Líderes y
organizaciones políticas del sur de la Florida lanzaron ayer un llamado
de alerta sobre la delicada situación de salud que padece el preso
político
Raúl Díaz Peña, detenido en
Venezuela desde el
2004 sin ser sometido a juicio.
La organización no gubernamental Venezuela Awareness Foundation
(VAF) reiteró ayer las denuncias de irregularidades cometidas contra
Díaz Peña, un ex campeón nacional de natación de de 34 años, que fue
detenido en febrero del 2004 por su presunta participación en los
atentados dinamiteros contra las
embajadas de Colombia y España en Caracas el año anterior,
sin que sus acusadores hayan presentado prueba alguna en un
tribunal.
''Desde entonces fue recluido en los calabozos de la policía
política venezolana Disip'', dijo Patricia Andrade, que preside
VAF. Las condiciones de reclusión, aclaró Andrade, ``han sido
sumamente duras por lo que la salud de Raúl comenzó a
deteriorarse''.
El caso fue planteado ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), que decidió otorgar medidas
cautelares en octubre de el 2005, para exigir al gobierno
venezolano que suministre atención médica para salvaguardar
la integridad del detenido.
La denuncia fue respaldada ayer por la congresista
Ileana
Ros-Lehtinen, miembro del Comité de Asuntos
Exteriores del congreso norteamericano.
''Casi cinco años después de su encarcelamiento,
Díaz Peña languidece en la cárcel y su estado de
salud se empeora más cada día. Es verdaderamente
atroz que el gobierno de
Hugo Chávez ignore las peticiones de la
Comisión y de la Organización de Estados
Americanos y permita que unos de sus
ciudadanos sufra bajo estas infrahumanas condiciones'',
indicó Ros Lehtinen en un comunicado.
Andrade dijo que la prolongación ilegal del
juicio y las condiciones de la prisión han
causado daños permanentes en la salud de Díaz.
''Ya perdió la audición en un oído y está en
proceso de perder la audición en el otro, y
corre el riesgo de sufrir enfermedades
graves como la encefalitis y la meningitis
si no es sometido a una intervención
quirúrgica'', aseguró Andrade.
La dirigente de VAF dijo que el gobierno
``alarga esta situación con excusas e
impide que le den las facilidades a Raúl
como medidas sustitutivas de libertad
para que pueda ser operado de urgencia.
Sinceramente, Venezuela no tiene
ningún interés en remediar esta
situación y no ha respetado las
medidas cautelares de la CIDH-OEA''.
