 de mayo, el reproche de casi todas las organizaciones de defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión, la desaprobación de varios gobiernos o Parlamentos latinoamericanos, de Brasil a México pasando por Chile, e incluso de su homólogo y aliado boliviano Evo Morales, "decidido a no hacer lo mismo"?

Ex guerrillero en los años 60, Teodoro Petkoff es director del diario Tal Cual. Agrupando a una oposición amordazada y sin representación parlamentaria y director, en la campaña presidencial de 2006, de la campaña del competidor de Hugo Chávez - Manuel Rosales, gobernador socialdemócrata del Estado petrolero Zulia (Oeste) - es una de las poquísimas personalidades a las que Hugo Chávez no se atreve a atacar en público. Para él, el cierre de RCTV no puede entenderse fuera del contexto político y mediático general. "El caso de RCTV es algo más sofisticado que un simple acto de censura. Esto no es Cuba, ni la Unión Soviética de otros tiempos. No es una dictadura, sino un dominio personal, y casi total, del espacio público".

Teodoro Petkoff, al que en este punto se une el sociólogo Tulio Hernández, recuerda los proyectos del Presidente. "Para 2008, Hugo Chávez quiere una reforma constitucional que le permita ser reelegido indefinidamente. Esa reforma incluiría una refundación institucional, que cuestionaría la estructura federal del Estado y el estatuto de los gobernadores (dos, de 24, son de la oposición - ndlr), que son una fuente de contrapoder. También se está discutiendo una ley llamada de habilitación, estableciendo la dirección del país por decreto, lo que en la práctica ya se ha conseguido. Igualmente están decidiendo la nacionalización del deporte, con la fusión del Comité Olímpico Venezolano y el Ministerio de Deportes. Y el papel del Ministerio de Cultura se revisaría para dedicarlo a la educación de masas". También figuran en el programa: la creación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que de momento rechazan las formaciones Podemos (centro izquierda), Patria para todos (izquierda) y el Partido Comunista; una reducción de la autonomía de las universidades y, siempre según Teodoro Petkoff, "una subordinación total de la institución militar al gobierno, ya que el jefe del Estado no es solamente jefe constitucional de los ejércitos sino también comandante en jefe militar".

Según el parecer de diferentes periodistas e intelectuales, esos grandes proyectos están muy lejos de conseguir la unanimidad, incluso entre los aliados del poder. "La reelección indefinida no es popular. Tampoco la ley de habilitación. El pueblo ha convocado cerca de 200 referendums revocatorios contra gobernadores o alcaldes, algunos de ellos chavistas. Y sobre todo, los sindicatos y las ONG’s reaccionan mal a los intentos de controlar del Estado. Pero ¿dónde está la oposición política?", se pregunta Teodoro Petkoff.

Gregorio Salazar, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa (SNTP), que federa a 20.000 periodistas (16.000 de los cuales están afiliados al Colegio Nacional de Periodistas), confirma: "El proyecto presidencial de Hugo Chávez no puede acomodarse a la presencia de intermediarios sociales como los medios de comunicación, organizaciones profesionales o humanitarias, e incluso sindicatos que puedan criticarle. El cierre de RCTV es una forma de silenciar cualquier observación referida, por ejemplo, a la inseguridad o la escasez de algunos productos básicos. El golpe de Estado de 2002 se ha convertido en un argumento para justificar este hacerse con el control de los medios de expresión y las estructuras públicas. Por un momento, el poder intentó conseguir un amplio apoyo de los medios periodísticos. Pero se ha enemistado con ellos al anunciar el cierre de RCTV; incluso con aquellos a quienes no gustaba el canal. Ahora, todo el mundo está en un callejón sin salida".

En la Asociación de la Prensa Extranjera (APEX), que agrupa a más de 90 corresponsales de medio centenar de medios de comunicación, también tienen una visión alarmista, insistiendo en el clima de desconfianza –constatado igualmente en algunos medios diplomáticos- existente entre la prensa y el gobierno. "Un decreto de enero vino a confirmar una situación instalada desde 2002. Ahora la información está totalmente centralizada en el Ministerio de Comunicación e Información (MINCI)", explica uno de los representantes extranjeros de la APEX. "Los servicios de prensa de los diferentes ministerios ya no sirven para nada. Los funcionarios no pueden, y no se atreven ya, a hacer confidencias, salvo a la prensa oficial que plantea preguntas complacientes". No dice otra cosa la corresponsal venezolana de un periódico extranjero: "Como los veintiocho ministros están totalmente entregados al Presidente, tenemos que contentarnos con fuentes anónimas, entre los cargos oficiales. Algunos funcionarios me han hablado de su desacuerdo con el asunto de RCTV, pero suplicándome que no les citara, para no parecer "golpistas".

En cuanto a la prensa regional, detestada por sus anunciantes, debe arreglarse con la competencia de los nuevos periódicos locales, financiados directamente por el Estado.

El Foro por la Vida, una coalición de veinte ONG’s fundada en 1997, tiene motivos para preocuparse. Un proyecto de ley de cooperación internacional, aprobado en primera lectura en junio de 2006, pretende limitar "la influencia extranjera" en los medios asociativos, mediante su financiación. "En Colombia y Perú se intentaron experiencias semejantes", recuerda Humberto Prado, coordinador del Observatorio Venezolano de las Prisiones. "Esta vez se trata también de limitar al máximo el margen de maniobra y la independencia de las ONG’s, y en particular de las que intervienen en terrenos sensibles como el medio carcelario, lo abusos de poder del ejército y la policía, y los derechos humanos en general. Mi observatorio, por ejemplo, ya solo puede entrar como "visitante" en las penitenciarías, donde la violencia es endémica. Venezuela tiene 18.500 detenidos, 133 murieron en sus celdas en el primer trimestre de 2007, y de ellos 18 en el mismo día y el mismo establecimiento. Esta realidad no empieza con Chávez, pero le molesta porque no se ha arreglado nada durante su mandato".

Mientras llega la aprobación de la ley, el poder tiene con qué presionar a los molestos y charlatanes, periodistas o militante asociativos. "El referéndum revocatorio de 2004, que ganó Hugo Chávez, lo pidió la oposición. En aquella época, el diputado Luis Tascón hizo una lista con todos los firmantes de la petición, en la que se exigía el referéndum; es decir 12 millones de nombres con su respectiva tendencia política, el número de su carné de identidad, etc. El asunto fue un escándalo porque es una práctica anticonstitucional", prosigue Humberto Prado. "En principio el gobierno lo negó y finalmente Hugo Chávez ordenó a su administración que no volviera a utilizar ese documento". El caso de RCTV resucita este tipo de procedimientos, bajo la férula de Eva Golinger, una abogada americano-venezolana que vive en Nueva York. Autora del libro "El Código Chávez" sobre la implicación de la CIA en el golpe de Estado de 2002 y los beneficiarios de fondos norteamericanos en Venezuela, el pasado 25 de mayo la jurista hizo una lista negra de periodistas venezolanos que han viajado a Estados Unidos. En ella, y entre otros, figura el corresponsal de Reporteros sin Fronteras.

Resumamos. Control total del Estado, del gobierno, de las fuerzas armadas. Ningún adversario en el Parlamento, aunque la oposición boicoteó las elecciones legislativas de 2005. Un partido dominante, casi único. Veintidós gobernadores de Estados (de veinticuatro) totalmente entregados. Y pronto, una sociedad civil prácticamente encerrada en una campana de vidrio.

Procediendo al cierre de RCTV y, sobre todo, al embargo de su material en beneficio de Tves, Hugo Chávez ha llevado a cabo su propósito de sofocar el último bastión que le plantaba cara: los medios de comunicación. El jefe del Estado, que tiene al alcance de su mano al principal diario nacional, Ultimas Noticias (200.000 ejemplares), una veintena de radios –sin contar una buena parte de los difusores comunitarios-, los canales públicos Venezolana de Televisión (y sus programas "La Hojilla" y "Aló Presidente"), Telesur, Vive TV, Asamblea Nacional y ahora Tves, los canales privados Televén y Venevisión y el operador CANTV, ni siquiera necesita una ley para imponer sus "cadenas", denunciadas por coros de claxon y conciertos de cacerolas. "En la radio estamos obligados a soportar el ruido de los tanques cuando Chávez obliga a retransmitir los desfiles militares", rechina un periodista. Pronto se crearán otros dos canales públicos: el Canal de Noticias por cable y el Canal I hertziano. ¿Hasta donde llegará su bulimia?.

"Es a imagen del hombre", estima el sociólogo Tulio Hernández. "Pone muy de manifiesto el enorme complejo de un hombre que no tiene bastante con el país. Venezuela es demasiado pequeña para él. Hugo Chávez asocia el culto militar al culto casi religioso de Simón Bolívar. Su régimen reposa en el trío ejército/caudillo/pueblo, con pretensiones de representante del tercer mundo". Entre los artesanos extranjeros de su futura gran reforma constitucional se encuentran personalidades tan diversas como el intelectual español Juan Carlos Monedero, Ignacio Ramonet, el patrón de Le Monde diplomatique y también el argentino Norberto Ceresole, ex eminencia gris de los "carapintadas", aquellos militares golpistas de extrema derecha cuando la presidencia de Raúl Alfonsín. Entonces, ¿el chavismo es una dictadura? "No, más bien un cóctel autoritario de discurso justiciero y vengador, antiamericanismo, referencia calculada a Cuba, militarismo y religión primitiva, a través del sueño de un hombre nuevo. Pero todo ello con testimonios democráticos", según el sociólogo.

Un testimonio democrático ha caído quizá con el cierre de RCTV. Son muchos los manifestantes callejeros, de todas las tendencias políticas, que han hablado de "primer paso hacia una dictadura". Evidente la realidad es mucho más matizada, pero los hechos están ahí. Ciertamente, creyendo poner fin a una "guerra mediática" que ha durado cinco años, Hugo Chávez no ha conseguido pacificar una de las sociedades más polarizadas que existen.

Considerando

que la "participación de Radio Caracas Televisión (RCTV) en el golpe de Estado del 11 de abril de 2002" no se ha establecido jurídicamente, condición imperativa para justificar la no renovación de la licencia del canal,

que el decreto del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 25 de mayo de 2007, ordenando el embargo de los equipos de RCTV en beneficio del nuevo canal Televiora Venezolana Social (Tves), entra en contradicción manifiesta con la Ley orgánica de telecomunicaciones del 12 de junio de 2000, que reconoce a los medios de comunicación la propiedad de su material,

que ese embargo no solo priva a RCTV de su salida por las ondas hertzianas sino que además podría comprometer su emisión por cable,

que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, Estado miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha violado la Convención Interamericana de Derechos Humanos que debe respetar, al no aplicar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericano de Derechos Humanos, respecto a la protección del personal y el material de RCTV,

que el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela ha decidido unilateralmente el cierre de RCTV,

Reporteros sin Fronteras va a presentar el caso de RCTV ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), cuya próxima sesión tendrá lugar en Ginebra del 11 al 18 de junio de 2007, el Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión y el Consejo de Europa. La organización se dirigirá igualmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Relator Especial para la libertad de expresión e información de la mencionada Comisión. La aceptación del recurso por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos obliga al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a cooperar con la mencionada institución, y a acudir a las audiencias cuando se le convoque.

Investigación: Andrés Cañizalez, Robert Ménard y Benoît Hervieu

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